La institucionalidad pesquera requiere estabilidad para potenciar el desarrollo que, con justa razón, ha sido declarado estratégico por el Gobierno de Chile.
Publicado el 29.11.2015
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Aún cuando es explicable que haya quienes piensen de buena fe que cambiar las leyes puede ser un camino de solución para superar la crisis de confianza que afecta al país tras las investigaciones judiciales sobre financiamiento ilegal de la política y actos ilícitos de personeros del sector público y privado, es necesario ser especialmente prudentes y equilibrados para que el remedio no resulte, finalmente, peor que la enfermedad que se desea evitar.

Se ha instalado la idea de que la Ley de Pesca sería ilegítima en su origen debido a hechos específicos que están siendo investigados por la Justicia. Ello no es efectivo y la Ley de Pesca es plenamente legítima y válida, pues la inmensa mayoría de los legisladores que concurrieron a su aprobación no tienen inhabilidad de ninguna especie.

Sin esperar la conclusión de estos procesos judiciales, tres senadores de gobierno han presentado un proyecto de ley para introducir profundas reformas a la Ley de Pesca, que se encuentra en primer trámite constitucional en la Comisión respectiva del Senado.

El proyecto de los senadores Goic, Muñoz y Quinteros no considera que las mismas materias que pretenden modificar fueron amplia y largamente debatidas durante la tramitación de la actual Ley 20.657, que fue respaldada por parlamentarios de todos los sectores políticos de gobierno y oposición, siendo finalmente aprobada por cerca de un 70% de los parlamentarios que intervinieron en ella. Como hemos dicho, los parlamentarios que la aprobaron no están afectados por inhabilidad alguna.

La actual ley pesquera también fue examinada por el Tribunal de la Libre Competencia, la Corte Suprema, el Tribunal Constitucional y, obviamente, por el Congreso. Asimismo, fue el resultado de un amplio y transversal acuerdo político y técnico, en cuya gestación participaron la mayor parte de las ONG relacionadas con el sector, además de científicos, pescadores artesanales, industriales y trabajadores, a través de mesas regionales y nacionales vinculantes. En suma, la actual Ley de Pesca fue fruto de un proceso de análisis, discusión y aprobación inédito en el país.

Esta nueva institucionalidad es fruto de décadas de aprendizaje, que partió en 1990, a través de más de 50 leyes que fueron perfeccionando la legislación pesquera hasta la moderna legislación de hoy, creando un estatuto regulatorio para el sector pesquero chileno que lo pone a niveles similares a los de los países más avanzados en la materia, como lo pueden acreditar mayoritariamente los especialistas independientes.

El gobierno ha solicitado a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) una evaluación de la actual Ley de Pesca a la luz de las mejoras prácticas y estándares internacionales en materia de sustentabilidad. Valoramos la iniciativa del gobierno, pues un diagnóstico objetivo del actual marco regulatorio despejará dudas y potenciará nuestro sector productivo, y eventualmente, sugerirá los eventuales ajustes técnicos que la Ley de Pesca pueda requerir. La FAO da garantías de seriedad e imparcialidad a todos los actores. Nadie puede restarse, dificultar ni deslegitimar este proceso iniciado por nuestras autoridades.

Lo grave es que solo habiendo escuchado a los detractores de la Ley de Pesca, que representan a un sector minoritario de la actividad pesquera, la moción parlamentaria fue recientemente aprobada en general en la Comisión de Pesca por tres votos contra uno, siendo los tres votos de mayoría de los mismos autores de la moción. Un examen somero de sus contenidos revela que se trata de una moción que debió ser declarada inadmisible, por ser sus contenidos absolutamente contrarios a las disposiciones de la Constitución no sólo porque afecta, entre otros, derechos adquiridos de los pescadores artesanales e industriales, sino también por abordar materias que según nuestra Carta Fundamental son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo.

Todo esto se lo hemos expuesto, en una carta abierta y transparente, a todos los senadores, sin excepción alguna.

La institucionalidad pesquera requiere estabilidad para potenciar el desarrollo que, con justa razón, ha sido declarado estratégico por el Gobierno de Chile.

 

Francisco Orrego B., presidente Sociedad Nacional de Pesca.

 

FOTO: FELIPE MUENA/AGENCIAUNO