A la luz de nuestra historia y de las facultades que tiene, evidentemente no.
Publicado el 12.06.2016
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Siendo Chile actualmente una República de carácter presidencialista, el Presidente de la República posee una alta concentración de poder en sus manos, todo esto debido a las atribuciones que la propia Constitución le brinda.

En este sentido el Presidente de la República ha contado, a lo largo de nuestra historia, con atribuciones que exceden aquellas de cualquier otro organismo del Estado.

Sin lugar a dudas es la institución vigente más antigua de nuestro país y la que ha jugado un rol predominante en la construcción del Estado de Derecho.

Se une en Chile, en una sola persona, el rol del Jefe de Estado, símbolo de la integración nacional y de la estabilidad institucional, con el rol de Jefe de Gobierno, que es el conductor de la política contingente representando al sector que lo elige.

Nuestra actual Presidente de la República ha señalado haber realizado una acción de orden jurisdiccional en calidad de ciudadana. Obviamente, la mera declaración de aquello no permite desatender toda una estructura jurídica que dice exactamente lo contrario. Sería lo mismo que tapar el sol con un dedo.

Para muestra de lo anterior basta con revisar el artículo 32 de la Constitución Política de la República, el cual señala cuáles son las atribuciones especiales del Presidente de la República, destacando entre otras, la de:

  • Concurrir a la formación de las leyes;
  • Convocar a plebiscito;
  • Declarar los estados de excepción constitucional;
  • Nombrar y remover a su voluntad a los ministros de Estado, subsecretarios, intendentes y gobernadores;
  • Designar a los embajadores y ministros diplomáticos, y a los representantes ante organismos internacionales;
  • Nombrar al Contralor General de la República con acuerdo del Senado;
  • Conceder jubilaciones, retiros, montepíos y pensiones de gracia
  • Nombrar a los magistrados y fiscales judiciales de las Cortes de Apelaciones y a los jueces letrados, a proposición de la Corte Suprema y de las Cortes de Apelaciones, respectivamente; a los miembros del Tribunal Constitucional que le corresponde designar; y a los magistrados y fiscales judiciales de la Corte Suprema y al Fiscal Nacional.
  • Velar por la conducta ministerial de los jueces y demás empleados del Poder Judicial.
  • Conducir las relaciones políticas con las potencias extranjeras y organismos internacionales;
  • Designar y remover a los Comandantes en Jefe del Ejército, de la Armada, de la Fuerza Aérea y al General Director de Carabineros;
  • Disponer de las fuerzas de aire, mar y tierra, organizarlas y distribuirlas de acuerdo con las necesidades de la seguridad nacional;
  • Declarar la guerra, etc. (Hemos resumido las facultades dejando solo lo central de la potestad)

A estas facultades constitucionales debe sumarse un presupuesto reservado para gastos propios de su gestión, vehículo, Palacio de Cerro Castillo, escolta, edecanes y un tratamiento protocolar que llama a denominarla “Su Excelencia”, “Vuestra Excelencia”. A lo anterior, debe sumarse la posibilidad de declarar en cualquier proceso judicial en el lugar que estime conveniente, incluso por escrito.

Con nuestra tradición republicana, destacada en toda Latinoamérica, parece plausible sostener que alguien tratará a la actual Presidenta como una ciudadana más.

Nadie desconoce su carácter de tal, ya que en Chile, cumpliendo determinados requisitos formales, se adquiere por ley la calidad de ciudadano, pero tampoco aparece serio desconocer que el que asume la denominada “máxima magistratura del país” pueda querer distinguir, a su solo arbitrio, cuándo actúa en tal carácter y cuándo no. Por lo menos para que lo tengan claro los próximos candidatos a la presidencia, quien llega a La Moneda, llega a ejercer un cargo indivisible.

A la luz de lo expuesto, ¿es el Presidente de la República un ciudadano más? Evidentemente no, decir lo contrario es desconocer la institución y su tradición en nuestra historia y la gran cantidad e importancia de atribuciones que concentra, que no es equiparable a ninguna otra institución o poder del Estado.

Es por esto que resulta altamente grave que la Presidente de la República se querelle por injurias en contra de un medio de comunicación social. El ejemplo de David contra Goliat parece solo un cuento de niños.

 

Rodrigo Riquelme Yáñez, abogado, Magíster en Derecho.

#TribunaLíbero

 

 

FOTO:RODRIGO SÀENZ/AGENCIAUNO.