España y el gobierno de Mariano Rajoy tienen razón en aplicar la ley y pedir respeto a la Constitución, pues sólo cumplen su deber. No obstante, en conflictos tan profundos como los que se viven en la actualidad el simple legalismo es insuficiente. El problema español, y catalán por añadidura, es político: tiene connotaciones constitucionales, sobre el concepto de nación y en relación a las dimensiones de la democracia contemporánea.
Publicado el 07.10.2017
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Las noticas del fin de semana pasado en España, las imágenes de la televisión, las noticias de los periódicos y las reflexiones de analistas y twitteros han traído más preocupación que soluciones, y más tristeza que celebraciones. La huelga general en Cataluña -con carreteras cortadas y el respaldo de la Generalitat- fue la continuación de un proceso que parece no tener fin. El discurso del Rey, si bien claro y contundente, no logró cerrar el problema, y para algunos significó agregar una dificultad adicional.

El diálogo de sordos que existe desde hace tiempo entre el gobierno español y las autoridades de Cataluña sería casi cómico, si no fuera por lo trágico que hay detrás. El gobierno reclama el respeto a la Constitución y a las leyes, reivindicando la decisión de hacerlas cumplir contra el carácter ilegal y secesionista de la Generalitat y el presidente Carles Puigdemont. Las autoridades catalanas, por su parte, señalan que su pueblo tiene derecho a decidir y pide resolver democráticamente el asunto de pertenecer a España o ser independientes. Como se ve, prácticamente no hay puntos de acuerdo, de tal manera que los llamados al diálogo -¿entre quiénes? ¿para qué?- parecen burlas tardías o son la manifestación de un buen deseo, pero que esquiva el problema de fondo.

En el caso concreto de España, me parece que hay tres temas fundamentales que deben procurar integrarse para tratar de comprender lo que a estas alturas resulta prácticamente incomprensible.

El primer elemento es de carácter constitucional y se refiere a las normas expresas de la Carta Fundamental de 1978. El artículo 2° fija una definición muy precisa: “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles, y reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas”. “Indisoluble” e “indivisible” son conceptos categóricos, definitivos, que tienen vocación de eternidad, y sin embargo han entrado en un momento de duda, enfrentamientos, con la decisión de un sector de España por disolver y dividir “la unidad de la Nación española”. La Constitución, nacida con esperanzas y amplios consensos hace casi cuatro décadas, hoy se ve puesta en tela de juicio y podría ingresar a una pendiente de ruptura impensable hace unos años.

El segundo aspecto se refiere, como consecuencia de lo anterior, a la concepción de nación que existe tanto en España como en Cataluña, que no sólo plantea problemas prácticos, sino claras contradicciones, casi imposibles de superar. España se entiende, y la mayoría de sus dirigentes políticos y figuras culturales así lo definen también, como una nación que está definida por su unidad, que incluye una pluralidad de historias particulares, pero integradas históricamente en un proyecto común. Sin embargo, Cataluña, al menos el sector que actualmente la dirige, se comienza a pensar como una nación distinta, autónoma, con un proyecto propio y la voluntad de presentarse ante el mundo fuera del proyecto que la ha cobijado hasta ahora.

El tercer elemento es la democracia, la forma como debemos entenderla a comienzos del siglo XXI, considerando tanto su potencialidad como sus límites. Es evidente que el régimen político se inserta en un marco mayor, como es el Estado de Derecho. De ahí que el gobierno y muchos otros hayan denunciado que el referéndum catalán no es democrático porque vulnera precisamente las normas básicas de la convivencia. Por otra parte, argumentan los separatistas, no hay nada malo en que sea el pueblo el que decida, pacífica y democráticamente, por su futuro. Y, en este caso preciso, por un aspecto tan sensible como su derecho a la autodeterminación. Esto mismo nos lleva a plantear la necesidad de repensar los límites de la democracia -tema crucial en la ciencia política y muy olvidado por años-, en los que la decisión popular parecía ser la panacea para cualquier problema. El límite obvio del Estado de Derecho contrasta con el supuesto derecho a la autodeterminación; la vigencia del orden constitucional siempre es una fuerza potente, a excepción de que se ponga en duda precisamente la misma Constitución que representa el orden fundamental de una nación.

Por todo esto, si hace unos años observábamos -algunos con preocupación y otros con manifiesta complicidad- la erosión de las bases de la unidad de España, hoy la situación es mucho más grave. Podríamos estar presenciando no sólo un problema puntual de enfrentamiento entre grupos políticos más o menos importantes. El Partido Popular ha apoyado al gobierno; Ciudadanos pide la aplicación del artículo 155 de la Carta Fundamental; el Partido Socialista Obrero Español pide el restablecimiento de un diálogo que no parece tener bases firmes; Podemos, estima que es necesario que Mariano Rajoy pase a la oposición. En los últimos días José María Aznar ha señalado que el Presidente Rajoy podría llamar a elecciones anticipadas si no se siente con fuerzas para resolver el problema.

En cualquier caso, sea por convicción profunda o por oportunismo político, lo cierto es que los partidos no están contribuyendo a una solución de fondo, mientras el independentismo sigue avanzando sobre la base de un sentimiento nacional profundo, el crecimiento de sus representantes en diferentes procesos electorales en los últimos años, y la determinación clara de las autoridades de la autonomía catalana, a lo que ahora se ha sumado la victimización por la jornada del referéndum. Desde el domingo 1° de octubre (cualquiera sea la calificación que reciba  o las circunstancias en las que se realizó la consulta), la huelga dos días después y una eventual declaración unilateral de la Independencia de Cataluña para los próximos días, lo cierto es que la secesión está en marcha a paso firme y resuelto, aunque inconstitucional.

España y el gobierno de Mariano Rajoy tienen razón en aplicar la ley y pedir respeto a la Constitución, pues en ello sólo cumplen su deber. No obstante, en conflictos tan profundos como los que se viven en la actualidad no basta con el simple legalismo, que resulta obvio, pero insuficiente. El problema español, y catalán por añadidura, es político: tiene connotaciones constitucionales, sobre el concepto de nación y en relación a las dimensiones de la democracia contemporánea. Según cómo se resuelva esta crisis tendremos una España fortalecida, digna de los mejores días de su larga y honrosa historia, o bien dejaremos de conocerla como la hemos estudiado, conocido y admirado hasta ahora, con sus horas de grandeza y también con sus dolores profundos.

 

Alejandro San Francisco, historiador, académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile y de la Universidad San Sebastián, director de Formación del Instituto Res Publica (columna publicada en El Imparcial, de España)