Columnas de opinión es presentado por:
Publicado el 25 de octubre, 2017

El zar del consumo

El cúmulo de facultades, poderes y atribuciones entregados al Sernac resultan incompatibles con el adecuado ejercicio de sus funciones, y para el cumplimiento de la misión institucional: proteger los derechos de los consumidores.
Recibe en tu correo Lo mejor de la prensa
Suscribirse

El Senado ha aprobado el proyecto de ley que busca fortalecer las atribuciones del Servicio Nacional del Consumidor. Luego de casi dos años de debate, la Cámara Alta despachó una iniciativa que, aun cuando fue perfeccionada de manera importante respecto a lo aprobado por la Cámara de Diputados, mantiene ciertos vicios, en especial en lo relativo al cúmulo de atribuciones alojadas en un órgano unipersonal.

El proyecto de ley, a través del otorgamiento de facultades fiscalizadoras, sancionatorias, interpretativas de la ley y normativa respecto de los proveedores, además de conservar y fortalecer la representación judicial y extrajudicial de los consumidores afectados en intereses colectivos, pretende situar al Estado como protagonista casi exclusivo del Sistema Nacional de Protección al Consumidor. Esto, debido a que será el Sernac el órgano que concentrará la mayor parte de las atribuciones que equilibran el sistema, en desmedro de otros actores relevantes, como lo son organizaciones de la sociedad civil o incluso los propios consumidores, en cuanto al acceso directo a la defensa de sus propios intereses.

Lo anterior se verá plasmado en el otorgamiento de importantes recursos para el financiamiento de sus nuevas atribuciones, partiendo por un importante aumento en la dotación de personal. En concreto, el nuevo Sernac tendrá un costo en régimen superior al doble del costo actual del Servicio, dentro de lo cual se incluye la triplicación de la planta de funcionarios.

El cúmulo de facultades, poderes y atribuciones entregados al Sernac resultan incompatibles con el adecuado ejercicio de sus funciones, y para el cumplimiento de la misión institucional: proteger los derechos de los consumidores. La solución más adecuada era fortalecerlo en su rol de defensa de los intereses de los consumidores, haciendo hincapié en las facultades de fiscalizar, denunciar infracciones a la ley, investigar, promover entendimientos individuales y la legitimación activa en la acción colectiva.

De no ser así, el Ejecutivo debió proponer el diseño de una estructura institucional que cuente con contrapesos adecuados a la gran cantidad de facultades que se le otorgan al Servicio, ya que la figura de un Director Nacional unipersonal altamente dependiente de los gobiernos de turno no da garantías de lo anterior. La creación de un Consejo del Sernac, siguiendo la experiencia de la Comisión del Mercado Financiero, es una alternativa que el gobierno nunca se abrió a implementar y que hubiese permitido darle un carácter colegiado a las actuaciones del Servicio, en especial respecto de las facultades normativa, interpretativa y sancionatoria. El Ejecutivo, extrañamente, prefirió mantener la estructura directiva actual de la entidad, aun cuando en otros proyectos de ley ha promovido abiertamente la creación de Consejos para una mejor deliberación de las autoridades

Lamentablemente, en los pocos trámites legislativos y constitucionales (recordemos que debe ser objeto de control de constitucionalidad obligatorio por el Tribunal Constitucional) que quedan para que este proyecto se convierta en ley, no habrá modificaciones a la estructura institucional del Servicio, pasando a tener un órgano unipersonal, dependiente de Estado, con facultades aún mayores que las que detentan las Superintendencias. Un verdadero zar del consumo.

 

Diego Vicuña, asesor Área Legislativa Fundación Jaime Guzmán

 

 

FOTO: FELIPE LOPEZ/ AGENCIA UNO

 

Las columnas de Opinión son presentadas por:
Ver más