Ha llegado la hora “de sincerar” la política exterior en materia de las relaciones vecinales, aunque no haya habido “mea culpa” al respecto. Ya no están los tiempos para desplegar cortinas de humo para encubrir estropicios, con el mito de la existencia de una “Política de Estado”.
Publicado el 25.09.2015
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Conocida la decisión de la Corte Internacional de Justicia de rechazo a la excepción preliminar de incompetencia interpuesta por Chile, y pese a que sólo se ha resuelto un asunto previo de procedimiento y no sobre el fondo, es necesaria e imprescindible una  evaluación exhaustiva de lo que ha sido nuestra política exterior vecinal en las últimas décadas. Sólo así podrá abordarse con realismo y eficacia la defensa de los intereses nacionales involucrados en los objetivos de la demanda boliviana.

En países que manejan sus asuntos internacionales con visión estratégica y de manera profesional, tras cada etapa crítica o al finalizar cada hecho significativo se hace un ejercicio de análisis y evaluación para concluir en las “Lecciones Aprendidas” de lo que se ha hecho hasta ese momento. En las actuales circunstancias, no esperamos menos de nuestra Cancillería. Es indispensable asegurar, en las próximas etapas, una gestión político-diplomática que se equipare en calidad y ayude a sustentar los sólidos planteamientos jurídicos que confiamos se llevarán al conocimiento de la Corte por parte del equipo jurídico encabezado por el Agente Bulnes. Y eso pasa por un análisis profundo de lo que se ha hecho, identificar las vulnerabilidades y fortalezas y elaborar sobre esa experiencia.

Lo que anuncia el fallo de ayer (la continuación del caso en La Haya) obliga a despejar interrogantes que surgen de lo que ha sido la gestión que ha hecho la Cancillería en la dimensión política de la defensa del interés nacional en este caso y en las relaciones vecinales en general. La “política de Estado” presentada en La Haya consistió en el planteamiento de la excepción preliminar referida a la competencia de la Corte, haciendo uso de una facultad que nos asiste en conformidad con las disposiciones del propio tribunal. Hasta ahí, no parece haber opiniones disidentes. Ni tampoco las hay respecto de los fundamentos jurídicos entregados a la CIJ. Cosa muy distinta es lo que ocurre con la gestión político-diplomática que ha desplegado el Ministerio de Relaciones Exteriores y su red de misiones en el exterior, en apoyo de los planteamientos de Chile en relación con la demanda marítima boliviana. Es en esa dimensión política donde se debe trabajar con mayor solidez, a partir de la constatación, ya reiterada, de que estamos ante una Corte que no es ajena a las consideraciones de carácter político. Es en el terreno de la acción político-diplomática donde se requiere fortalecer y mejorar la gestión de apoyo a la defensa del caso ante la CIJ. Para mejorar esa acción, no se puede omitir un examen crítico de las falencias demostradas en la gestión referida a los asuntos vecinales, lo que no es algo nuevo.

En efecto, desde 1991 en adelante, hay una seguidilla de decisiones poco rigurosas referidas a asuntos vecinales, partiendo por la suscripción del Acuerdo sobre manejo de aguas compartidas con Argentina, el cual, para los efectos prácticos, nos impide disponer libremente y de manera soberana de nuestros propios recursos hídricos. Luego, en 1995, vino el fallo traumático sobre Laguna del Desierto (¡caso en el cual nuestros intereses fueron defendidos por especialistas en Derechos Humanos!) y en el cual no sólo se perdieron más de 500 kilómetros cuadrados de territorio, sino que, además, repercutió en la posición de Chile para la defensa de Campos de Hielo, aún carentes de delimitación. Posteriormente, en 1997, se suscribió con Argentina el Tratado Minero, que no aporta seguridad jurídica alguna a la inversión minera y sólo ha producido paralizaciones por motivos ambientales. En lo que se refiere a lo que nos tiene hoy en La Haya, el año 2000 (postrimerías del gobierno de Frei), los Cancilleres de Chile y Bolivia acuerdan instalar el “diálogo sin exclusiones”, primera concesión formal al tema marítimo boliviano, que hasta entonces había sido tratado informalmente, no como parte de la agenda bilateral. A ello siguió la inclusión del tema marítimo en la reunión del Mecanismo de Consultas Políticas el año 2005 y, finalmente, se incluye el tema marítimo con toda formalidad en la Agenda de los 13 Puntos, en noviembre del 2006. En el intertanto, Perú seguía construyendo su caso ante la pasividad de la Cancillería chilena, que oficiaba a la sazón como instrumento y plataforma de una precandidatura presidencial. Esta secuencia de “concesiones graciosas” no puede dejar de constituir parte de experiencias que no pueden olvidarse sin más.

