Bachelet me recuerda a los políticos suecos de la década de los 80 o a los españoles o franceses de hace no mucho.
Publicado el 14.10.2014
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Entre 1960 y 1990 en Suecia se duplicó el gasto fiscal, que pasó del 30 al 60% del PIB, y todo el crecimiento del empleo se dio dentro del sector público. Los derechos se multiplicaron y los subsidios se dispararon. Al final, casi daba lo mismo trabajar que no hacerlo. La mitad o más del salario de un modesto trabajador debía destinarse a pagar impuestos directos e indirectos. El triste despertar del pueblo sueco llegó a comienzos de los 90. Bastó una coyuntura difícil para que el Gran Estado se desmoronara: aumentó la cesantía, cayó la capacidad tributaria y el déficit público llegó al 11% del PIB en 1993. Luego vinieron los años duros, el recorte de los derechos sociales, las grandes reformas del sistema de pensiones, etc. La inflación de los derechos se pagó muy cara. Pero el país recapacitó y gracias a todos estos cambios, Suecia pudo enfrentar sin mayores inconvenientes la crisis de 2008, la que aún continúa en los países del sur europeo (España, Italia, Grecia y Portugal)

En España, con el temperamento latino y teniendo a la cabeza al socialista Luis Rodríguez-Zapatero, se provocó en pocos años el mismo perjuicio que en Suecia tomó décadas perpetrar. Hay sí que destacar que en ello también fueron responsables muchas administraciones autonómicas dirigidas por el Partido Popular. Todos gastaron a lo grande y los tiempos del despilfarro y el todo gratis español dieron lugar a muchas burbujas económicas y sociales. Universidad para todos y gratuita, atención sanitaria para el mundo entero, aeropuertos sin viajeros, fantásticos trenes e imponentes estaciones que nunca se autofinanciarán… en fin, se tiró la casa por la ventana y muchos olvidaron la relación existente entre deberes y derechos, entre esfuerzo y resultado. Su política fue la de promesas a destajo, de ofrecer múltiples derechos a la ciudadanía, como si fueran maná caído del cielo. Los socialistas dejaron España, en diciembre de 2011, con un 9,4% de déficit y alrededor de 5 millones de parados. Hoy, los españoles saben que todo era un engaño: los derechos sociales solo podían pagarse en situaciones de bonanza económica y con dinero prestado, no en tiempos de crisis.

Los franceses, hace ya unos años, rebajaron las horas de trabajo semanales, de 40  a 35 horas, y tienen una edad de jubilación de apenas 62 años (era de 60 años hasta hace no mucho). Creyeron que las transferencias sociales serían estables, y que los subsidios estaban asegurados para siempre. Se olvidaron que el trabajo es la fuente de la prosperidad y la crisis no tardó en llegar. Con un país en recesión, un gasto fiscal equivalente al 57% del PIB y un déficit fiscal que dura ya decenios, el nuevo primer ministro de Francia, el socialista Manuel Valls, no tuvo otra alternativa que anunciar hace unos meses un drástico recorte en las jubilaciones, los subsidios sociales y la congelación de los salarios de los funcionarios en el marco de un plan para reducir el gasto público. Se acabaron las ilusiones y llegó la triste hora de pagar. El presidente socialista es el peor evaluado de la historia moderna de Francia y el Frente Popular, de claro sesgo nacionalista y populista, se consolida como el partido más popular de Francia.

Por todo ello, Michelle Bachelet me recuerda a los políticos suecos de la década de los 80 o a los españoles o franceses de hace no mucho, cuando todo se resolvía diciendo “más Estado” y se prometían “derechos” sociales a diestra y siniestra, inflando las expectativas de unos votantes fascinados con ese Estado todopoderoso, que les hacía creer que soñar no cuesta nada. Pero cuesta, y mucho.

 

FROTO: ÓSCAR PICAZO / FLICKR