La Nueva Mayoría cree que los aportes privados favorecen relativamente a la derecha, mientras que el control que ejercen sobre el Gobierno les permitiría que la mayoría de la plata pública fuera a la izquierda.
Publicado el 23.10.2014
Comparte:

La Nueva Mayoría se encuentra empeñada en cambiar la regulación sobre financiamiento de la política y ha atacado desde varios frentes los aportes que los privados, personas y empresas, hacen a la política. Su intención es reducir sustancialmente los aportes privados y aumentar los públicos.

La razón es muy simple: ellos creen que los aportes privados favorecen relativamente a la derecha, mientras que el control que ejercen sobre el Gobierno les permitiría que la mayoría de la plata pública fuera a la izquierda. Que el grueso de los aportes privados vaya a la derecha no es siempre cierto; de hecho la candidatura de Michelle Bachelet recibió más donaciones que todas las demás. Lo que sí es cierto, es que las donaciones reservadas favorecieron más a la derecha. La razón para ello es que las empresas y personas no se atreven a decir que donaron dinero a la derecha, especialmente si creen que va a perder, por las represalias que podrían sufrir del Gobierno una vez que la izquierda se ha instalado allí.

La experiencia internacional sobre financiamiento de la política es mixta. Generalmente hay aportes públicos y privados. En países donde se valoran más los derechos de las personas, como Estados Unidos, limitar los aportes privados a la política se ha considerado un atentado a la libertad de expresión y hay diversas fórmulas para aportar desde el sector privado, como los Comités de Acción Política.

La lógica de los aportes reservados es la misma de la cédula única: evitar el cohecho. Es una manera de aportar a una campaña sin que el beneficiado tenga información precisa acerca del donante. Esto evita que este último pueda tratar de usar su contribución para condicionar el comportamiento del candidato una vez electo.

Se ha cuestionado también que donen las empresas, argumentando que éstas no votan. Débil argumento considerando que nadie ha objetado que donen para un concierto, aunque no pueden escucharlo o para una biblioteca, pese a que no pueden leer. Contradictorio también con la tendencia, muy discutible por cierto, de considerar a las empresas como sujetos penales y a sus ejecutivos como posibles imputados en causas criminales.

Pero estos argumentos, que incluso llevaron en su campaña a Michelle Bachelet a apoyar la existencia de aportes de empresas y también reservados, parecen haberse olvidado, y la ministra Rincón anuncia que en un proyecto que se enviará próximamente al Congreso se eliminarían los aportes de empresas.

Para hacer ambiente a este cambio, ha sido fundamental el clima creado por el caso Penta, aunque no tenga nada que ver porque se trataría de aportes ilegales a las campañas. Se objeta que el conductor de un senador haya emitido boletas por un millón de pesos, o que un destacado economista y posible candidato presidencial, como Andrés Velasco, haya facturado servicios por 12 millones de pesos a esa empresa. ¿Por qué el SII o el Ministerio Público tendrían que entrar a calificar si los servicios prestados por Velasco valen esa cantidad? Si existieran dudas acerca de si ese gasto es necesario para producir la renta, se entiende que el SII pueda considerarlo gasto rechazado e incluso efectuar un giro. Pero una denuncia a la justicia huele más bien a persecución política por las opiniones disidentes de Velasco sobre las reformas de la Nueva Mayoría. Aunque esta arista podría complicarse ahora que se encuentran facturas de la candidatura Bachelet emitidas por el señor Sergio Díaz Córdova, quien está detenido por fraude al FUT.

Pero lo que no se ha dicho es que todos estos aportes de privados son muy menores comparados con la forma más habitual de financiar la política: la captura del Estado. Son muchos los políticos que viven de un sueldo pagado por los contribuyentes, y la lista de 43 parientes de ministros, diputados y senadores de la Nueva Mayoría que ha publicado El Líbero es una muestra de ello. Sólo en estos casos hay 1.124 millones de pesos anuales que van a financiar a la gran familia de la Nueva Mayoría.

 

Luis Larraín, Foro Líbero.

 

 

FOTO:RODRIGO SÁENZ/AGENCIAUNO

Ingresa tu correo para recibir la columna de Luis Larraín