La ciudadanía es la más apropiada para denunciar las dificultades y carencias de nuestra vida común, pero la solución a esas carencias y dificultades exige mediaciones y articulaciones que jamás surgen del tumulto.
Publicado el 04.07.2016
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Habiendo finalizado el plazo para realizar “encuentros locales”, y más allá de la (previsible) baja participación que pudo observarse en ellos, ¿qué lecciones cabe sacar de esta fase del proceso constituyente?

La primera lección, desde luego, dice relación con el Gobierno: todo indica que éste aún no toma nota de los errores cometidos al impulsar otras reformas. Es sabido que la prolijidad no ha sido la tónica ni en la esfera tributaria (donde se necesitó una reforma a la reforma), ni en el campo educacional (donde aún abunda la incertidumbre y ya acecha el fantasma de otra glosa presupuestaria), ni, en fin, en el ámbito laboral (donde la propia ministra del Trabajo anuncia un aumento exponencial de la judicialización). Por desgracia, el panorama no ha sido muy diferente en materia constitucional. Para notarlo, basta reparar en los problemas que han surgido al validar y subir las actas de los encuentros a la plataforma digital, o en la polémica sobre la privacidad de los datos personales de los participantes. Esto dista de ser anecdótico, pues no faltan quienes creen que aquí sólo se busca legitimar un resultado ya fijado de antemano y, por tanto, que al gobierno poco le importa registrar las opiniones de los ciudadanos. Quizás la acusación esconde cierta paranoia, pero si el Gobierno desea espantar esos temores y lograr un proceso representativo y convocante, el primer requisito es hacer bien las cosas. Y en eso, qué duda cabe, está muy al debe.

Pero las dificultades no se restringen al Gobierno. Una segunda lección consiste en que, al menos hasta ahora, la oposición no ha logrado superar su actuar errático en este debate. Su retiro “institucional” del proceso, bien vale recordarlo, fue muy discutido: piénsese en las declaraciones de Andrés Allamand y Andrés Chadwick, por un lado, y de Felipe Kast y Manuel José Ossandón, por otro.

Además, pocos días después de anunciarse dicho retiro, la Comisión Constitucional de Chile Vamos presentó un trabajo (muy interesante), que propone casi 80 modificaciones a la Carta vigente. Tal vez son planos distintos −una cosa es el discurso y otra las propuestas−, pero todo indica que acá existe una disonancia, que en su minutó captó bien el ministro Eyzaguirre (“quienes han sido más proactivos en proponer cambios ha sido precisamente la oposición”).

Digámoslo de este modo: la derecha necesita una narrativa política que responda al momento actual, pues de lo contrario su actuar no resulta comprensible. Ello exige, por cierto, notar que esta discusión no es técnica, al menos no primariamente. En Chile se instaló la pregunta por la justicia y la legitimidad de nuestras instituciones, y si la oposición quiere ser creíble y consistente, su discurso constitucional no puede desconocer esa realidad, menos cuando ella misma propone tal magnitud de reformas.

La última lección, quizás la más relevante, se refiere a lo que cabe esperar −y, sobre todo, a lo que no podemos esperar− de los encuentros locales. Independiente de la baja participación, el mayor déficit de esta fase ha sido la peculiar manera de recoger la voz de la ciudadanía. En efecto, dada la mecánica y el formato de los encuentros, dicha voz terminaba siendo un agregado cuantitativo de preferencias sin demasiado sentido −ni siquiera alcanza a ser una encuesta−, del cual muy difícilmente cabe obtener algo más que señales difusas. Así, éstas propiciarán tanto o más discusión que la experimentada hasta ahora.

Desde luego, escuchar a la población podría haber sido muy provechoso, pero siempre y cuando el ejercicio se orientara a conocer sus problemas, su visión (y antes que eso, su conocimiento) de la Constitución, qué conexión cree que existe entre ellos, etc.; y no a listar derechos o instituciones formulados en abstracto. Acá subyace un olvido muy profundo.

La ciudadanía de seguro es la más apropiada para denunciar las dificultades y carencias de nuestra vida común, pero la solución a esas carencias y dificultades exige mediaciones y articulaciones que jamás surgen del tumulto (entre otras razones, porque las demandas son múltiples y a veces irreconciliables, al menos en apariencia). A fin de cuentas, no es casual que existan partidos y parlamentos.

En ese sentido, y por paradójico que resulte, ignorar la importancia de la política ha sido el mayor defecto del proceso constituyente.

Claudio Alvarado R.

Investigador Instituto de Estudios de la Sociedad