Los empresarios chilenos deben cambiar el eje, pasando desde la idea de estrujar a sus clientes, a una donde la finalidad sea un cliente satisfecho.
Publicado el 03.02.2015
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En Chile muchas empresas se perciben como abusivas y una seguidilla de escándalos alimenta dicha percepción. Dicho descontento ciudadano es funcional a los discursos más radicales en la izquierda y colabora con el Gobierno y la Nueva Mayoría, que han demostrado querer seguir adelante con reformas fuertemente influenciadas por visiones igualitaristas y estatistas.

Asumiendo la posibilidad de un segundo gobierno de la Nueva Mayoría, la pregunta clave es ¿qué se va a reformar después? Basta leer la prensa de los últimos años y revisar proyectos de ley para teorizar: las Isapres y AFPs. Las empresas extractivas de recursos naturales y las proveedoras de servicios básicos podrían constituir otro frente. Tampoco sería extraño que algo se hiciera respecto al retail, el mercado de valores y la banca. En fin, la vieja historia.

Los efectos de estas potenciales reformas, que pueden incluir el término de algunas de dichas industrias como hoy las entendemos, se medirán según el nivel de radicalización de los reformadores y, por supuesto, por la capacidad de respuesta de las distintas industrias en el ojo del huracán.

¿Qué tienen en común estas industrias cuestionadas? La búsqueda de maximización de utilidades a corto plazo que las ha llevado a cometer errores que van desde los comunicacionales, la interpretación abusiva de la legislación vigente y, en limitados casos, delitos. Dichos errores han puesto en riesgo su sustentabilidad de largo plazo. Ejemplos hay varios: basta recordar las mediáticas luchas entre Isapres y clientes por la negativa de éstas a cubrir enfermedades raras, humanamente terribles y cuya cobertura no produciría efectos financieros relevantes; las cláusulas catalogadas de abusivas, nulas y repactaciones unilaterales relativas a tarjetas de crédito del retail; el caso Penta, el caso Cascadas y la reciente acusación del organismo regulador del mercado de valores de los Estados Unidos (SEC) a ejecutivos chilenos por uso de información privilegiada. Qué decir de las acciones excepcionales en un contexto sistémico, pero comprobadamente ilegales de la gerencia de La Polar descubiertas el año 2011.

Los ejemplos descritos pertenecen al tipo de acciones que gerencias y directorios han considerado efectivos para obtener mejores resultados financieros, pero que probablemente no han aumentado sus utilidades en forma sustancial. Lo que sí han logrado es un rechazo generalizado de la ciudadanía y la creación de una justificación para un regulador ansioso de cambios y especialmente reactivo a los escándalos.

Pero esta situación no sólo se circunscribe a Chile. La académica estadounidense Lynn Stout ha demostrado que la denominada “primacía de los accionistas” ha producido a nivel internacional que las gerencias centren su accionar en obtener ganancias de corto plazo a expensas del rendimiento a largo plazo, desalentando la inversión y la innovación, perjudicando a los empleados, clientes y comunidades e incurriendo en conductas empresariales imprudentes y socialmente irresponsables.

Pero ¿por qué estas compañías están dispuestas a poner en riesgo la sustentabilidad de sus negocios a cambio de ganancias? La razón es simple: al parecer el empresariado decidió olvidar que en más de una ocasión de nuestra historia, el Estado Chileno ha actuado en contra de sus intereses y que tiene el poder para volver a hacerlo. Asimismo, se vieron fuertemente influenciados por la tendencia internacional, enseñada en muchas escuelas de negocios y practicada en los países más ricos del mundo. Como consecuencia de ello, no incluyeron el concepto de sustentabilidad, pero sí fuertemente el de generación de utilidades de corto plazo, como parte integrante de una cultura empresarial iniciada tras el retorno a la democracia.

Son varios los incentivos en sus estructuras que lo demuestran: propietarios y directorios que exigen utilidades, gerencias que basan parte importante de su ingreso anual en bonos de fin de año que se otorgan sobre la base de resultados vinculados a la generación de utilidades y el hecho de que un porcentaje no menor de las acciones de dichas empresas se encuentren en manos de inversionistas bursátiles que buscan obtener altas rentabilidades de corto plazo y que como consecuencia de ello, exigen utilidades.

Los empresarios chilenos deben cambiar el eje, pasando desde la idea de estrujar a sus clientes, a una donde la finalidad sea un cliente satisfecho. Asimismo, deben buscar mecanismos que les permitan considerar la opinión de grupos de interés que abogan por ser considerados. Si la empresa se constituye en un punto de encuentro donde interactúan propietarios, clientes satisfechos, empleados comprometidos y grupos de interés relevantes, todos defenderán dicho punto de encuentro (la empresa) del regulador. Ello colaborará con la sustentabilidad de empresas que hoy enfrentan el riesgo de ser gravemente afectadas por cambios propuestos desde el Gobierno y desde sus bancadas parlamentarias. Abogar por sustentabilidad y no por maximización de utilidades es la decisión estratégica correcta, pues si una empresa deja de existir, con ella también desaparecerán sus utilidades.

 

Felipe Álvarez, abogado UC y Estudiante de Magíster en Políticas Públicas, Universidad de Oxford.

 

 

FOTO: FELIPE FREDES F/AGENCIAUNO