Si un partido político no sabe qué se propone hacer en un futuro gobierno, entonces no puede, ¡no debe!, apoyar una carta presidencial a ciegas. Y si lo hace, porque le resulta muy tentador estar entre los ganadores, entonces mantenga un mínimo de recato cuando, una vez conocidas las intenciones, descubra en ellas amenazas o incoherencias con los principios que dice defender.
Publicado el 19.08.2016
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El senador Ignacio Walker, 30 meses después de iniciado el mandato de la Presidenta Michelle Bachelet, asegura que, en su calidad de entonces presidente de la DC, no firmó el programa de gobierno que está implementándose desde marzo de 2014.

Sorprende esa confesión a estas alturas del partido. No se necesitaba leer en un documento –que, efectivamente, fue conocido recién tres semanas antes de la elección, en octubre de 2013- las reformas que la Nueva Mayoría iba a impulsar una vez se instalara en el gobierno: se venían anunciando desde el inicio de la campaña, con bastante más precisión de la que el Senador Walker parece recordar.

Muy temprano la candidata confirmó que una reforma educacional pondría fin al lucro, al copago y a la selección en la educación escolar. ¿No sabía acaso la DC que había cerca de tres mil colegios particulares subvencionados constituidos como sociedades comerciales? ¿Ningún técnico preguntó de qué manera se reconvertirían esos colegios, con un millón de estudiantes, en entidades sin fin de lucro? ¿Nadie en la DC cuestionó qué pasaría con el Instituto Nacional y todos los liceos emblemáticos, cuando se prohibiera la selección?

En su primera entrevista en televisión como candidata, en abril de 2013, Michelle Bachelet confirmó que “hay que legalizar al menos el aborto terapéutico y en caso de embarazo producto de violación”. En junio presentó las bases de su reforma tributaria, incluido el fin del FUT, que afecta especialmente a las pymes. Y en agosto detalló en qué consistiría la reforma laboral, con titularidad sindical, el fin de los grupos negociadores y del reemplazo en huelga. De la “nueva Constitución” y de la “gratuidad universal” se habló siempre, más o menos en los mismos términos en los que están expuestas en el programa propiamente tal.

No hay registro de reservas de la DC frente a ninguno de esos anuncios.

La responsabilidad de la DC en los resultados que está cosechando el gobierno, no se limita al respaldo de un programa que ahora desconoce. A partir de la primera reforma emblemática, la tributaria, puso todos sus votos en la Cámara y en el Senado para asegurar su aprobación, no sin antes desplegar una estrategia ingeniosa: comportarse por algún tiempo como opositor ante la opinión pública –empatizando con el rechazo que a esas alturas era mayoritario- y como oficialista en el Congreso. Y, se lo adelanto, la DC va a volver a poner cada uno de sus votos para la legalización del aborto (con todos los eufemismos que usted quiere agregarle, al acto de interrumpir la vida del que está por nacer).

Si un partido político no sabe qué se propone hacer en un futuro gobierno, entonces no puede, ¡no debe!, apoyar una carta presidencial a ciegas. Y si lo hace, porque le resulta muy tentador estar entre los ganadores, entonces mantenga un mínimo de recato cuando, una vez conocidas las intenciones, descubra en ellas amenazas o incoherencias con los principios que dice defender.

Y, por favor, no puede el partido más grande de la Nueva Mayoría, en el penúltimo año del gobierno –cada vez más pesado para más de un 70% de chilenos que lo rechazamos– alegar que no conocía lo que luego aprobó metódicamente en el Congreso.

Porque, peor que desconocer la paternidad de un hijo, es pagarle pensión de alimentos todos los meses y exigir los derechos de un padre, mientras niega el sublime momento de su concepción. Eso, seamos francos, no es de caballero.

 

Isabel Plá, Fundación Avanza Chile.

 

 

FOTO: PABLO VERA/AGENCIAUNO.

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