La elite ha preferido asumir que el cambio radical es la opción unánime. Subrayo que esto es una imposición que poco tiene que ver con la evidencia recolectada hasta ahora.
Publicado el 25.04.2016
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En un proceso tan delicado como es la redacción de una nueva Constitución se debe actuar de manera responsable. Esto incluye desde los contenidos hasta el mecanismo. En esta columna no me referiré al gobierno ni a los partidos, sino que a los especialistas que han interpretado los resultados de distintas encuestas de opinión. Es razonable que muchos intenten convencernos de que la idea de una nueva Constitución es una preferencia casi unánime para los chilenos. Intentaré discutir que esto no es necesariamente así, y que muchas de las conclusiones responden más al voluntarismo que a la adecuada interpretación de la evidencia. Mi ánimo no es argumentar en contra ni a favor de la nueva Constitución, sino que sólo mostrar la distorsión que produce una inadecuada lectura de los datos.

La última encuesta CADEM-Plaza Pública señala que el 72% está de acuerdo con generar una nueva Constitución. Como he discutido en otras columnas, esta pregunta mide cierta propensión al cambio, pero no pone en juego todas las opciones. Además, al pedir que los encuestados entreguen alguna razón para cambiar la Constitución, sólo un 14% se refiere a la falta de legitimidad del actual texto, y un 4% al equilibrio de poderes entre Ejecutivo y Legislativo. Los encuestados no mencionan las ideas que públicamente han esgrimido los defensores de la nueva Constitución en torno a las “trampas” del actual texto, pero sí aparecen aspectos que difícilmente serán resueltos por una nueva carta fundamental como lo son delincuencia, empleo o corrupción. Adicionalmente, un 28% dice que se debe cambiar la Constitución porque la vigente está desactualizada o es antigua.

La misma encuesta formula una pregunta que poco espacio tiene dentro de la discusión y, comprensiblemente, entre los defensores de la nueva Constitución. Me refiero a la siguiente: “Si se iniciara una revisión de la actual Constitución ¿usted cree que hay que modificarla en algunos aspectos o cree que hay que cambiarla por completo?” La mitad dice que se deben modificar “algunos aspectos”, mientras el que 40% cree que se debe cambiar “por completo”. La interpretación de estos datos contradice los resultados anteriores. Esto se explica porque en la pregunta se incluye la alternativa intermedia de reforma. Probablemente, estos resultados serían aún más abultados hacia el reformismo si se dieran dos condiciones: a) que el cuestionario no estuviese encabezado- al menos en este tema- por la postura a favor o en contra de la nueva Constitución. Es posible que los resultados de esta pregunta contaminen el resto del cuestionario, sobre-estimando las posturas de cambio radical. b) Que dentro de las alternativas que se sugieren, se incluya la opción “mantener la actual Constitución”. De esa forma tendríamos cubierta todas las opciones: los que no quieren cambios, los que quieren reformar la Constitución actual, los que quieren una nueva Constitución.

Hasta acá, y de acuerdo a estos datos, no está muy claro que la opción radical sea la predominante. De hecho, si existiera la posibilidad de plebiscitar estas alternativas, seguramente el reformismo saldría ganador. No obstante, y habiéndose saltado los esfuerzos para modificar la actual Constitución y establecer la posibilidad de ese plebiscito, la elite ha preferido asumir que el cambio radical es la opción unánime. Subrayo que esto es una imposición que poco tiene que ver con la evidencia recolectada hasta ahora.

Por último, la encuesta CADEM muestra que el 50% prefiere una Asamblea Constituyente y el 40% prefiere que sea el gobierno, Congreso y expertos quienes den forma al nuevo texto constitucional. Nuevamente, nos encontramos frente a un dilema en el fraseo de la pregunta. Dado que se da por hecho que tendremos una “nueva Constitución”, entonces es muy probable que estas cifras estén sobre-estimadas. Tales problemas metodológicos son de fácil solución. Sólo debemos incluir todas las alternativas disponibles. Por cierto, hay que respetar a quienes quieren mantener la actual Constitución. Estos insumos servirán de base para que los congresistas actuales decidan -por dos tercios- si aprueban o no el proyecto de reforma que enviará la Presidenta. Si este Congreso lo aprueba y habilita al próximo, entonces recién podremos discutir el mecanismo.

Legítimamente, los defensores de la Asamblea Constituyente creen que este es el mecanismo mayoritario. Una mirada más profesional, responsable y seria de la evidencia nos lleva, al menos, a ser más prudentes antes de emitir juicios.

 

Mauricio Morales, académico Facultad de Ciencias Sociales e Historia UDP.

 

 

FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI / AGENCIAUNO