Reducir los delitos requiere de un gobierno decidido y con carácter para liderar esta tarea. Es hora de dejar a un lado las excusas y asumir el liderazgo que la ciudadanía demanda y exige.
Publicado el 14.01.2016
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Tras los indicadores dados a conocer esta semana por la Fundación Paz Ciudadana, que dan cuenta de un nuevo aumento de la delincuencia, es hora de decir unas cuantas verdades por más ronchas que puedan sacar en las autoridades.

Lo primero es asumir que cuando se improvisa es imposible obtener resultados. El gobierno de la Presidenta Bachelet falló profundamente en el diseño de su programa pensando que con las reformas tributaria, educacional y laboral tendría cautiva a la ciudadanía. Olvidó que, aunque la delincuencia no sea rentable políticamente, es lo que más afecta la calidad de vida de las personas. Primer gran error. Si bien esa conclusión obedece a un cálculo político, delata una falta de visión y sintonía con las demandas de la ciudadanía.

El segundo gran error, qué duda cabe, fue llegar a La Moneda con la idea de que había que refundar nuestro país, desconociendo todo lo avanzado en el combate a la delincuencia: modernos sistemas de análisis delictual, compromiso de las autoridades centrales y locales, convenios firmados para unificar las bases de datos de todas las instituciones que componen la cadena de persecución penal (policías, Ministerio Publico, Gendarmería, Registro Civil, etc.), por ejemplo. ¿Qué pasó entonces? Sencillo, todo lo que oliera a gestión de la administración anterior había que fulminarlo. Es lo que se conoce como la pequeñez política.

Tercero, el garantismo exacerbado de la izquierda política en nuestro país que asegura que la delincuencia se explica sólo por un problema estructural de la economía, la pobreza y la falta de oportunidades. Podríamos debatir largamente sobre ello, pero no es el objetivo de esta columna. Pero se los concedo, ciertamente puede tener una incidencia significativa. Sin embargo, desde que el Partido Comunista deambula por los pasillos de La Moneda, falta actitud y determinación para adoptar medidas.

Sólo un ejemplo, ¿cómo es posible que por un dogmatismo trasnochado aún no seamos capaces de entregar a nuestras policías una herramienta tan importante como el control de identidad preventivo? Vulnera los Derechos Humanos, arguyen desde la izquierda. ¿Y dónde quedan los mismos derechos de miles de personas que han sido víctimas de la delincuencia y de los millones de chilenos que han debido cambiar sus rutinas de vida por el temor a ser asaltados?

Con todo, aún es tiempo de dar un giro y generar los cambios necesarios para asumir la responsabilidad que constitucionalmente les cabe a las autoridades. El ejecutivo debe concentrar sus esfuerzos en supervisar y sancionar a las personas que cometen delitos y que constituyen un peligro para la sociedad, encontrando a los culpables, enfocando el trabajo policial en los lugares y a la hora donde ocurren los hechos, mejorando las primeras diligencias policiales y la investigación para contar con pruebas científicas que permitan llevarlos a la Justicia.

En la lucha contra la delincuencia no hay atajos, reducir los delitos requiere de un gobierno decidido y con carácter para liderar esta tarea y que todas las instituciones vinculadas con la prevención y persecución desplieguen con calidad un conjunto diverso de políticas de prevención y control bien diseñadas y focalizadas, incluyendo la rehabilitación y reinserción. Es hora de dejar a un lado las excusas y asumir el liderazgo que la ciudadanía demanda y exige.

 

Cristóbal Lira, ex subsecretario de Prevención del Delito.

 

FOTO: VÍCTOR SALAZAR M./AGENCIAUNO