Hay esperanzas en el nuevo enfoque planteado por el Gobierno, plasmado en una agenda de energía y, sobre todo, en la voluntad de darle un nuevo impulso a la inversión diversificando la matriz energética y favoreciendo la incorporación de nuevos actores y tecnologías.
Publicado el 16.10.2014
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Se puede discutir al infinito sobre las causas de la desaceleración de la economía. Unos pondrán el acento en los factores externos y en las carencias estructurales propias de países de ingreso medio; otros en el impacto de las políticas de la coyuntura. Pero nadie puede desconocer que hay un elemento decisivo: el alto precio de la energía, que frena la inversión y golpea a los consumidores.

Efectivamente, Chile hoy tiene un talón de Aquiles en su matriz energética.

El último gran impulso se dio durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle con la construcción de las centrales Pangue y Ralco y los gaseoductos para importar gas desde Argentina a bajo costo. La historia siguiente es conocida: el suministro desde el país vecino se cortó y en los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet se construyeron los terminales de GNL de Mejillones y Quinteros; pero los grandes proyectos de inversión en hidroelectricidad se detuvieron por oposición de las comunidades locales y críticas ecológicas, lo que llevó a un aumento de la generación termoeléctrica. Muchos se judicializaron.

Cuando me desempeñé como ministro de la Secretaría General de la Presidencia (2007-10), parte de mi agenda estuvo ocupada por la emergencia energética: despejar las objeciones a la construcción del terminal de GNL en Mejillones, construcción de la planta de respaldo de Metrogas en Peñalolén, colaboración con el ministro Marcelo Tokman en su tarea, hoy bien evaluada por el sector. Importantes fueron los estudios sobre el posible uso de la energía nuclear, pero no se tomó una decisión al respecto.

El gobierno de Sebastián Piñera, con la seguidilla de ministros de Energía, terminó por restarle toda relevancia al tema. Importante fue, sin embargo, la aprobación de la ley que mejoró el procedimiento de concesiones en la trasmisión eléctrica, especialmente en la obtención de permisos y servidumbres, lo que debería ayudar a facilitar los trámites y disminuir los plazos, que por lo general están demorando 4 años o más, así como la Ley de Fomento al uso de las energías renovables. Pero el proyecto más ambicioso y emblemático de una “carretera eléctrica” se diluyó en el Parlamento.

Por eso el sector y el país miran hoy con esperanza el nuevo enfoque planteado por el ministro Máximo Pacheco, plasmado en una agenda de energía de siete puntos y, sobre todo, la voluntad de darle un nuevo impulso a la inversión buscando una diversificación de la matriz energética, y favoreciendo la incorporación de nuevos actores y tecnologías. Necesitamos avanzar hacia un suministro sostenible en el tiempo con menores precios.

Lo interesante del nuevo enfoque -más allá de las metas técnicas- es un triple llamado propiamente político a un rol más activo del Estado en una colaboración público-privada y a una asociatividad entre generación y trasmisión eléctrica y comunidades locales, según criterios de mutua conveniencia y en el cuadro de un mayor ordenamiento territorial por regiones y cuencas. Se busca reducir los costos marginales del Sistema Interconectado Central en un 30% durante el actual período presidencial y reducir en esta década los precios de las licitaciones de suministro eléctrico en un 25%.

Ambos puntos son esenciales para darle legitimidad social a la política energética y facilitar su implementación.

El sistema eléctrico chileno es operado completamente por el sector privado en sus distintos segmentos: generación, transmisión y distribución. Desde la Ley General de Servicios Eléctricos (1982), el Estado quedó relegado a un rol subsidiario, pese a la dictación de las llamadas Leyes Corta I (2004) y II (2005). El Estado, a través de la Comisión Nacional de Energía, ha ido indicado la capacidad requerida para cubrir la demanda proyectada, pero de ahí en adelante la palabra decisiva la tienen los privados. El Estado recobró algo de protagonismo a raíz de la crisis del gas argentino, que se manifestó en la participación de Codelco y Enap en los puertos de GNL, pero sigue hasta ahora en una actitud más bien pasiva y a veces neutral, muy diferente a lo que ocurre en países desarrollados o de la región como Brasil.

La relación de los proyectos de inversión con las comunidades locales debe superar un esquema en que las empresas o el Estado simplemente “compensen” los costos sociales de los mismos. Lo importante es que los habitantes sean partícipes de los beneficios de esos proyectos. Uno de los motivos del rechazo a ciertos proyectos es que las localidades siguen pagando una energía excesivamente cara. Hay que diseñar nuevos esquemas de colaboración, para lo cual el ministro Pacheco ha señalado que el Gobierno presentará una Ley de Asociatividad con una mirada integral de generación de valor compartido.

La perspectiva delineada por el ministro Pacheco se ha construido en gran medida mediante el diálogo entre los grupos mayormente involucrados del sector. El esquema hoy es ampliamente compartido y cuenta con el sustento de prestigiosos centros universitarios. El desafío mayor está en su implementación. Para un gobierno de sólo cuatro años, el reloj del tiempo fija plazos exigentes. Por eso la agenda va unida a un conjunto importante de medidas de corto y mediano plazo, como la promoción de un sistema de compras coordinadas de volúmenes atractivos para encontrar mejores precios de GNL, la implementación de la Ley de Fomento a las energías renovables, la interconexión SING-SIC, el favorecimiento de la participación de nuevos actores en el proceso de generación eléctrica, la aprobación en primer trámite legislativo del proyecto para fortalecer la institucionalidad del Ministerio de Energía o el despacho de importantes reglamentos que estaban pendientes, como el Net Metering para fomentar las energías renovables.

Pero como no bastan los buenos propósitos plasmados en una hoja de ruta, sería conveniente que cuando se cumpla un año del lanzamiento de la agenda de energía se hiciera un balance de los avances y de las dificultades encontradas. Con la verdad en la mano, el país podrá ir avanzando en un camino que está plagado de obstáculos. El ministro se ha comprometido a implementar su política “de cara a la ciudadanía”.

En esa ocasión sería oportuno que el Gobierno definiera su posición frente a la energía nuclear, dado que existen ya los estudios sobre los pro y los contra de su uso en Chile y los anuncios de nuevos desarrollos en este campo realizados por Brasil, Argentina y recientemente por Bolivia. También sería pertinente que se precisara la forma en la que el Estado va a asumir el nuevo rol que se le asigna. Hasta ahora se ha hablado de potenciar a Enap, pero no se sabe todavía si sólo se fortalecerá a la CNE o si se creará una empresa estatal nueva para participar en alianza con privados en proyectos energéticos u otra medida correspondiente al mismo propósito.

Ese tipo de definiciones son las que pueden marcar el segundo tiempo de este partido decisivo para que Chile supere la desaceleración. Las perspectivas claras de mediano y largo plazo son fundamentales a la hora de tomar decisiones de inversión. Lo importante es que sean técnicamente definidas y políticamente consensuadas, para así movilizar las capacidades del sector privado, del Estado y de la sociedad civil.

 

José Antonio Viera-Gallo, Foro Líbero.

 

 

FOTO: PEDRO CERDA/AGENCIAUNO