Si se quieren subsanar los vicios de este tribunal no se necesita eliminarlo, ni menos aun se requiere una Asamblea Constituyente. Es necesario cambiar la forma en que se designan sus jueces, que estos pasen un test de viabilidad para tan importante cargo y que su designación sea, como mínimo, justificada democráticamente a través del Congreso.
Publicado el 31.03.2018
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Esta semana nos volvimos a encontrar con una decisión polémica por parte del Tribunal Constitucional: el artículo 63 de la Ley de Educación Superior fue rechazado. Lo anterior, según algunos, permitiría el lucro en las universidades. Esta no es la primera vez que vemos cómo ciertos sectores políticos acusan a esta institución de comportarse indebidamente como una “tercera cámara” que distorsiona la deliberación democrática.

Cada vez que sucede lo anterior, resucita por arte de magia el llamado a una Asamblea Constituyente. Esa ha sido la tónica desde la creación del TC, que se ha convertido en un chivo expiatorio de quienes ven sus intereses políticos frenados, sin considerar que el lucro sigue siendo sancionado por la ley, y que el requerimiento fue hecho por Pilar Armanet, militante PPD y ex integrante del primer gobierno de Bachelet.

El principal papel de un Tribunal Constitucional es ser garante de la Constitución, mediante la facultad de interpretarla, garantizando así el eje elemental de un Estado de derecho moderno. O esto se desconoce o simplemente se rechaza porque existe otra pretensión menos romántica: no tener contrapesos constitucionales, para que ellos justifiquen el pensamiento popular absoluto bajo una ley que impulsó una mayoría circunstancial y artificial.

El verdadero problema con nuestro Tribunal Supremo no es su existencia y su función, sino el burdo cuoteo político que impera en su conformación. La poca transparencia y justificación en las designaciones del Presidente, junto con la nula exigencia en la idoneidad para el cargo, hacen que los designados como jueces muchas veces obedezcan a criterios ajenos al rol de un Tribunal Constitucional, que es resguardar e interpretar preceptos que potencialmente pueden vulnerar nuestra Constitución.

Si se quieren subsanar los vicios de este tribunal no se necesita eliminarlo, ni menos aun se requiere una Asamblea Constituyente. Es necesario reformar la forma en que se designan sus jueces, que estos pasen un test de viabilidad para tan importante cargo y que su designación sea, como mínimo, justificada democráticamente a través del Congreso. La barrera democrática que impone el Tribunal Constitucional como órgano contra mayoritario se ve justificada cada vez que izquierda y derecha exigen cambios a su antojo. Eso es una buena señal de la correcta función de este tipo de Tribunal.

 

Esteban Montoya Mistretta, investigador y analista de contenidos Fundación para el Progreso