Para qué ocultar el sol con un dedo, hay un mundo al interior del oficialismo que desprecia las instituciones, las conciben opresoras y no les gusta que hayan sido fundadas antes de que ellos asomaran sus iluminadas cabezas en la esfera oficial.
Publicado el 05.02.2016
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Por negligencia, u otra razón que desconocemos, el gobierno de la Nueva Mayoría ha ido progresivamente deteriorando nuestras instituciones.

Las instituciones son los fundamentos que ordenan la convivencia democrática, con reglas estables en el tiempo y trascedentes. O sea: gobierne quien gobierne, le gusten o no le gusten y suceda lo que suceda, mientras no sean formalmente modificadas, esas instituciones serán el marco dentro del cual nos moveremos tanto el Estado como los ciudadanos.

Solo en el lapso de dos semanas, el gobierno enfrentó tres situaciones muy delicadas y, si la memoria no me falla, sin precedentes, al menos desde el retorno a la democracia. Primero fue la indiferencia frente a la admisibilidad en la Cámara del proyecto que anula la Ley de Pesca, un hecho grave y públicamente rechazado incluso por los parlamentarios que están por modificarla. Porque una cosa es rechazar políticamente una ley y otra dejar sin institucionalidad a una de las actividades económicas más importantes del país.

Luego, y mientras el PC se daba ese gustito, el gobierno se concentraba en Valparaíso para ejercer una presión histórica sobre el Congreso, atropellando con una batería de urgencias desde la independencia de un Poder del Estado, hasta el sentido común, que indica que regular temas complejos y de impacto masivo exige al menos darle un vistazo al proyecto antes de votarlo (varios senadores confesaron no haber tenido tiempo de leer, antes de votar, las 150 páginas de la reforma a la reforma tributaria). El abuso del gobierno sobre el Congreso no era para obtener mejores leyes o motivar acuerdos, sino para cumplir con una meta política, que permitiera a la Presidenta Bachelet salir de los veintitantos puntos que mantiene desde hace nueve meses en las encuestas.

El broche de oro fue la renuncia de la Superintendenta de Pensiones, acusando la presión indebida de la Ministra del Trabajo, quién además de criticar sus decisiones públicamente, recurrió a la Contraloría (organismo que reconoció no tener competencias para referirse al tema), para declarar ilegal la operación de dos administradoras de fondos de pensiones, no muy estética ciertamente, pero ajustada a derecho y respaldada por el Ministerio de Hacienda. El daño es serio: una autoridad política se ha excedido en sus facultades, lesionando la credibilidad de una institución que cumple un rol clave, porque las superintendencias regulan sectores sensibles para millones de chilenos y actúan con autonomía del poder político, justamente para dar garantías de ecuanimidad.

Y hay más. La Presidenta Bachelet se ha acostumbrado a dejar vacantes altos cargos en su gobierno durante meses: hemos estado más de 200 días sin Contralor General de la República, un mes sin Ministra de Salud y, recién esta semana, tuvo a bien nombrar autoridades para 3 de las 5 subsecretarías que permanecían sin cabeza desde hacía meses. Esperamos que a su regreso de vacaciones nombre a los subsecretarios de Derechos Humanos, porque para eso se apuró en promulgar la ley en diciembre, y de Cultura, vacante desde hace 100 días (o, si estima que no son cargos necesarios, que mande un proyecto de ley al Congreso para derogarlos).

Tampoco el gobierno se inmuta con los diplomáticos que transgreden la prohibición de opinar sobre política interna. A Eduardo Contreras, que acusó a los empresarios de los bombazos de 2014 y trapeó con la DC desde su silla de embajador de Chile en Uruguay, le pidieron la renuncia recién nueve meses después y lo instalaron como asesor de Derechos Humanos en la Cancillería. Y a Javiera Parada, agregada cultural de Chile en la Embajada de EEUU, se le permite opinar libremente de política contingente y desprestigiar a la oposición desde su cuenta de Twitter (dese una vuelta por @javiparada). Si este es el estándar de prescindencia que se exige a nuestro cuerpo diplomático, calcule qué pasará cuando opere el voto de los chilenos en el exterior.

Para qué ocultar el sol con un dedo, hay un mundo al interior del oficialismo que desprecia las instituciones, las conciben opresoras y no les gusta que hayan sido fundadas antes de que ellos asomaran sus iluminadas cabezas en la esfera oficial. Fue Lenin quien en la III Internacional llamó a los comunistas del mundo a “aprovechar el parlamentarismo y todas las ‘libertades’ de la democracia burguesa”, para luego calificar de “presumidos exaltadores de la “legalidad” a los camaradas que aun defendían las instituciones (uno de ellos Trotsky, a quien ya sabemos cómo le fue algunos años después).

Pero dejemos a la historia descansar en paz. El prestigio de Chile en el siglo XXI se basa en la solidez de su institucionalidad, que garantiza certeza jurídica, autonomía de sus órganos regulatorios e independencia de sus poderes. Y aun cuando no sea de su total agrado, el gobierno y la Presidenta Bachelet tienen la obligación de conducir con responsabilidad ese capital, que pertenece a todos los chilenos y no puede estar sujeto al proyecto político de la Nueva “Mayoría”.

 

Isabel Plá, Fundación Avanza Chile.

 

 

FOTO:FRANCISCO LONGA/AGENCIAUNO

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