Pero el problema de este gobierno no es que se sienta lejos del empresariado privado—después de todo, el empresariado en Chile tiene puesta la camiseta de la derecha y resultó perdedor en las últimas elecciones. El problema del gobierno es que en vez de promover mercados más accesibles y competitivos, ha creído que su tarea es hacer crecer el estado empresario.
Publicado el 28.06.2016
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Como el gobierno va camino a convertirse en la administración menos exitosa desde el retorno de la democracia en términos de crecimiento económico, se han consolidado las críticas de que la Nueva Mayoría tiene un sesgo anti empresarial. Pero el problema de este gobierno no es que se sienta lejos del empresariado privado—después de todo, el empresariado en Chile tiene puesta la camiseta de la derecha y resultó perdedor en las últimas elecciones. El problema del gobierno es que en vez de promover mercados más accesibles y competitivos, ha creído que su tarea es hacer crecer el estado empresario.

Cuando queda solo un año para las elecciones primarias que escogerán a los candidatos presidenciales de 2017, el legado del segundo gobierno de la Presidenta Bachelet ya está tomando forma. Si bien todos los gobiernos tienen luces y sombras, las sombras de este gobierno serán de largo plazo mientras que muchas de sus luces son solo fugaces.

Las reformas tributaria y laboral seguirán deprimiendo el crecimiento y el empleo por varios años. Ambas reformas han dejado tantos cabos sueltos que va a tomar varios gobiernos para terminar de corregirlos. A su vez, muchas luces del legado del gobierno serán efímeras. El principal legado de su reforma política será el aumento de diputados y senadores—una tan impopular como innecesaria. Con el nuevo sistema electoral, al aumentar el tamaño de los distritos y bajar las barreras de entrada, los partidos buscarán rostros de famosos para ahorrarse los altos costos de posicionar un nuevo nombre en los mega-distritos. A su vez, el mayor número de parlamentarios por distrito alimentará las aventuras solitarias y la fragmentación partidista.

La implementación de la reforma educacional que aspiraba a terminar con el lucro, la selección y el copago en la enseñanza básica y secundaria dependerá del próximo gobierno. La reforma para la gratuidad en la educación superior se está cayendo a pedazos incluso antes de que llegue el plazo autoimpuesto por el gobierno, del 30 de junio, en que debe presentar el proyecto de ley.

Pero el área más nítida del legado de Bachelet II está en su marcado sesgo anti-empresarial. Desde que intentó atraer apoyo a la reforma tributaria criticando a “los poderosos de siempre”, el gobierno de Bachelet ha dejado en claro que cree que los empresarios chilenos son parte del problema. En buena medida, este sesgo emana de la excesiva ideologización de un empresariado que no ha sabido defender los principios del libre mercado. La tibia reacción empresarial ante los casos de colusión—acompañado de una actitud casi cómplice con aquellos sobre quienes recaen las sospechas de incentivar o tolerar las prácticas de colusión—demuestra que el empresariado chileno predica y no practica.

Pero las fallas del empresariado chileno no debieran llevar al gobierno a equivocadamente creer que la solución es hacer crecer al Estado empresarial. Si hay problemas con las concesiones, el gobierno quiere que el Estado se haga cargo de la nueva infraestructura. Si el sistema de AFP necesita reformas, el gobierno propone la creación de una AFP estatal. Si la educación presenta problemas, el gobierno quiere estatizar los colegios. Sistemáticamente, la administración de Bachelet parece creer que todas las fallas de mercado se solucionan con la estatización.

En vez de dotar al Estado de herramientas de regulación que le permitan fortalecer mercados y mejorar la competitividad, el gobierno siempre evidencia su sesgo antiempresarial buscando remplazar los ámbitos de acción privada con un Estadoempresarial. Sería más efectivo diseñar incentivos positivos para inducir el crecimiento de un empresario aliado del crecimiento y a la innovación e incentivos negativos para reducir la influencia de los enemigos del libre mercado y la competencia.

Los gobiernos no debieran ser ni pro-empresarios ni anti-empresarios. El Estado debe regular la iniciativa privada de tal forma de inducir más competencia, generar más oportunidades y ampliar las libertades. El empresariado es un grupo de interés igual que los sindicatos, estudiantes, profesores o funcionarios públicos. Aunque tienen todo el derecho a defender sus intereses, el bien del país no siempre es sinónimo de lo que conviene al empresariado.

Pero así como el gobierno no tiene por qué se pro-empresario, tampoco debiera ser anti-empresario. Un gobierno que cree que los empresarios poseen demasiado poder no debiera buscar un nuevo balance quitando poder a los empresarios para dárselo al Estado. En una democracia capitalista que funciona para todos, el gobierno diseña instituciones e incentivos que fortalezcan los mercados. Un Estado regulador poderoso es clave para facilitar el crecimiento y consolidación de los mercados, pero un Estado empresarial es tan enemigo del libre mercado y de la competencia como una clase empresarial homogénea, poco porosa y demasiado poderosa.

Patricio Navia, #ForoLíbero

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