La captura de la Cancillería por la política contingente nos hace cada vez más vulnerables en nuestra acción internacional.
Publicado el 09.09.2016
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“Todos cometemos errores. La clave está en reconocerlos, aprender y seguir adelante. Lo reprochable es ignorarlos o, lo que es peor, esconderlos” (Robert Zoellick).

Con cada vez con mayor frecuencia se comenta la falta de solución a problemas de diversa índole por parte del gobierno. La política exterior no es una excepción. La naturaleza de los temas internacionales y la dinámica de las relaciones entre estados, por otra parte, permiten que la gestión en esa área tenga efectos concretos y mensurables en plazos muy diferidos. Así, los errores que se cometen hoy pueden pasar desapercibidos durante años o incluso décadas, pero tarde o temprano, como todos los problemas no resueltos, vuelven a penarnos, con el agravante de que las tensiones que acumulan los hacen más difíciles de resolver mientras más tiempo pasan desatendidos.

En un rápido recuento, hay varios asuntos que requieren de una solución desde hace un tiempo más que prudencial. Por ejemplo, hace justo un año se dictaba sentencia condenatoria contra un líder opositor venezolano. En esa oportunidad, la declaración emitida por la Cancillería chilena, al tiempo que evitaba mención alguna al gobierno venezolano, declaraba su reconocimiento y respeto al sistema judicial de Venezuela, en circunstancias que ya era conocido por el mundo entero el hecho de que la justicia en ese país está manipulada por el gobierno. Pues bien, pasado un año de inacción en favor de la vigencia de los derechos humanos en Venezuela, la Cancillería debe ahora ocuparse de la situación de un connacional detenido arbitrariamente y sometido a los mismos tribunales que maneja a su antojo el chavismo. En este caso específico, opera un veto ideológico que gobiernos anteriores a la Nueva Mayoría nunca tuvieron, para hacer presente la defensa permanente de los derechos humanos en nuestra acción exterior: problema no resuelto.

Tampoco se ha resuelto un asunto que se arrastra hace un tiempo más que prolongado, producido por el error cometido por la Cancillería al no comunicar oportunamente los ajustes a la delimitación fronteriza convenida con Argentina, al Instituto Geográfico Militar, encargado de actualizar la cartografía correspondiente. Ese error llevó a una minera a aplicar mapas obsoletos en sus operaciones en la zona limítrofe, con el resultado de descargar cantidades considerables de desechos en territorio argentino. Que se sepa, nunca se hizo efectiva sanción alguna por la negligencia que originó, hace más de dos décadas, este caso aún no resuelto y que se ha reactivado por nuevas denuncias presentadas en Argentina.

En La Haya continúa el proceso de la demanda marítima sin que se hubiese efectuado reconocimiento alguno de los errores incurridos en las tratativas con Bolivia, a partir de la iniciativa del “Diálogo sin Exclusiones” que derivó posteriormente en la “Agenda de los Trece Puntos”. No sería impensable, entonces, que se llegue al final del juicio y solo se retome la necesidad de una rectificación de políticas cuando ya se notifique un nuevo fallo de la Corte Internacional de Justicia, con el respectivo perjuicio para nuestros intereses.

Todos los casos mencionados tienen en común el hecho de constituir problemas no resueltos que pudieron evitarse de haber estado la Cancillería dirigida por un profesional de la diplomacia. A diferencia de lo que ocurre en el Ministerio de Salud, donde es impensable que sea dirigido por alguien que no provenga de la profesión médica, o en el Ministerio de Hacienda, donde no se concibe que lo dirija alguien que no sea economista, el Ministerio de Relaciones Exteriores no ha sido dirigido por un diplomático de carrera desde la década de los 80 del siglo pasado. No debe sorprendernos, entonces, que nuestra política exterior carezca de visión estratégica, que nos enredemos en negociaciones inconducentes o derechamente inconvenientes, que la acción internacional se dirija con sesgo ideológico y que falte un mínimo de continuidad y manejo profesional, por lo menos en las materias más sensibles.

La captura de la Cancillería por la política contingente nos hace cada vez más vulnerables en nuestra acción internacional. No es razonable que, teniendo un caso en curso ante la Corte Internacional de Justicia, la defensa de nuestros intereses esté en manos de un agente (el segundo en tres años) cuya mayor preocupación en estos días sea calcular el momento en que debería renunciar para presentarse como candidato presidencial. En cualquier otro país se habría nombrado desde el inicio a un diplomático profesional como agente, pero en Chile, al parecer todos los asuntos internacionales se han transformado en una materia de exclusiva competencia de los políticos de gobierno. Tal vez a las autoridades les sería aplicable la recomendación del ex Presidente Ricardo Lagos a la bancada estudiantil: “que lean libros de Historia”; de hacerlo, se enterarían de que un profesional de la diplomacia nos representó de manera brillante como agente en el proceso arbitral sobre el Canal Beagle. Su nombre: José Miguel Barros Franco.

 

Jorge Canelas, Cientista Politico y Embajador (r).

 

 

 

FOTO: PABLO VERA LISPERGUER/AGENCIAUNO.