Si asumimos que generalmente los ministros de Estado y los diplomáticos entienden de lo que hablan cuando describen una situación en el ejercicio de su cargo, entonces debieran poder explicar (en rigor, debieran sentirse obligados) cómo es que saben lo que tan taxativamente aseguran saber.
Publicado el 04.01.2015
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En las clínicas cuicas, familias conservadoras han hecho abortar a sus hijas”. Helia Molina, ministra de Salud.

“¿A quién le interesan los actos terroristas? A la derecha, la derecha empresarial”. Eduardo Contreras, embajador chileno en Uruguay.

Cuando declaraciones como ésas ponen en aprietos a sus autores —forzando disculpas, aclaraciones o renuncias—, la primera reacción es criticarlas (o explicarlas) como “errores comunicacionales”, lamentables faux pas que ojalá nunca se repitan. Así, bajo la lógica de que hay mejores maneras de decir las cosas, sin crispar los ánimos ni levantar revuelo, buena parte del cuestionamiento tiende a centrarse en la forma, no en el contenido (en esta mentalidad cada vez más extendida en política y en otros ámbitos se percibe la mano de la industria de los “asesores en comunicaciones” —el floreciente negocio de las encuestas es un síntoma claro—, pero eso es harina de otro costal).

Desde luego, es clave preocuparse de la forma que adopta un mensaje, porque la retórica de los actores públicos no sólo tiene un innegable impacto en la contingencia, como puede atestiguar la ex ministra Molina, sino que también influye en la convivencia social y en aspectos de la cultura. De ahí el consenso tácito que existe, en Chile como en otras partes, sobre la importancia de “cuidar las palabras”. En efecto, no da lo mismo cómo se dicen las cosas y por eso las sociedades democráticas suelen exigir a quienes intervienen en la arena pública, especialmente si son autoridades, que se hagan responsables de su discurso.

Sin embargo, la gran falencia de frases como las mencionadas al inicio no es de forma, sino de ética política. El discurso público de los actores sociales influyentes —la prensa entre ellos, por cierto— contribuye en un sentido muy concreto a “crear realidad”, pues lo que dicen incide en la idea que la gente se hace del mundo, y por lo tanto en las decisiones que guían su conducta. Cuando alguien investido de autoridad por su rol en una jerarquía socialmente reconocida emite un juicio respecto de la realidad, sus palabras dejan una impronta en la memoria colectiva que no se borra fácilmente con excusas o dimisiones, precisamente porque tienen mayor peso. Más aun cuando pretenden ser explicaciones válidas de hechos objetivos —los atentados con bomba, los abortos clandestinos u otros—, aunque después se quieran justificar como opiniones personales.

Entonces, ¿es verdad que hay familias conservadoras que han hecho abortar a sus hijas en clínicas “cuicas”? ¿Qué familias y en cuáles clínicas? ¿Cómo lo sabe Helia Molina y por qué no lo había denunciado antes como el delito que es?

Por otro lado, ¿hay argumentos para sostener que la derecha empresarial está detrás de los atentados? ¿Quiénes son esos empresarios y qué fue lo que hicieron? Pero sobre todo, ¿cómo está tan seguro el embajador Contreras de que ésa es la causa de los bombazos?

Si asumimos que generalmente los ministros de Estado y los diplomáticos entienden de lo que hablan cuando describen una situación en el ejercicio de su cargo, entonces debieran poder explicar (en rigor, debieran sentirse obligados) cómo es que saben lo que tan taxativamente aseguran saber. En filosofía lo llaman “responsabilidad epistémica”, esto es, que los mecanismos que utilizamos para darle sentido a la realidad son éticamente relevantes, ya que el cómo sabemos influye en el qué sabemos y, por ende, en lo que hacemos. Si no podemos defender esos mecanismos, ni siquiera presentarlos, no hay razón para que otros confíen en lo que les decimos.

Las autoridades tienen la responsabilidad de plantear asuntos complejos como el aborto, el terrorismo y otros problemas en formas que efectivamente ayuden a la opinión pública a comprenderlos mejor. Es necesario poder confiar en la veracidad de lo que ellas afirman. Cuando sus explicaciones dejan más dudas que certezas —o peor aún, cuando instalan nociones que distorsionan la realidad—, no están cometiendo un error comunicacional, sino faltando a la ética. Algunos pueden creer que esto es argumentar desde una superioridad moral que no están obligados a reconocer, pero es más bien la exigencia de un deber político fundamental.

 

En una democracia es esperable que fallas así paguen un alto precio político y sus ciudadanos debemos entender la importancia de cobrar esas facturas.