La solución debe ser política y cultural, no meramente legal y judicial, pues estamos frente a un asunto más complejo, de larga data y de consecuencias imprevisibles. Fortalecer el “nacionalismo” español (si podemos llamarlo así, frente a un nacionalismo catalán), ampliar las bases electorales de quienes son favorables a la unidad de España y ser capaces de que la Constitución vuelva a ser la casa de todos, son desafíos inmensos.
Publicado el 04.11.2017
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Es difícil encontrar un país que esté viviendo hoy en el mundo una situación tan compleja como España. Las noticias internacionales llenan páginas de diarios y noticiarios, y muestran una realidad difícil de entender: un país sólido, europeo, con una historia de grandezas y contradicciones, se ve de pronto sumido en un proceso de división interna que podría terminar con dos países.

En realidad, sabemos que no ha sido el fruto espontáneo de las circunstancias, sino que la articulación bastante bien elaborada de un proyecto de construcción nacional de parte de un sector de Cataluña, que ha decidido generar un proceso largo y claro hacia la independencia, que este 2017 ha aparecido como el año de las definiciones. El problema, que quizá no consideraron los independentistas es que en historia y en política toda acción tiene su reacción, y los adversarios no siempre son seres pasivos sobre quienes se puede pasar con impunidad. En realidad, suele ser exactamente al revés.

Esto es exactamente lo que ha ocurrido en el último mes, en que se han precipitado los acontecimientos: el 1° de octubre se desarrolló el extraño plebiscito, que el gobierno de la Generalitat interpretó como un mandato claro a favor de la independencia. En los días siguientes el presidente catalán Carles Puigdemont declaró, con ambigüedad, el advenimiento de la república y una eventual independencia, por lo que fue conminado por el Presidente del gobierno español a aclarar sus intenciones. Aunque no lo hizo, a la larga la situación se extremó cuando el Parlamento de Cataluña votó la independencia el sábado 28 de octubre, con el apoyo mayoritario de los partidos independentistas, previo retiro de la sala de socialistas, populares y ciudadanos. El gobierno de Rajoy, el Senado y los partidos que sostienen la unidad de España han optado por aplicar el artículo 155 de la Constitución, un hecho inédito desde el retorno a la democracia, lo que ha implicado en los hechos intervenir el gobierno de Cataluña, cesando en sus cargos a las actuales autoridades y llamando a nuevas elecciones para el próximo 21 de diciembre.

Ese escenario, desde luego suficientemente complejo, ha tenido algunos acontecimientos posteriores, como el autoexilio de los dirigentes catalanes y su interés por formar un gobierno en el exilio y tener un trato propio de quienes sufren una persecución política en regímenes dictatoriales. Adicionalmente, ha comenzado la investigación judicial contra las autoridades catalanas de hace unos días, por delitos como rebelión, sedición y malversación de fondos públicos, que ha llevado a algunos a la cárcel, mientras el propio Puigdemont no ha comparecido y se ha mantenido en el exterior.

Por su parte, el gobierno de Mariano Rajoy ha convocado a elecciones para que sea el pueblo el que decida en diciembre próximo sobre el futuro de Cataluña y, obviamente, de España en su conjunto. Como suele ocurrir en procesos como estos, las posibilidades están abiertas y no está claro qué puede resultar de este complejo escenario, que bien podría contribuir a comenzar la solución del grave problema institucional de España o bien agravar la situación, que ya es suficientemente dramática como para recibir más heridas que polaricen a la sociedad y contribuyan a la división.

Un primer problema que se presenta a España es de carácter electoral, de lógica democrática, de cara a los comicios en Cataluña del próximo 21 de diciembre. Un análisis objetivo de los procesos anteriores, simplemente numérico, demuestra un crecimiento constante de los partidos independentistas y su representación parlamentaria. El resultado de la votación del sábado 28, ciertamente ilegal y contraria a la Constitución, es ilustrativa el sentimiento de un sector muy grande de catalanes, hoy mayoritario, que se expresa por la República y la independencia.

Un segundo factor se refiere a la liviandad con que se ha descalificado al nacionalismo en estos meses, asignándole diversos males históricos y presentes, a propósito del sentimiento “nacionalista” de los catalanes independentistas. El problema es que un análisis tan pobre olvida dos cuestiones básicas: que la unidad de España, su bandera, historia, la figura del Rey y su Constitución responden precisamente a un “nacionalismo español”; a eso se suma la ausencia de esa conciencia nacional española en un sector importante de la sociedad catalana, que privilegia su ilusión de una Cataluña independiente y republicana en vez de española y monárquica.

Un tercer desafío que se presenta en la actualidad es algo que aparece como una eventual fortaleza, pero que en realidad es un signo de gran debilidad: hablar de los llamados partidos constitucionalistas, como serían Ciudadanos, el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español. Con ello quedan fuera de ese apelativo los independentistas catalanes, por razones obvias, y también agrupaciones como Podemos. El problema es que, en una democracia normal, el adjetivo constitucionalista se debe aplicar al conjunto de los partidos, mientras las diferencias específicas entre ellos tienen que ver con programas específicos de naturaleza económico-social o bien en determinadas políticas públicas. Cuando la propia Constitución es un sello que distingue a los partidos, estamos frente a una crisis institucional mayor, que debe llevar a una renovación del régimen institucional o a fortalecer los fundamentos de legitimidad del orden político.

Esto nos lleva a un último tema. El Presidente Mariano Rajoy hace bien en aplicar la ley y la Constitución, con los instrumentos que ellas proveen para resguardar la unidad nacional y fortalecer las bases de la convivencia democrática. Sin embargo, la solución al problema actual debe ser política y cultural, no meramente legal y judicial, pues estamos frente a un asunto más complejo, de larga data y de consecuencias imprevisibles. Fortalecer el “nacionalismo” español (si podemos llamarlo así, frente a un nacionalismo local), ampliar las bases electorales de quienes son favorables a la unidad de España y ser capaces de que la Constitución vuelva a ser la casa de todos, son desafíos inmensos que hoy comienzan a enfrentarse con decisión cientos de miles de personas en las calles, como suele ocurrir cuando hay un gran reto por delante.

A ello será necesario añadir una dosis adecuada de buena política y decisiones con impacto cultural, de manera de que la solución puntual tenga efectos de largo plazo. De lo contrario, dentro de muy poco tiempo España volverá a estar sumida en este espectáculo lamentable de división y dolores.

 

Alejandro San Francisco, historiador, académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile y de la Universidad San Sebastián, director de Formación del Instituto Res Publica (columna publicada en El Imparcial, de España)