Sin importar de dónde vengan los recursos fiscales, las consecuencias negativas de la gratuidad universal se mantienen.
Publicado el 12.09.2016
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El eje principal de la reforma a la educación que el gobierno presentó al Congreso sigue siendo la gratuidad universal. Los inconvenientes de esa propuesta, que han sido señalados al borde de la majadería por diversos rectores, académicos y expertos, dicen relación con su alto costo, su carácter regresivo y una serie de otras consecuencias negativas para el sistema educacional, que pueden resumirse en falta de autonomía, diversidad y calidad.

Estos problemas son inherentes al diseño de la gratuidad universal que se fundamenta en el reemplazo del financiamiento privado del pregrado por recursos públicos, supeditando el desarrollo de las instituciones a las cambiantes posibilidades económicas del Fisco. Así, para controlar el gasto se establece un mecanismo de fijación de precios y vacantes a cargo de una nueva Subsecretaria de Educación Superior, que obliga a las universidades a adecuar sus proyectos a lo que esa capacidad de pago permita.

Siempre se dijo, pero ahora es un hecho, que la reforma tributaria no permitiría recaudar los recursos suficientes para financiar la gratuidad universal. Con todo, se insiste en esa política y para ello se ha instalado en el debate la posibilidad de obtener los recursos bajo la fórmula de un impuesto a los graduados. Se trata de una propuesta que a primera vista muchos consideran atractiva, pero que tiene una serie de defectos que conviene analizar.

En primer lugar, son los más vulnerables aquellos que probablemente se verán en la necesidad de asistir a instituciones gratuitas y, por ende, no tendrán más opción que encadenarse a un impuesto adicional durante toda su vida laboral. En segundo lugar, se presentaría un desincentivo a la titulación, ya que los estudiantes podrían preferir prescindir del título (dado que los años de formación universitaria son premiados en el salario de todas formas), y así evitar el pago. Además, se genera una distorsión en el sentido que, si el impuesto depende solo del ingreso, entonces aquellos que escojan carreras más cortas y menos costosas cargarán con el peso de las carreras extensas y caras. Por otro lado, un estudio de los académicos de la Universidad de Maryland, Ricardo Espinoza y Sergio Urzúa, indica que si se compara a un crédito universitario, un impuesto es perjudicial financieramente para más del 60% de los graduados, además de presentar un déficit durante más de una década después de su implementación.

Sin embargo, es imprescindible no olvidar que sin importar de dónde vengan los recursos fiscales, las consecuencias negativas de la gratuidad universal se mantienen. Como se dijo antes, su alto costo es un problema grave, pero no el único. El único consenso en torno al proyecto de reforma a la educación superior es que es inadecuado, por ende en vez de insistir en un aspecto particular, se debería apuntar hacia el rediseño total que permita lograr una reforma que no solo sea financieramente viable, sino que además vele por la autonomía de las instituciones, su calidad, y por mantener y promover la diversidad de proyectos educativos.

 

Raúl Figueroa Salas, director ejecutivo de Acción Educar.

 

 

 

FOTO : PABLO OVALLE ISASMENDI/AGENCIAUNO