El drama del aborto voluntario al comienzo del embarazo no debe ser abordado con el rigor del Derecho Penal, sino en el contexto de una política pública favorable a la natalidad, el embarazo y el cuidado de los niños.
Publicado el 29.01.2015
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No deja de sorprender la pasión que despierta la despenalización del aborto voluntario en tres hipótesis: peligro grave para la salud de la madre, violación e inviabilidad del feto. El tema, con mucha facilidad, escala de la realidad a los “principios” y cada cual se atrinchera bajo su pabellón de combate.

Me tocó presenciar, durante el exilio, un debate similar en Italia cuando en 1981 se convocó un referéndum popular para derogar una ley de 1979 que permitía el aborto durante los tres primeros meses de embarazo, promovido por el Movimiento por la Vida. Sólo se reconocía el aborto terapéutico. Al final de la campaña tuvo lugar el atentado a Juan Pablo II durante un encuentro en favor de la derogación de la ley en la Plaza de San Pedro. Pese a ello, el 68% de los votantes se pronunció en contra de la propuesta y en favor de mantener la ley.

Los argumentos de hoy son los mismos de hace 30 años. Con la diferencia que los contrarios a la interrupción del embarazo admitían entonces el aborto terapéutico. Lo que no ocurre entre nosotros. También resulta paradojal que los sectores más conservadores de España estuvieron en favor de la propuesta del ministro Ruiz-Gallardón de restringir las causales de aborto acercándose a la propuesta del gobierno chileno, ministro que perdió el cargo por el rechazo que la idea tuvo dentro del propio Partido Popular. Las fuerzas progresistas en Chile coinciden con lo sostenido por el gobierno de Rajoy.

La discusión sobre el aborto debe descender del plano ético a la realidad social y humana. Los últimos estudios hablan que en el país se practican en promedio 15.000 abortos anuales, antes se hablaba de una “caja negra” estimada en 100.000. Más allá de estas cifras, hay una realidad innegable, que además está atravesada por las inequidades sociales: una mujer con recursos puede viajar al extranjero para abortar, una sin ese dinero debe recurrir a métodos clandestinos.

El embarazo es un estado exclusivamente de las mujeres. En el embarazo se produce una transformación profunda de la vida biológica y síquica de la madre. Ellas son las primeras llamadas a opinar sobre el tema. Y las matronas lo hacen con conocimiento de causa. Prueba de ese reconocimiento son los programas de anticoncepción y la píldora del día después. Es la llamada maternidad responsable.

La discusión se suscita cuando la mujer rechaza el embarazo. Es lógico que el Estado proteja la vida humana desde la concepción. La pregunta es ¿cómo debe hacerlo?, y si puede pasar a llevar la voluntad de la que alberga en su seno el germen de esa vida. ¿Es la maternidad un hecho meramente biológico donde no interviene para nada la voluntad de la madre? ¿Se la puede forzar a llevar adelante un embarazo no querido? Son todas interrogantes difíciles de responder.

La mayoría de los países -más allá de las disquisiciones científicas, filosóficas o religiosas- han buscado soluciones prácticas.

En primer lugar, se sanciona penalmente el aborto provocado contra la voluntad de la mujer. Nadie puede decidir por ella.

En segundo lugar, se ha quitado la sanción penal para el aborto voluntario dentro de los primeros meses del embarazo, en el entendido que es la mujer la llamada a decidir libremente sobre la maternidad y que la sociedad debe acompañar y respaldar esa decisión, prestándole toda la asistencia sicológica y social necesaria. Esta libertad es reconocida en la mayoría de las legislaciones durante los primeros tres meses de gestación, siguiendo una tradición que se remonta a Aristóteles, Hipócrates y Santo Tomás, que distingue distintas etapas en la evolución del embrión y del feto: vegetativa, sensitiva y síquica.

Esos mismos países, reconociendo el pluralismo cultural de sus sociedades, han admitido la objeción de conciencia para el personal médico que pueda intervenir ante un requerimiento de aborto. Esa objeción de tipo personal puede llegar a ser de todo un establecimiento hospitalario que tenga una clara definición en favor de la vida.

Lo que varía en las legislaciones es el período en que la mujer puede decidir sobre su embarazo, el tipo de asesoría a la cual debe someterse antes de tomar una decisión y la libertad de las jóvenes menores de 18 años para optar sin el conocimiento de sus padres.

Entre nosotros se discute autorizar el aborto sólo en tres casos que deben estar claramente acreditados, retomando la legalización del aborto terapéutico durante el gobierno de Ibáñez en 1931 con el artículo 119 del Código Sanitario, derogado al final de la dictadura.

Si la salud de la madre está en peligro, en principio no cabría objeción. Santo Tomás no dudaba en autorizar el aborto por aplicación del tradicional principio ético del doble efecto: lo que el médico busca es la salud de la mujer y a consecuencia de ello puede resultar el término del embarazo. Aquí el punto de fricción se produce al definir qué se entiende por “salud”: algunos temen que el concepto tomado de la OMS sea tan amplio, que comprenda el equilibrio mental u emocional, y por esa vía se llegue en los hechos a permitir el aborto en general.

La segunda causal es la violación. Habría que ver cómo se la acredita y quién es el llamado a establecerla. Esta causal es discutida por algunos, incluso médicos, que ven la gravidez principalmente como un hecho mecánico fruto de un determinismo biológico.

La última causal es la inviabilidad del feto, es decir, cuando hay certeza médica de que el niño, una vez nacido, no vivirá, siempre con el consentimiento de la mujer. En este caso, como en la ley que regula los trasplantes de órganos, se acepta un dictamen médico como certificado suficiente de la muerte actual del feto o su incapacidad cierta para sobrevivir en un futuro cercano.

¿Quiere ello decir que el aborto es algo “bueno” o “deseable”? Ciertamente no lo es. Siempre será el fruto de una decisión compleja tomada en circunstancias particularmente difíciles, incluso dramáticas, en una sociedad que dice valorar la vida sólo como un enunciado de tipo general, pero donde la maternidad no encuentra el respaldo y la valoración suficientes, pese a los avances del permiso pre y postnatal. El drama del aborto voluntario al comienzo del embarazo no debe ser abordado con el rigor del Derecho Penal, sino en el contexto de una política pública favorable a la natalidad, el embarazo y el cuidado de los niños. ¿Alguien se atrevería a denunciar a una mujer por aborto para que sea llevada ante los tribunales y encarcelada? ¿No parece una conducta poco humana? En el proyecto de nuevo Código Penal presentado por Sebastián Piñera se contemplaba una eximente general de responsabilidad penal para la mujer por consideraciones sociales.

¿Puede ser la adopción la solución para el embarazo no deseado? Sólo en ciertos casos. Por cierto que debe ser estimulada. Pero no se puede ocultar el drama que vivirá la madre que se desprende para siempre de un hijo nacido vivo, o del padre en su caso. El otro drama es el de la pareja estéril, que tiene derecho a la inseminación artificial.

Discutamos del embarazo y el aborto con seriedad, mirando la realidad del país. La premisa es favorecer la maternidad y brindarle amparo, protección y derechos a la mujer embarazada. La Constitución no zanjó el punto, lo entregó en manos del legislador. Al final de un debate parlamentario que no será sencillo y donde muchos legisladores votarán en conciencia, ¿por qué no consultar al pueblo mediante un plebiscito? ¿No sería más legítima la solución que se encuentre? Para ello bastaría con autorizar el plebiscito mediante un cambio constitucional.

 

José Antonio Viera-Gallo, Foro Líbero.

 

 

FOTOS:JUAN GONZALEZ/AGENCIAUNO