El Presidente tiene la vía libre para buscar un cuarto mandato consecutivo, pero el precio de lograr su objetivo ha sido demasiado alto, en la medida que ha dañado gravemente la institucionalidad democrática boliviana.
Publicado el 01.12.2017
Comparte:

Cuando a futuro se escriba la historia de América Latina durante estas primeras décadas del siglo XXI, es un hecho que en esas páginas estará el nombre de Evo Morales, el antiguo líder cocalero, trabajólico y fanático del fútbol que se transformó en Presidente de Bolivia. El mismo que lleva más de una década en el poder y que por estos días ha hecho noticia por la posibilidad de repostularse a un cuarto mandato, lo que ha generado intensas reacciones de rechazo dentro y fuera de su país.

Morales y su vicepresidente, Álvaro García Linera, llegaron al poder en 2006, iniciando un primer gobierno que se extendió por cuatro años y no cinco, como estaba establecido; luego obtuvo un segundo mandato en 2010 y un tercero en 2015.

Sin embargo, Morales y sus partidarios sostienen que los consecutivos gobiernos que él ha encabezado realmente deben contarse a partir de 2010, porque corresponden al “Estado Plurinacional” fundado a partir de la Constitución de 2009. Por lo tanto, desde esa perspectiva, el período iniciado en 2006 no debe tomarse en cuenta, ya que corresponde a una época previa y además, no fue concluido; un argumento avalado en su momento por el Tribunal Constitucional (TC) de Bolivia.

A pesar de eso, en 2015 Morales intentó prolongar su gobierno por un nuevo período —más allá de lo permitido por la Constitución—, llamando a un referéndum que se celebró en febrero de 2016. Pero en esa ocasión el conteo de votos le fue adverso, ya que el 51,3% se manifestó contrario a la reforma y un 48,7% a favor. Un resultado estrecho, ciertamente, pero que echaba por tierra la aspiración del Mandatario de perpetuarse en el poder. Al menos, hasta ahora.

Es que en una estratégica jugada política, el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) presentó un recurso ante el TC, con el objeto de dejar sin efecto cuatro artículos de la Carta Magna vigente —la misma que fue promulgada por el gobierno de Morales—, los cuales limitan la reelección consecutiva a sólo dos mandatos.

El Tribunal Constitucional falló en su favor, esgrimiendo el artículo 23 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, el cual establece que todos los ciudadanos deben tener el derecho de poder votar y ser reelegidos. Esto permitirá a Morales, a partir de ahora, levantar una nueva candidatura para los comicios de 2019. Y de ganar, gobernaría Bolivia hasta 2025.

El argumento de que la Convención Americana de los Derechos Humanos está “por encima de la Constitución” podría considerarse jurídicamente correcto, pero no se puede desconocer que el artículo 23 fue pensado para aplicarse en un contexto de denegación efectiva del derecho a voto y repostulación a cargos públicos —en condiciones no democráticas, principalmente—, y no para burlar lo establecido en términos constitucionales ni mucho menos beneficiar un proyecto personalista. Con esta decisión del TC boliviano se vulneran abiertamente los límites establecidos en la Constitución y, sobre todo, se desconoce la voluntad soberana de los ciudadanos que en 2016 rechazaron esta misma iniciativa.

Lo anterior deja la vía libre para un cuarto mandato consecutivo de Morales, pero el precio de lograr su objetivo ha sido demasiado alto, en la medida que ha dañado gravemente la institucionalidad democrática boliviana. No deja de llamar la atención que este fallo del Tribunal Constitucional se produce casi simultáneamente con el anuncio del vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, de que Nicolás Maduro buscaría la reelección presidencial en 2018. Y en ese sentido, Bolivia y Venezuela parecen ir a destiempo, si miramos lo que ocurre en el resto de la región.

Porque aunque siempre hay casos de Mandatarios que buscan eternizarse en el poder —como lo hicieron en el pasado Néstor Kirchner y Cristina Fernández, en Argentina; o Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, actual vicepresidenta de Nicaragua—, lo cierto es que cada vez son menos. E iniciativas como la del ecuatoriano Lenín Moreno, que convocó a un referéndum para reformar su Constitución y acabar así con la reelección indefinida, demuestran que América Latina no quiere ni necesita más caudillos ni “salvadores de la patria”.

La tentación de aferrarse al poder a través de reformas constitucionales que prolonguen los períodos presidenciales o establezcan la reelección indefinida, suele ser grande. Ante eso la única opción es la defensa irrestricta de la alternancia en el poder, que es uno de los pilares básicos de todo régimen democrático.

 

Alberto Rojas, director del Observatorio de Asuntos Internacionales de la Universidad Finis Terrae

@arojas_inter

 

 

FOTO: JUAN CARLOS TORREJON/AGENCIAUNO