En educación, La Moneda debe lidiar con los diputados cuyas consignas sirvieron de base a la elaboración del programa de Gobierno, a sabiendas de que no es lo que Chile necesita. Lo que cabe preguntarse es si tienen derecho a quejarse cuando han sido incapaces de poner freno a la vorágine que ellos mismos han provocado y que es cada vez más difícil de detener.
Publicado el 17.04.2017
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En las últimas semanas se nos ha hecho costumbre ver a diversos personeros de la Nueva Mayoría lamentarse ante ciertos hechos políticos de relevancia ocasionados, precisamente, por sus propios pares. Me refiero, por un lado, a la desazón que produjo en algunos la marginación definitiva de Ricardo Lagos de la carrera presidencial, ocasionada por el descarte que hizo el Partido Socialista de esa figura emblemática y su preferencia por una persona ajena a sus filas a la hora de designar su abanderado. Por otra parte al rechazo, motivado por parlamentarios de izquierda en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, de la reforma más importante que ha pretendido impulsar el Gobierno y que fue un puntal de la campaña electoral de la Presidenta Bachelet: la gratuidad universal en la educación superior.

Fue necesario que el ex Presidente Lagos anunciara su retiro para que sus adeptos sacaran la voz y les enrostraran a sus propios camaradas el error que, a su juicio, cometen. Lo curioso es que los mismos que ahora públicamente añoran a Lagos fueron quienes pavimentaron el camino para su fracaso, arrinconándolo y enjuiciándolo por haber impulsado políticas de alto impacto, como las concesiones de obras públicas o el crédito con aval del Estado para los estudiantes, que permitieron grandes avances, pero que supuestamente no cuentan con la aprobación de “la calle”.

Similar es la situación de la reforma a la educación superior. Preso de las exigencias de un grupo que logró capturar la voz de los estudiantes, el Gobierno se embarcó en un proyecto de ley que, como era de esperar, generó transversal rechazo entre quienes se esfuerzan por tener un sistema educacional de calidad. La iniciativa pretende otorgarle al Estado un control desmedido sobre las instituciones de educación superior y condiciona el desarrollo de las universidades a una política financiera como la gratuidad universal, que no solo es inviable por el costo económico que implica, sino que conlleva por diseño una pérdida de calidad y diversidad de los proyectos educativos. La paradoja es que para que se apruebe el proyecto, la izquierda presiona al Gobierno para que lo empeore aún más.

Estamos en un escenario en el que los nuevos “laguistas” sufren con el oportunismo del Partido Socialista y, tarde, buscan recuperar una identidad que ellos mismos ayudaron a enterrar. En la misma línea, La Moneda debe lidiar con los diputados cuyas consignas sirvieron de base a la elaboración del programa de Gobierno, a sabiendas de que no es lo que Chile necesita. Lo que cabe preguntarse es si tienen derecho a quejarse cuando han sido incapaces de poner freno a la vorágine que ellos mismos han provocado y que es cada vez más difícil de detener.

En derecho existe lo que se denomina la exposición imprudente al daño, que en términos simples es una excepción a la regla general de que quien sufre un perjuicio por causa de otro debe ser indemnizado. Si el daño sufrido es consecuencia de una imprudencia de quien aparece como víctima, la apreciación del mismo disminuye al punto que podría no recibir nada por concepto de reparación. La Nueva Mayoría ha apoyado sistemáticamente ciertas demandas que gozan de aparente popularidad, pero cuya implementación va en perjuicio del país. Se han expuesto imprudentemente al daño y deben pagar el costo.

 

Raúl Figueroa Salas, director ejecutivo de Acción Educar

 

 

FOTO: FRANCISCO FLORES SEGUEL/AGENCIAUNO