El fallo del Tribunal Constitucional en algo afirmó el imperio de la Constitución, pero la reacción a él deja en evidencia que la viabilidad de una democracia sólida está nuevamente en juego y no precisamente en los Cabildos.
Publicado el 01.05.2016
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El fallo del Tribunal Constitucional sobre el proyecto de reforma laboral permite apreciar las diferencias en nuestra sociedad respecto de los principios esenciales sobre los cuales conformar un país inspirado en un proyecto común. Inequívocamente los países desarrollados, esas sociedades que admiramos por su estabilidad, riqueza y prosperidad, lo tienen.

Ese acuerdo se expresa a través de un consenso que tiene un doble efecto: define aquello que es exigible coercitivamente y delimita el ámbito de lo que es disputable mediante la regla de las mayorías. David Runciman, en su ensayo “Política”, señala que mientras más amplio es el consenso, menor es el grado de coerción necesario para mantener unida una sociedad y, por lo tanto, es más estable.

Así, una medida fundamental del grado de evolución política de un pueblo está dado por esta relación entre consenso y coerción. Popper decía que es un error creer que la democracia es el sistema que permite responder a la pregunta ¿quién gobierna? Esa manera de entenderla plantea las cosas en las cualidades o defectos de los postulantes.

En realidad, es la forma de gobierno que nos permite responder a la interrogante de ¿cómo se gobierna? Vale decir, es el sistema en el cual la autoridad está limitada por el marco que le establecen los derechos fundamentales, así como las instituciones y los procedimientos establecidos para protegerlos. La elección es el mecanismo que nos garantiza la posibilidad de alternancia en base a la evaluación de los gobernados y es también una forma de control del poder. En última instancia, y conceptualmente, toda elección es más una facultad de echar que de elegir.

La democracia, en consecuencia, es una forma de gobierno limitado que nos protege de la tiranía, en la que nadie puede concentrar demasiado poder y menos aún tomar decisiones arbitrarias en la forma o en el fondo. Los políticos con rasgos de mesianismo –o sea los que promueven utopías- suelen despreciar los procedimientos y cualquier institución que les dificulta su camino al paraíso terrenal, “donde todos seremos iguales, no habrá injusticia y seremos felices”.

Otra consecuencia de la mayor amplitud y solidez del consenso es que limita las pretensiones del gobernante, que sabe que la mayoría que lo eligió, por alta que sea, no amplía el espectro de decisiones que puede tomar o de cambios que puede intentar hacer. El Presidente de Estados Unidos, quien quiera que sea, sabe que es elegido para gobernar “esa” sociedad y no para pretender cambiarla en su esencia.

De ahí que es completamente inusual que el gobernante de un país desarrollado choque frontalmente con alguna de sus instituciones y cuando eso sucede es un acontecimiento extraordinario; del mismo modo el respeto a las reglas está fuera de discusión. Cuando George Bush hijo ganó la presidencia de Estados Unidos con menos votos de los ciudadanos que su competidor, eso no fue tema y los demócratas no cuestionaron ni su legitimidad, ni la del sistema. Cuestionaron otras cosas, pero las reglas son las reglas, cuando ganas y cuando pierdes con ellas.

Nuestro problema político más profundo es que no tenemos un consenso básico, porque no coincidimos en el contenido que debiera tener. La impugnación sobre la legitimidad de la Constitución se basa en esto y no en que su texto original, cambiado más de 200 veces, se haya hecho en el gobierno de Pinochet.

Mientras no exista un acuerdo amplio sobre cuáles son los derechos esenciales, que ninguna mayoría puede afectar; cuál es el ámbito de los cambios que cualquier proyecto político puede impulsar legítimamente; y cuáles son las instituciones que resguardan la seguridad de las personas de cualquier amenaza, incluso de parte de gobernantes y legisladores; no tendremos una democracia estable, que ofrezca posibilidades de desarrollo.

¿Surgirá ese consenso de los cabildos y la asamblea constituyente? Desde luego que no, creer eso es postular una suerte de creacionismo jurídico y político. Estos acuerdos son el resultado de la evolución de una sociedad, es el agregado propio de una cultura que se va asentando generación tras generación, que ha aprendido de sus crisis, traumas, fracasos y éxitos.

Por definición este procedimiento es un mecanismo que, por negar la validez de lo existente, ahondará las diferencias en lugar de acotarlas. Es un camino voluntarista que, de llevarse a término, conducirá a una sociedad que requerirá de más coerción para mantener el equilibrio. Por ende, una democracia más débil.

La reacción al fallo del Tribunal Constitucional es elocuente: de acatamiento formal, pero no sustantivo. Qué dijeron los dirigentes de la Nueva Mayoría, dentro y fuera del Gobierno? Que se acepta, pero demuestra que es necesario cambiar la Constitución.

¿Existe un consenso básico entre nosotros, dónde está?

La verdad es que existe y lo vivimos en el período de transición, en que pudimos convivir bajo objetivos y reglas comunes. Pero volvimos a caer en la polarización que una minoría de izquierda de puño en alto nos impone. El fallo del Tribunal Constitucional en algo afirmó el imperio de la Constitución, pero la reacción a él deja en evidencia que la viabilidad de una democracia sólida está nuevamente en juego y no precisamente en los Cabildos. Es una pena que sean pocos en la oposición los que comprenden el problema.

 

Gonzalo Cordero, Foro Líbero.

 

 

FOTO: PABLO VERA LISPERGUER/AGENCIAUNO

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