Desgraciadamente, hasta aquí las lamentables actuaciones del Ministerio Público, el gobierno regional, el Ministerio del Interior y Carabineros de Chile, se han confabulado para configurar una situación cercana al Estado fallido en esa región de Chile.
Publicado el 01.03.2018
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El martes pasado, la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Temuco se pronunció negativamente acerca de la solicitud de sobreseimiento de Héctor Llaitul y otros siete imputados que fueron indagados por asociación ilícita en la Operación Huracán. El mismo día, en el Tribunal Oral de la ciudad, comparecían los comuneros acusados de la quema de un templo evangélico.

Las resoluciones de los tribunales respectivos son extraordinariamente importantes para evaluar la existencia de un Estado de derecho en la Región de La Araucanía. Desgraciadamente, hasta aquí las lamentables actuaciones del Ministerio Público, el gobierno regional, el Ministerio del Interior y Carabineros de Chile, se han confabulado para configurar una situación cercana al Estado fallido en La Araucanía.

En un Estado fallido, las instituciones destinadas a garantizar a las personas cuestiones tan importantes como sus derechos civiles —entre los cuales destaca el derecho a la vida— funcionan tan mal que no son capaces de lograr ese objetivo. Así, las personas se encuentran indefensas o deben tomar justicia por su propia mano, pues el Estado está de tal manera capturado por la ineptitud o intereses espurios, que ya no se puede confiar en él. En un extremo, las personas pueden ser atacadas en sus casas y asesinadas salvajemente sin que el Estado sea capaz de condenar a los culpables.

En las consideraciones para llegar a sus decisiones, los tribunales y el Ministerio Público han hecho gala a veces de un garantismo exacerbado. Las víctimas de un brutal crimen, como el del matrimonio Luchsinger-Mackay, parecen no importarles a los tribunales. Dos ancianos han sido quemados y asesinados por una turba, uno de cuyos integrantes ha confesado el crimen —aunque luego se retractó— y otro está condenado por haber sido capturado flagrantemente cerca del lugar de los hechos; mientras otros imputados, que según la confesión de José Peralino se juntaron en la casa de la machi Francisca Linconao y desde allí se dirigieron a la casa de los ancianos —prendiéndole fuego y dando muerte al matrimonio—, no han recibido condena alguna.

Volviendo al caso de la Operación Huracán, los imputados fueron  liberados y sobreseídos definitivamente porque un juez, el señor Federico Gutiérrez, está preocupado de que se cree un “estigma ilegítimo, innecesario en los imputados”, a raíz de toda la confusión creada por las pruebas para condenarlos por asociación ilícita en la Operación Huracán.

La Fiscalía interviniente, en lugar de centrar su acción en defender los intereses de los afectados por los delitos, ha estado enfrascada en una disputa irracional con otra institución del Estado, Carabineros, cuyo actual alto mando ha logrado la hazaña de transformarla desde una de las de mayor prestigio y confianza entre la ciudadanía, a una de las peor evaluadas del país.

Una comedia de equivocaciones, espías truchos, filtraciones y acusaciones, presuntos líos de faldas y, en medio de todo, los asesinos felices observando cómo las instituciones que debieran perseguirlos se dedican a desprestigiarse y acusarse entre ellas. El Ministerio del Interior, en lugar de poner orden, ha contribuido en el pasado a la confusión por su falta de claridad para explicar su postura; aunque hay que reconocer que en estos días el abogado Luis Correa Bluas ha sido más claro en señalar que, dado el último fallo —y si bien se encuentra cerrada la indagatoria por el caso de quema de camiones—, de aparecer nuevos antecedentes se podría determinar la responsabilidad de los detenidos.

Una de las imputadas por el caso Luchsinger-Mackay, la machi Francisca Linconao, por su parte, con la complicidad del Partido Comunista que la apoya en sus reclamos, pretende confundir a la opinión pública, asociando las “falsas pruebas” que se les habrían imputado en la Operación Huracán, con el caso de los Luchsinger- Mackay. Acusa una persecución contra el pueblo mapuche en circunstancias que éste, de acuerdo a diversos estudios, condena el brutal asesinato del matrimonio.

El fallo de la Corte de Apelaciones de Temuco ha venido a poner algo de racionalidad en estos procesos y esperamos que sea un paso para la reconstitución del Estado de derecho en La Araucanía, que tendrá que realizarse plenamente durante el gobierno de Sebastián Piñera.

 

Luis Larraín, #ForoLíbero

 

 

FOTO: HECTOR ANDRADE/AGENCIAUNO

 

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