El gobierno del Presidente Piñera y el Ministerio de Educación han buscado posicionar, mediante el discurso y los gestos, una agenda centrada en la calidad. Este foco, sin duda necesario y urgente, debe materializarse en acciones concretas. Sin embargo, no implica necesariamente proyectos de ley: no se puede caer en el reformismo al que nos hemos acostumbrado, a menos que sea necesario.
Y no lo es, por lo menos en educación escolar. Aunque a veces sea poco visible para quienes no forman parte del sistema escolar, desde 2012 existe una institucionalidad clara y robusta para hacerse responsable del aseguramiento de la calidad de la educación escolar. Esta consta de agencias públicas modernas, como la misma Agencia de Calidad y la Superintendencia de Educación, y otras de tradición, como el Consejo Nacional de Educación, que se coordinan mediante una efectiva red de pesos y contrapesos políticos y técnicos. Se cuenta, además, con instrumentos de política y estándares de calidad consultados, públicamente validados y totalmente vigentes. Ese trabajo ya se hizo, lo que corresponde ahora es echarlo a andar de verdad.
No se puede caer en el reformismo al que nos hemos acostumbrado, a menos que sea necesario. Desde 2012 existe una institucionalidad clara y robusta para hacerse responsable del aseguramiento de la calidad de la educación escolar».
Quizás surja una duda cronológica. ¿Por qué, si este sistema de aseguramiento de la calidad tiene seis años de existencia, es necesario activarlo ahora? La explicación es fácil. Como se hace con un vecino molesto, la administración anterior le “bajó el volumen” a esta institucionalidad, dándole a la Agencia de Calidad un rol protocolar, decorativo y de relaciones públicas (el jefe superior de servicio tiene un programa de radio los sábados) y exagerando el rol político de la Superintendencia. En un último esfuerzo por hacer callar al vecino para siempre, el gobierno anterior envió en sus últimos días un proyecto de ley que evitaba que los establecimientos que sistemáticamente incumplieran con estándares mínimos de aprendizaje —a pesar del apoyo sistemático del ministerio— tuvieran que cerrar. Al parecer, correr un tupido velo sobre el asunto de la calidad era un costo a asumir a cambio de las reformas administrativas y estructurales que se llevaron a cabo.
Hoy se abre una oportunidad para probar la institucionalidad que tenemos, y eventualmente corregir los problemas que surjan en la marcha. El proyecto de ley antes mencionado será retirado, por lo que se intuye que la nueva administración confía en el sistema de aseguramiento.
Sin perjuicio de que corresponde aplicar la ley, es una medida que tiene riesgos. Pocos han reparado que, con la transferencia de los establecimientos de los municipios al Estado producto de la desmunicipalización en curso, será el Ministerio de Educación el que deberá responder por la calidad de la educación pública. Se hace entonces urgente que una entidad independiente, como la Agencia, no tenga limitaciones ni complejos para aplicar la ley con todo el rigor que corresponda, tanto a los colegios públicos como a los particulares subvencionados y privados. Así, poner en acción lo vigente se convierte en un imperativo, aunque a la opinión pública le puede sonar poco glamoroso.
Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar
FOTO: YVO SALINAS/AGENCIAUNO