Teniendo a la vista todos estos antecedentes, y para ponerlo en términos de actualidad, ha llegado la hora “de sincerar” la política exterior en materia de las relaciones vecinales, aunque no haya habido “mea culpa” al respecto. Ya no están los tiempos para desplegar cortinas de humo para encubrir estropicios, con el mito de la existencia de una “Política de Estado”.

No cabe hablar de una “Política de Estado”, por ejemplo, cuando se desplaza a Embajadores de Carrera en puestos claves para el interés nacional, para sustituirlos por nombramientos políticos. Por poner un solo ejemplo, baste mencionar cómo la aplicación del cuoteo político a las Embajadas pudo influir en lo que terminó percibiéndose como un respaldo del Papa Francisco a la demanda boliviana. En su actual gestión, la Cancillería sustituyó a un Embajador de carrera en El Vaticano por una militante DC sin experiencia diplomática alguna y a otro diplomático de carrera a la cabeza de la Embajada en Argentina por un militante socialista, para colmo, anticlerical. Los dos canales de mayor importancia para acceder al Papa Francisco con los planteamientos chilenos frente a la demanda boliviana, terminaron siendo desperdiciados, con los resultados por todos conocidos.

Y hablando del análisis de la gestión, es difícil encontrar alguna racionalidad en la decisión del Ministerio de Relaciones Exteriores que desarticuló la Dirección General Adjunta para países limítrofes, unidad que operó con notable eficiencia hasta abril del año pasado. A poco andar, se sucedieron varios reveses diplomáticos, en los cuales se cedió la iniciativa a la diplomacia boliviana, que por primera vez en la historia movía sus piezas en el escenario internacional con más habilidad y eficiencia de lo que lo hacía Chile. Ciertamente, el precio pagado por esa mala decisión no pasará desapercibido.

Lo anterior no es más que la mención de algunos ejemplos que ameritan considerarse en una evaluación para determinar las “lecciones aprendidas”. Pero hay otros que deben examinarse con la debida atención y seriedad: por ejemplo, cuál ha sido el aporte de cada uno de los integrantes del Comité Asesor para la demanda marítima boliviana, cuya amplia nómina incluye más operadores políticos que diplomáticos y especialistas en el tema, algunos de los cuales fueron omitidos por consideraciones ideológicas. Ahora sí es el momento de una convocatoria amplia para formular una política exterior vecinal. Reincidir en los mismos errores no es compatible con la obligación de acometer la defensa ante la demanda boliviana con una auténtica visión de Estado. Esperamos que, con responsabilidad y sentido de autocrítica, se llegue efectivamente a definir las lecciones aprendidas hasta ahora de la gestión de Cancillería, en especial sobre materias vecinales. Anticipándonos a los resultados que arroje cualquier análisis serio al respecto, podemos afirmar responsablemente que la gran mayoría, si no todas las “desprolijidades” perpetradas en las últimas décadas, pudieron  evitarse de haber tenido, a la cabeza del Ministerio de Relaciones Exteriores, a un profesional de carrera del Servicio Exterior.

 

Jorge Canelas Ugalde, Embajador (r).

 

FOTO: AGENCIAUNO/AFKA/IVAN CANELAS