No deja de ser preocupante que en nuestro país sólo el 29% de quienes tienen capacidades diferentes y son productivos, cuentan con trabajo remunerado.
Publicado el 07.12.2014
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Como siempre lo ha hecho, la Teletón logró la meta propuesta. No sólo monetaria, sino la más importante: el Capital Social obtenido en este titánico esfuerzo que aúna corazones y voluntades. Se ha hablado incansablemente de las críticas a las empresas y “rostros” televisivos que figuran, del rol del Estado, del rol de los privados, de si la sociedad civil debiera tener un lugar tan protagónico en la solución de desafíos sociales de este tipo, etc. Pero, por más que encontremos mil explicaciones, lo cierto y real es que son más de 90 mil personas (la mayoría, niños y jóvenes) las que han podido rehabilitarse gracias al tratamiento integral que han recibido en la Teletón.

Sin embargo, ¿qué sucede después con estas personas de capacidades diferentes? Luego de haber vivido su niñez y adolescencia luchando por superarse, por alcanzar el máximo de sus potencialidades, por no dejarse vencer, probablemente cuentan con talentos y virtudes que les permitirían hacer aportes significativos a cualquier equipo de trabajo y empresa.

Entonces, no deja de ser preocupante que en nuestro país sólo el 29% de quienes tienen capacidades diferentes y son productivos, cuentan con trabajo remunerado. El promedio de los países de la OCDE es 44%, que sigue siendo una cifra baja. Ahí tenemos un gran desafío. Un desafío para los empresarios, que deben abocarse con seriedad a la implementación de políticas inclusivas, las que deberían ser medidas masivamente en rankings que premian la calidad de vida laboral de las empresas. Hoy día, gracias a las posibilidades del teletrabajo, no hay excusas para no hacerlo.

Pero también es un desafío para las autoridades, que deben cumplir su rol mejorando el sistema público de transporte que haga posible el traslado en la práctica y no en teoría. Que incentiven la contratación de personas con capacidades diferentes, que flexibilicen la normativa laboral que impide con su rigidez una mayor inclusión. Y, por último, es un desafío para la sociedad civil, necesitada de un cambio cultural humanizador. Para que como comunidad nos tratemos como iguales, nos tendamos una mano, nos respetemos y valoremos el aporte único de cada uno de nosotros. La capacidad de aceptar al otro de corazón y de convivir en paz, en medio de las diferencias, es quizás la mayor deuda social que tenemos. A la que realmente deberíamos apuntar nuestros esfuerzos e intentar subsanar.

 

José Antonio Garcés, Presidente USEC.

 

 

FOTO: JAVIER SALVO/ AGENCIAUNO