El problema más grave de la decisión que ha tomado el gobierno en La Araucanía, al renunciar a aplicar la legislación vigente y ceder a la presión de los acusados, es que les da una señal brutal a las víctimas, la de que el Estado ha decidido retroceder en el cumplimiento de su obligación fundamental: el uso legal de la fuerza para restablecer el orden social quebrantado por el delito. Es decir, ha retrocedido en su deber de hacer justicia.
Publicado el 02.10.2017
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En 1977 Roy Scheider protagonizó una película cuyo argumento central consistía en las aventuras de unos fugitivos contratados para llevar un camión cargado de explosivos por un territorio lleno de peligros. La traducción que se hizo al castellano del título original aludía al pago por acometer una tarea aterradora. Este título es un acierto, porque tácitamente nos plantea una pregunta vital: ¿hay pago para el que actúa por temor?

La experiencia enseña que no, que el miedo es mal consejero, que siempre es mejor enfrentar los problemas; minimizando los costos, obviamente, pero sin dejarse dominar por el temor, ya que buscar la salida fácil acarrea a la larga costos mayores.

La semana pasada el gobierno reflexionó en el sentido contrario. Enfrentado a la presión de los comuneros mapuche acusados por delitos terroristas que arrastran una larga huelga de hambre, prefirió ceder, rendirse a sus exigencias y recalificar jurídicamente su querella liberándolos de la acusación por terrorismo. Vale decir, enfrentado al precio de hacer cumplir la ley, de sostener el Estado de derecho y la igualdad ante la ley, prefirió ir por el camino de la concesión o, más bien, de la rendición.

El Estado Nación, esa creación del pensamiento liberal propio de la modernidad –lo menciono ahora que está de moda aludir a los habitantes de las cavernas-, tiene una característica fundamental que lo define: el monopolio del uso de la fuerza. Ese monopolio, a su vez, funda su legitimidad en que sólo puede ejercerse de una manera racional y conocida, la que establece el Derecho. Bajo esa condición, que a todos nos da seguridad, es que se da por superada y se vuelve ilegítima la llamada autotutela. La justicia pasa a ser, entonces, una potestad exclusivamente pública.

El problema más grave de la decisión que ha tomado el gobierno, al renunciar a aplicar la legislación vigente y ceder a la presión de los acusados, es que les da una señal brutal a las víctimas, la de que el Estado ha decidido retroceder en el cumplimiento de su obligación fundamental: el uso legal de la fuerza para restablecer el orden social quebrantado por el delito. Es decir, ha retrocedido en su deber de hacer justicia.

Con esto debilita un aspecto central del llamado pacto social: la ilegitimidad de la vindicta privada, que era característica de la antigüedad.

Afortunadamente, esto ocurre al final de su mandato y el sucesor que aparece como más probable, el ex Presidente Piñera, ha enviado el mensaje exactamente contrario, esto es, la defensa del Estado de derecho, la legitimidad de la aplicación de la ley y la protección de las víctimas por parte del sistema de justicia del Estado.

Así, es la posición clara del candidato de Chile Vamos la que nos devuelve al principio básico de la modernidad política: que la justicia es una potestad exclusiva y excluyente del Estado, principio que la debilidad gubernamental actual ha debilitado.

¿Paga el miedo? Sí, pero es un salario que se mide en inseguridad y violencia. En este caso, el salario del miedo es el retorno a la caverna, para usar la expresión tan de moda.

 

Gonzalo Cordero, #ForoLíbero

 

 

FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE/AGENCIAUNO

 

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