El aumento del tamaño del Estado ha sido a costa de un deterioro en la sostenibilidad fiscal, lo que es sin duda negativo.
Publicado el 16.10.2016
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Dado el creciente problema fiscal que enfrenta este gobierno, y que heredará a su sucesor, se ha vuelto a poner en el tapete la discusión sobre el tamaño del Estado, considerando que la relación gasto fiscal/PIB llegará en 2017 al nivel más alto de las últimas décadas.

Es difícil hablar de un tamaño óptimo del Estado, aunque se suele decir que en la medida en que los países se desarrollan, se demandan más servicios estatales, lo que llevaría a un aumento de la relación gasto/PIB. Los datos no parecen ser concluyentes en esa dirección, y lo que se observa es que los países desarrollados de occidente tienen en general niveles de gasto público que bordean un 50% del PIB, pero con una tendencia decreciente respecto a lo que se veía en la década de los 90. En América Latina, el tamaño del Estado bordea un 30% del PIB, sin que tampoco se observe una tendencia ascendente a lo largo del tiempo. En los países asiáticos la importancia del Estado es bastante menor, llegando el gasto a un nivel promedio en torno a un 20% del PIB, sin que tampoco se observe una tendencia creciente. Es interesante notar también que este grupo de países es el que registra el mayor crecimiento del mundo, lo que iría en contra de una elasticidad ingreso mayor a 1 para los servicios del Estado, y además lleva a preguntarse si un Estado menos hipertrofiado sería deseable en términos de lograr mayor crecimiento. En lo personal pienso que sí, considerando los problemas de incentivos que suelen perjudicar la eficiencia y la eficacia de los servicios proveídos por el Estado.

¿Cómo se sitúa nuestro país en este contexto? El tamaño del Estado está algo por debajo del promedio de la región, aunque con una clara tendencia al alza en la última década, encontrándose dentro del grupo de países donde más crece la relación gasto/PIB en ese lapso. Considerando a las municipalidades y a las empresas públicas, el sector público representa casi un 30% del PIB, no muy distinto de países de desarrollo similar en la región. Respecto de nuestra historia, la izquierda más radical suele argumentar que el gobierno militar “jibarizó” el Estado, por lo que sería necesario que recupere el rol que tuvo históricamente. Sin embargo, la supuesta jibarización sería otro mito más difundido por este sector, ya que entre 1974 y 1989 apenas se logró revertir el gigantesco aumento del gasto fiscal –deficitario- del gobierno de la Unidad Popular, quedando el tamaño del Estado en un nivel similar al de la década del 60.

¿Era acaso sostenible lo que se pretendió hacer en el gobierno de Allende? Obviamente no, ya que se financió con un gigantesco impuesto inflación, el más regresivo de los tributos. Entramos entonces en un segundo aspecto relevante, incluso más que el tamaño en sí, el financiamiento del gasto. En 2017 se cumplirán 10 años de déficit estructural, con un déficit efectivo que muestra una preocupante tendencia al alza. El aumento del tamaño del Estado ha sido entonces a costa de un deterioro en la sostenibilidad fiscal, lo que es sin duda negativo. Esto porque la razón principal para nuestra positiva clasificación de riesgo país es la responsabilidad fiscal mantenida por 35 años. Las proyecciones de déficit fiscal muestran que los compromisos de gasto adquiridos por este gobierno no se pueden financiar, a no ser que vuelva a subir el precio del cobre (poco probable) o que la economía recupere niveles de crecimiento más cercanos a 5%.

Debemos entonces mirar el tercer aspecto relevante, el destino del gasto público o, en forma más específica, la asignación del presupuesto. Recuperar un mayor crecimiento podría ir de la mano con la implementación de una reforma del Estado que haga más eficiente su funcionamiento. Un dato ilustrativo a este respecto es que por cada $1 que se entrega en subsidios y transferencias a la población, se gastan $0,57 en personal y bienes de consumo y producción, lo que muestra que habría espacio para un uso más eficiente de los recursos. La reasignación del gasto va más allá de cortar grasa, ya que también es preocupante la pérdida de focalización en los más necesitados, que se ha hecho evidente con el debate de gratuidad en educación superior vs. la situación de los niños del Sename.

En resumen, el tamaño del Estado es una discusión válida y relevante en el Chile actual, pero parece más prioritario resolver el financiamiento del gasto y su asignación.

 

Cecilia Cifuentes, Investigadora Asociada Centro de Estudios Financieros ESE Business School.

 

 

 

FOTO: MATIAS DELACROIX/ AGENCIAUNO.