Sin duda, el programa de gobierno no cuadra. Lo prudente sería intentar recuperar la responsabilidad fiscal y moderar las promesas de gastos, para no enfrentar posteriormente una “resaca” dolorosa.
Publicado el 25.04.2015
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En un intento por recuperar el dinamismo perdido que hasta ahora no ha rendido frutos, el gobierno está implementando un significativo impulso fiscal. A pesar de que hay señales evidentes de que la economía necesita otra medicina para repuntar, hace pocos días el ministro de Hacienda anunció la posibilidad de prolongar el estímulo fiscal el próximo año, con lo que en los tres primeros años del gobierno el crecimiento del gasto público triplicaría al del PIB, en torno a 8% real promedio, contra un crecimiento del PIB inferior a 3%.

Pero no sólo el fuerte aumento del gasto es motivo de preocupación. Esta expansiva política fiscal se da en un contexto de una muy probable caída de parámetros estructurales, tanto de crecimiento del PIB como de precio del cobre, que se encuentran actualmente en 4,3% y US$ 3,07/libra, respectivamente. Adicionalmente, tampoco se cumplirían los supuestos del gobierno para los ingresos efectivos, calculados con un crecimiento estimado del PIB de 3,6% para 2015 y 4,3% para 2016, y precios del cobre de US$ 3,1 y US$ 3,15 para esos años. Sólo durante este año los ingresos podrían estar US$ 2.500 millones por debajo de lo estimado. Si agregamos que probablemente el presupuesto se va a sobreejecutar como consecuencia de la reconstrucción en el norte, lo cierto es que este año el déficit fiscal podría llegar a un 3% del PIB, en comparación con el 1,9% estimado. Es probable también que el resultado estructural esté algo por sobre lo estimado, producto de la sobreejecución presupuestaria. Tenemos entonces que en los dos primeros años del gobierno el déficit estructural se habría más que duplicado, de 0,5% del PIB en 2013 a 1,2% en 2015.

Pero el “carrete” fiscal no termina ahí, ya que, si el próximo año se mantiene un ritmo elevado del gasto en un contexto de deterioro de ingresos estructurales, en vez de reducirse el déficit estructural, éste podría seguir aumentado, llegando a algo menos de 2% del PIB. La posibilidad de recuperar el equilibrio en 2018 exigiría entonces una política fiscal muy restrictiva en un año eleccionario, lo que parece poco probable. Si además consideramos que sólo con el fin al lucro, al copago y la selección en la educación, más el proyecto de carrera docente ya se habrían gastado los recursos de la reforma tributaria destinados a educación, el escenario es aún más complejo. Se deberían sumar además el costo de la gratuidad en la educación superior, la desmunicipalización, los nuevos subsidios al Transantiago, la reforma a la salud, la mejoría en las pensiones, etc.

Sin duda, el programa de gobierno no cuadra. Lo prudente sería intentar recuperar la responsabilidad fiscal y moderar las promesas de gastos, para no enfrentar posteriormente una “resaca” dolorosa. No sería deseable perder un activo que distingue a nuestro país de muchos otros: la disciplina fiscal. Sin embargo, las señales no son buenas, y se percibe en el discurso oficial una gran distancia respecto a lo que en forma responsable se puede prometer y realizar. A estas alturas, el gobierno no puede confiarse en que mágicamente la economía volverá a crecer a niveles de 5%, cuando incluso el Fondo Monetario redujo recientemente la estimación de crecimiento del período 2014-2019 para Chile, de 4,2% estimado en abril del año pasado a 3,2%.

En este contexto de aparente ceguera oficial respecto a la real situación de las finanzas públicas, anuncios de más gasto fiscal, más que dinamizar la economía, pueden generar el efecto inverso, por la expectativa de un problema fiscal futuro.

 

Cecilia Cifuentes, Economista Senior Libertad y Desarrollo.

 

 

FOTO: MATIAS DELACROIX/AGENCIAUNO