En un contexto en que la necesidad de corregir la reforma a la educación superior resultaba evidente y el Gobierno tenía la oportunidad de abrirse al diálogo y la reflexión, se optó por hacer gala de una tozudez extrema, forzando la votación en un plazo tan breve como ridículo.
Publicado el 26.06.2017
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A pocos días de cumplirse un año desde que el proyecto de ley de educación superior ingresó al Congreso, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados despachó la iniciativa luego de sesionar durante 23 horas en forma ininterrumpida. Lo ocurrido admite al menos dos miradas: algunos verán en esto una gesta heroica de los honorables diputados y una muestra del encomiable esfuerzo en el cumplimiento del deber; otros, sin desmerecer el trabajo de la comisión, vemos con preocupación cómo un año de críticas y debate profundo se ven reducidos a una sesión trasnochada, irreflexiva y sometida a una presión inútil.

Las primeras críticas surgieron apenas se conocieron los borradores y minutas de la reforma a la educación superior, tanto de rectores como de académicos, expertos e incluso de políticos afines a la Nueva Mayoría. Éstas no se aplacaron cuando se presentó el mensaje presidencial para su tramitación en el Congreso; al contrario, se hicieron más fuertes a medida que se hacía más evidente que la reforma tendría efectos negativos en el desarrollo del sistema educacional. Pasaron nueve meses desde la presentación del proyecto y para tratar de destrabar su tramitación, el Gobierno presentó una indicación sustitutiva cuyos cambios cosméticos no generaron apoyo, ni siquiera entre los parlamentarios afines a su coalición. Muestra de ello es que, teniendo mayoría en la comisión respectiva, la idea de legislar fue rechazada, para luego aprobarse estrechamente en la sala.

En este contexto, en el que la necesidad de corregir la reforma resultaba evidente y el Gobierno tenía la oportunidad de abrirse al diálogo y la reflexión, se optó por hacer gala de una tozudez extrema forzando la votación en un plazo tan breve como ridículo.

Obviamente, el resultado fue el esperado. Se aprobó la gratuidad universal, sin considerar que significa destinar los pocos recursos fiscales a financiar la educación superior de quienes menos ayuda necesitan y que las propias universidades que han adherido a la política de gratuidad han advertido que avanzar en esa medida afecta la calidad de las instituciones por el déficit financiero que les provoca. Se crea una nueva subsecretaría, a la que se le entregan atribuciones que naturalmente corresponden a las respectivas instituciones de educación superior como fijar el valor de los aranceles y establecer las vacantes para cada carrera, afectando profundamente la autonomía que la Constitución les asegura. Se limita el carácter de contrapeso institucional que corresponde al Consejo Nacional de Educación, dejando en manos exclusivas de un Superintendente de carácter político la posibilidad de intervenir proyectos educativos. Se modifica el Sistema de Aseguramiento de la Calidad, haciendo caso omiso de las críticas que la propia Comisión Nacional de Acreditación hiciera y que apuntan a lo inconveniente de establecer modelos únicos de universidad. Estas son algunas de las medidas aprobadas entre gallos y medianoche.

Por último, como un verdadero boomerang, el Gobierno terminó siendo víctima de su propia urgencia al anunciar que tendría que requerir la intervención del Tribunal Constitucional ante la aprobación de una indicación de sus propios diputados que pone término al Crédito con Aval del Estado, sin el cual 800 mil jóvenes no habrían podido acceder a la educación superior.

 

Raúl Figueroa Salas, director ejecutivo Acción Educar

 

 

FOTO: DAVID CORTES SEREY/AGENCIAUNO