Los propios colaboradores de la Presidenta alimentaron una hoguera que hoy amenaza con llegar hasta ella misma.
Publicado el 31.05.2015
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En una sucesión de errores verdaderamente inexplicables, el gobierno ha ido quedando en una posición imposible de sostener respecto del financiamiento del proyecto presidencial de la Presidenta Bachelet en la segunda ocasión que presentó su postulación a La Moneda. En los últimos meses ha quedado en evidencia que, a contar del llamado acuerdo Lagos Longueira, la política progresivamente fue buscando fuentes de financiamiento que abarcaran más de lo que la ley permite, tanto en relación con los plazos de campaña, como de los montos permitidos. No se trata de la acción individual de unos pocos candidatos, ni de un sector en particular; es un fenómeno internacional que se explica en buena medida por el incremento del costo de las campañas y nosotros no estamos ajenos a esa tendencia.

Varios factores han incidido en que la investigación, que partió a propósito del denominado caso Penta, haya sido procesada por los medios de comunicación y la opinión pública como el descubrimiento de una práctica generalizada de corrupción. El concepto de boletas “ideológicamente falsas”, instalado por el equipo de Fiscales, contribuyó a consolidar el aire delictual de conductas cuya verdadera calificación jurídica está muy lejos de establecerse todavía, puesto que corresponde a los Tribunales de Justicia hacerlo y no a los intervinientes del proceso penal.

La imprevisión respecto de la profundidad que alcanzaría la investigación y la ansiedad que evidenciaron algunos actores políticos, cuya experiencia no guardaba relación con las responsabilidades que ejercían, los llevaron a hacer declaraciones, fijar posiciones e incluso filtrar información con objetivos menores, que no solo aumentaron el ambiente de escándalo, sino que fueron quitando capacidad de movimiento a la Nueva Mayoría y luego al propio gobierno.

En una verdadera tragicomedia de equivocaciones, los propios colaboradores de la Presidenta alimentaron una hoguera que hoy amenaza con llegar hasta ella misma. Lo insólito es que, producto de la presión que en su momento se ejerció para “llegar hasta las últimas consecuencias” en contra de los parlamentarios de la UDI y Andrés Velasco, desde el gobierno se fueron encerrando en sus propias palabras y cuando las investigaciones se empezaron a acercar optaron por entrar en el camino de la negación de hechos que ellos mismos habían condenado, exagerando jurídica y políticamente su importancia.

Así, desde el mismo gobierno y sus partidos, fueron llevando progresivamente a la Presidenta a un rincón del que hoy parece difícil que logre salir indemne, especialmente considerando que está en el momento de mayor debilidad, atendida la caída en su credibilidad que le produjo el caso Caval.

Desde todos los sectores se levantan voces de personas con experiencia que piden lo evidente: que se haga un reconocimiento de la verdad, una verdad que a estas alturas es bastante obvia para la opinión pública. Este debiera ser un gesto sincero y transversal, la Nueva Mayoría no puede seguir creyendo con una mezcla de soberbia y miopía que puede diferenciarse de la derecha y tratar de salvar “su” estantería. Así como Francisco Vidal justificó el financiamiento que Chile 21 recibió de SQM diciendo que hay veces en que es necesario cerrar los ojos, parece que llegó el momento de asumir que, para sacar a la Presidenta del rincón, tendrán que volver a cerrarlos y renunciar a la pretendida superioridad moral que la izquierda siempre ha reivindicado respecto de sus adversarios.

Es obvio que la campaña de la Presidenta Bachelet comenzó antes de que empezara el periodo legal; que su equipo obtuvo financiamiento de las empresas para ello; que lo hizo bajo el mismo esquema de entrega de boletas o facturas; que ella sabía en términos generales lo que se hacía; pero también es obvio que todo esto se hizo sin ánimo de enriquecimiento personal; que fue una práctica progresivamente adoptada por el sistema en su conjunto; que los políticos que lo hicieron no tenían el ánimo de defraudar al Fisco; que tras todo esto lo que hubo fue un sistema impropio de financiamiento de la actividad política, pero no de cohecho.

Es demencial pensar que podemos poner en riesgo la estabilidad de nuestra democracia, la legitimidad de un gobierno elegido por amplia mayoría y que generemos las condiciones para que cualquier populista –corrupto de verdad- termine aprovechando esta coyuntura para levantarse como opción contra todo el sistema político.

Aunque duela a muchos, Jovino Novoa tenía toda la razón cuando dijo al comienzo de esta historia que el “que se vayan todos es el eslogan de los irresponsables”.

Parece llegado el momento de abandonar la estrategia de administrar la contingencia judicial, dejando de mirar los cinco centímetros que hay adelante, olvidarse de buscar ventajitas pensando en la próxima elección y, como en las películas, pararse cual testigo frente a los jurados a decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad. A partir de ahí encauzar un funcionamiento racional de las instituciones, rescatar la institución de la Presidencia de la Republica del rincón absurdo en el que está y volver a la normalidad de un país que se conduce con menos grandilocuencia ideológica y más del humilde realismo que hace tan bien.

 

Gonzalo Cordero, Foro Líbero.

 

 

FOTO: PEDRO CERDA/AGENCIAUNO.

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