Debemos cuestionarnos seriamente si un tema tan importante como el cuidado de los menores puede ser entregado lisa y llanamente a una burocracia insensible y politizada.
Publicado el 12.10.2016
Comparte:

Se estima que entre 2005 y 2016 más de mil niños han encontrado la muerte estando bajo el cuidado del Servicio Nacional de Menores (Sename), ya sea a través de instituciones propias u organismos colaboradores. Esta triste realidad se ve agravada aún más por el vergonzoso desconocimiento de la realidad que posee el Estado y sus instituciones, y cuyas autoridades -siendo requeridas en diversas ocasiones sobre el asunto- no fueron capaces de entregar la información necesaria para poder conocer la realidad y tomar conciencia del problema.

Es difícil encontrar un tema en que quede más patente el fracaso del Estado y de la comunidad que la dramática situación de cientos de niños y jóvenes vulnerables que han perdido la vida frente al abandono social, la ignorancia de nuestras autoridades e incluso la frivolidad cómplice de nuestros gobernantes.

Nos encontramos frente a un problema grande, que engloba diversas dimensiones.

Primero, muestra una dramática realidad social del país. La lamentable muerte de estos jóvenes y niños debe movernos a reflexionar sobre la vida de muchos de ellos: el abandono familiar, la violencia, la pobreza, la drogadicción y la delincuencia, que se transforman en un verdadero círculo vicioso. En el Sename conviven jóvenes que están ahí forzados por sus circunstancias familiares con otros que lo hacen como castigo por algún delito. Evidentemente se debe distinguir entre ambas situaciones y generar una doble institucionalidad: una que acoja a aquellos menores que deben ser sustraídos momentáneamente del cuidado de sus padres o familiares y otra distinta que sirva de rehabilitación para aquellos que han cometido un delito.

Una segunda dimensión del problema es política. Indudablemente nos encontramos frente a un Estado ineficiente, que ha fallado vergonzosamente y con catastróficas consecuencias en un aspecto fundamental de su quehacer público. Pero no podemos pretender, excusándonos en una responsabilidad del Estado, olvidar la responsabilidad de los políticos y gobernantes, que son quienes lo administran.

Aquí nos encontramos frente a actitudes que ciertamente han contribuido a que este tema -y muchas otras urgencias sociales- se hayan mantenido bajo la alfombra por demasiado tiempo:

La frivolidad de los gobernantes, que han antepuesto su propia ideología por sobre los problemas reales de nuestro país. Un buen ejemplo de ello, es que el actual gobierno se ha empeñado más en sustituir el rol de las familias, que en colaborar con ellas, llevando al absurdo que se ha pretendido reemplazar a familias (allí donde las hay) mientras se abandona a los niños, allí donde éstas no están o viven graves problemas. Por eso con tanta razón Chesterton, el famoso escritor inglés, advertía que “quienes hablan contra la familia no saben lo que hacen, porque no saben lo que deshacen”.

Ignorar la grave crisis de la familia en Chile es cerrar los ojos a uno de los problemas más acuciantes que enfrenta nuestro país. Significa olvidar las altas tasas de pobreza y marginalidad de niños y madres solteras, las situaciones de violencia intrafamiliar, las pensiones alimenticias impagas e incluso una política de vivienda deficitaria y discriminatoria que impide la formación de matrimonios y la consolidación de las familias.

Así es como debemos cuestionarnos seriamente si un tema tan importante como el cuidado de los menores puede ser entregado lisa y llanamente a una burocracia insensible y politizada. Evidentemente el Estado tiene un rol en esta materia, pero se debe evaluar la posibilidad de generar una red de instituciones sociales –caritativas, religiosas o comunales- y el fomento de un tejido familiar más vigoroso, que permita que muchos de estos niños sean cuidados por sus familiares antes que por funcionarios. Para esto habrá que generar subsidios y crear nuevos programas, pero es un tema que hay que pensar con perspectiva de largo plazo.

Del mismo modo, debemos poner fin a la captura del Estado por intereses partidistas. El Sename -cuya institucionalidad debe cambiarse- es un buen ejemplo de esto. Durante varios años ha sido un enclave de la Democracia Cristiana, que coopta parte importante de los principales cargos de la institución, con sueldos millonarios y un férreo círculo de protección partidista.

Esta captura significa olvidar de la actividad pública y, por eso, no es descabellado pensar que el abandono del Sename tiene entre sus causas el hecho de que los niños no votan o que estos menores no salen a marchar. Situación equivalente a la que hemos visto en el debate sobre educación, donde se ha priorizado el financiamiento a la educación superior, relegando a la preescolar a un tercer o cuarto lugar. El punto de fondo es que el gobernante debe preocuparse tanto de los que marchan como de los que no lo hacen, de los que concurren a votar como de aquellos que no lo hacen.

Lo que ha ocurrido en el Sename en los últimos diez años es una vergüenza. Es de esperar que no nos quedemos en lamentos circunstanciales y que la sociedad entera –Estado y sociedad civil- nos hagamos cargo de esta triste herencia recibida. Porque a los niños que más lo necesitan, no los podemos dejar solos.

 

Julio Isamit, Coordinador General de Republicanos.

 

 

 

FOTO: PABLO VERA LISPERGUER/AGENCIAUNO

Ingresa tu correo para recibir la columna de Julio Isamit