Ciertamente la pérdida de confianza en las instituciones es motivo de alarma. Pero es también obvio que, en un clima de mayor democracia, libertad de expresión y participación ciudadana, las instituciones y empresas están mucho más expuestas al escrutinio público.
Publicado el 12.11.2015
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Lo que comenzó como una serie de prácticas negativas de financiamiento político, se extendió luego a temas generales de evasión tributaria, tráfico de influencias y probidad pública, y luego a transgresiones graves por parte de algunas de las más importantes empresas del sector privado. El resultado parecería reflejarse en las encuestas recientes, que muestran la caída de la aprobación del gobierno, de los partidos y de las instituciones públicas, y también de las empresas en general, desatando lo que algunos califican como una crisis de confianza generalizada.

Sin negar que los hechos ocurridos en el campo de la transparencia y la corrupción son suficientes para causar alarma pública, es también innegable que ellos cayeron en terreno delicado: se instalaba un nuevo gobierno con un programa de reformas que incluían aspectos cruciales para la vida nacional, rechazados por algunos sectores; se preveía un crecimiento económico débil, que aunque pronosticado desde hace tiempo, limita las posibilidades de llevar adelante en tiempo breve esos proyectos; se levantaba la demanda difusa y a veces contradictoria de diversos sectores sociales -la calle- en pos de cambios de gran envergadura; crecía el temor ciudadano por la seguridad pública; todo lo cual se une a una percepción previa y generalizada de una relación inadecuada entre dinero y política y al acento negativo de la prensa, cada vez más enfocado al disenso por sobre la búsqueda de acuerdos.

“Qué mala suerte que todas estas cosas se hayan juntado”, dicen algunos. “Falta de liderazgo”, exclaman otros. Para quien no cree en la mala fortuna como causante de los asuntos públicos, ni en los líderes providenciales para deshacer entuertos, creo que mas allá de una coyuntura compleja, estamos frente a un real momento de cambio, en que las fórmulas y políticas aplicadas en un pasado reciente parecen insuficientes e insatisfactorias y es preciso construir nuevos consensos nacionales que den cuenta de esta nueva situación.

El ciclo político y económico que se inauguró en Chile hace más de un cuarto de siglo, con el advenimiento de la nueva democracia, ha llegado a su fin. Algunos ideólogos o políticos hablaron de él como transición. Absurdo término para calificar el periodo más exitoso de nuestra historia, en que nuestro PGB se hizo varias veces mayor que entonces, llevando nuestro ingreso per cápita a los más altos de la región; en que la pobreza se redujo de más de 40% a sólo un dígito; en que se produjo la más grande expansión de nuestra infraestructura; en que se amplió sustantivamente nuestra apertura al mundo y nuestra inserción internacional; en que nuestra población universitaria se ha multiplicado por cuatro; en que hoy predomina una plena libertad de expresión y el respeto de los derechos humanos, con un mucho mayor acceso a la justicia, en que las instituciones democráticas se han fortalecido, en que pasamos de un gobierno militar autoritario y de la subsistencia de enclaves autoritarios a una presencia normal de las Fuerzas Armadas en la vida nacional.

Todo esto parece imponente. Pero no es reafirmando nuestros éxitos como conseguiremos salir de esta situación, sino más bien reconociendo que hubo aspectos fallidos en ese proyecto nacional anterior, así como asuntos y demandas nuevas que surgen precisamente de su éxito; es sobre esas carencias, que se manifiestan en demandas ciudadanas, que podemos construir políticas que permitan superar la situación actual.

Esas realizaciones fueron parte de lo que llamamos un proyecto nacional. Aunque fue inicialmente la propuesta de una parte de la sociedad, se impuso al conjunto de ella. Hoy nadie proclama la democracia autoritaria, la continua reducción del tamaño del Estado o la doctrina del derrame para reducir la pobreza. Nadie niega las violaciones masivas de los derechos humanos cometidas en el régimen militar. Nadie dice que América Latina no importa y que tenemos que relacionarnos con países lejanos que comparten nuestra visión económica.

Vivimos una nueva etapa de nuestra historia, aunque como en toda sociedad convivan las nuevas realidades con las herencias y vacíos del pasado. En otros términos, gracias a nuestros éxitos vivimos en un Chile diferente, que es ahora insatisfactorio para muchos, especialmente para quienes nunca conocieron el anterior.

Un buen ejemplo está en la educación superior. En las últimas dos décadas y media, el esfuerzo de este país puso a más de un millón de jóvenes en las puertas de la Universidad. Como era de esperar, el tamaño de la educación superior aumentó sideralmente. No todos pudieron entrar, hubo algunas universidades de poca calidad, algunos vieron en esa explosión un negocio lucrativo y los costos para todos los estudiantes crecieron. Todas esas fallas parecieron importar poco al comienzo. Pero con el crecimiento del alumnado -y de la democracia-, las exigencias de gratuidad y fin del lucro se hicieron no sólo justas, sino imparables. Y el ser dueño de una Universidad, de ser un mérito para ejercer cargos en el sistema educacional, pasó a ser motivo de incompatibilidad.

¿Cuáles son las demandas insatisfechas de la sociedad, en torno a cuya solución es preciso forjar nuevas políticas y nuevos acuerdos? Imposible hablar de todas ellas. Pero hay un concepto común que todos aceptamos: Chile es un país más desarrollado y más democrático que hace 25 años; pero sigue siendo un país tremendamente injusto. La desigualdad es la principal deficiencia del nuevo Chile: tenemos un ingreso per cápita que el FMI fija hace poco en más de 23.000 dólares. Cada chileno estaría recibiendo un ingreso cercano a 1 millón 200 mil pesos mensuales y una familia promedio viviría con cerca de cinco millones. Pero la verdad es otra: más de dos tercios de los trabajadores del país gana menos de 400 mil. Menos de 10% de los hogares chilenos disfrutan de un ingreso per cápita igual o superior al promedio del país, mientras muchos más (incluyendo la  mayoría de los que han dejado recientemente la pobreza) están incluidos en los que Nancy Birdsall y Nora Lustig han llamado “strugglers” (luchadores), pertenecientes a hogares que sin ser técnicamente pobres viven con menos de 10 dólares diarios.

Además, hay una clara desigualdad en los servicios sociales, que podrían atenuar la desigualdad. Ellos son de mucha mayor calidad en el sector privado que en el público. Si a esto agregamos factores como la discriminación de raza o de género, entendemos el sentido de decir que no somos un país pobre, sino un país injusto.

He mencionado esta insatisfacción porque es lo que fundamenta gran parte de la acción del actual gobierno y tres de sus reformas fundamentales: la educacional, la laboral y la tributaria. Pero existen otros servicios públicos, como la salud, la vivienda, la previsión social y la seguridad pública, en los cuales también la diferencia de atención es enorme. A mi juicio, el debate, y hasta la búsqueda de consensos, debe centrarse en estos temas; porque si no hacemos cambios en nuestra estructura tributaria, en nuestra educación y en nuestras relaciones laborales, con muchos discursos creativos acerca de la desigualdad no resolveremos el problema.

Hay, sin embargo, dos consideraciones que es preciso tener en cuenta cuando se enfrentan estas realidades.

La primera es que para llegar a superar esos problemas, el país requiere de un crecimiento económico sostenido, como el que tuvo en gran parte de las décadas anteriores; un manejo adecuado del balance delicado que siempre existe entre el crecimiento económico, el gasto público y distribución, que impida desalentar la inversión productiva y la actividad empresarial, es asunto de la política y a él deberíamos dedicar parte importante de nuestro diálogo y nuestro esfuerzo.

La segunda es que existen otras demandas ciudadanas que también forman parte de la “nueva agenda” de muchos chilenos y chilenas. Entre ellas, la demanda de seguridad pública, que no puede ser desatendida ante el clamor de muchos ciudadanos. Y la pregunta de si las instituciones a cargo de la prevención, la investigación, el procesamiento, la administración de justicia y la rehabilitación, realmente funcionan, es plenamente válida.

También está la demanda de plena ciudadanía que viene con el crecimiento de la democracia, que incluye la participación, el fortalecimiento de las instituciones y la transparencia en la gestión del gobierno y también de los que administran los recursos y el mayor poder en la sociedad.

En ese marco, los temas de la fiscalización y la regulación de las acciones del gobierno, de las instituciones y de las empresas públicas y privadas han dejado, hace tiempo, de interesar solamente a sus principales actores, para convertirse en asuntos de atención pública general.

El proceso que se vive en nuestros países en los últimos años tiene también mucho que ver con la democracia, como expresión de la ciudadanía, que también se proyecta a la exigencia de una mayor transparencia y de un fuerte rechazo a la corrupción; también tiene que ver con las insuficiencias institucionales de nuestros países y con una actitud de reticencia de muchos de nuestros gobernantes para aceptar una verdad muy simple: que la accountability, entendida como la obligación de toda autoridad de dar cuenta pública y asumir responsabilidad por todas sus actuaciones, no es un obstáculo que es preciso superar, sino un rasgo característico de su democracia.

Ciertamente la pérdida de confianza en las instituciones es motivo de alarma. Pero es también obvio que, en un clima de mayor democracia, libertad de expresión y participación ciudadana, las instituciones y empresas están mucho más expuestas al escrutinio público. Los estándares de transparencia a los que debe someterse, por consiguiente, se hacen mucho más exigentes. En esas condiciones, la indisposición a la accountability es castigada severamente, con la ayuda de la prensa y la participación de todos los ciudadanos.

Mucho de lo anterior deben hacerlo las propias empresas. Pero al mismo tiempo deben prepararse para aceptar marcos jurídicos más exigentes, que impongan reglas mínimas de gobernanza a las empresas, muy especialmente a aquellas tan ligadas al servicio público, como Isapres y AFPs y que, a la luz de recientes desarrollos, castiguen de manera ejemplar el fraude y la colusión.

Como todo proyecto exitoso, el nuestro fue producto de consensos políticos importantes, nacidos de la experiencia anterior y de las realidades del momento que se vivía. Esos consensos no son necesariamente escritos, aunque inspiren cambios institucionales; muchas veces son acuerdos tácitos, que aunque se expresan de manera relativa en distintos actos del gobierno o las fuerzas políticas y sociales, permiten al país avanzar en ciertas direcciones.

Pero un proyecto nacional no está destinado a durar muchos años, sino a llevar al país a transitar por el cumplimiento de determinados objetivos, hacia una nueva realidad. La verdad es que hoy existen en Chile desafíos nuevos; no son completamente nuevos, ni se han superado plenamente los anteriores. La vida real nunca está hecha de modelos perfectos. Pero la desigualdad o la violencia ocupan hoy una prioridad mayor, precisamente porque son problemas graves de nuevos tiempos. También las ideas de transparencia y acceso a la información pública toman una importancia trascendental para lograr reconstituir las confianzas y recobrar la legitimidad perdida. Forjar consensos generales sobre estos temas, no significa maniatar la política, ni retardar las transformaciones necesarias. Simplemente significa hacerlas posibles y perdurables en una nueva era.

 

José Miguel Insulza, Foro Líbero.

 

 

FOTO: FELIPE FREDES FERNANDEZ/AGENCIAUNO