Un factor que ha estado presente en toda la gestión de este gobierno es el fuerte sesgo ideológico al momento de adoptar decisiones en materia de política exterior.
Publicado el 08.04.2016
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Finalizado el “primer tiempo” del gobierno de la Nueva Mayoría, cabría hacer un balance en lo que se refiere a la gestión de la política exterior. En una primera aproximación, resalta el deterioro del clima laboral; se percibe una sensación que transita entre la desazón y la falta de motivación entre los funcionarios, lo que, sumado al explosivo aumento de las denuncias sobre acoso laboral en la Cancillería, abre paso a una primera conclusión: Teatinos 180 de ninguna manera califica para el ranking de “A Great Place To Work”.

Pero vamos a lo sustancial. En cuanto a los temas de mayor interés, al ver el programa de gobierno, nos encontramos que la única referencia que hace a Bolivia, tema que ha copado la agenda internacional, señala: “Con Bolivia, lo fundamental será retomar el camino del diálogo, iniciado en 1999 y el clima de confianza mutua conseguido en el periodo 2006-2010. La plena normalización de las relaciones con Bolivia es un objetivo al que aspiramos.” Hay que aclarar, eso sí, que la referencia la encontramos en el Capítulo de Defensa. En el acápite de Relaciones Exteriores no aparece el tema Bolivia, a pesar de que ya se había planteado la demanda en la Corte de la Haya. En el balance, queda una nula previsión sobre un tema crucial y la falta de coordinación para establecer objetivos comunes y compatibles entre Relaciones Exteriores y Defensa respecto de una relación vecinal.

La lectura del Capítulo Relaciones Exteriores comienza describiendo la visión general, desde una perspectiva exclusivamente comercial, lo que da una idea sobre los responsables de su elaboración, que queda confirmada al examinar la mirada exageradamente crítica al TPP (Acuerdo Transpacífico). En este punto, se constata un cambio desde la elaboración del programa hasta la firma del tratado, sin perjuicio de las declaraciones contrarias manifestadas por el Embajador de Chile en México, en desacuerdo con la postura oficial del gobierno.

Llama especialmente la atención, en el Programa de Gobierno, la propuesta que formula al manifestar que “se repondrán mecanismos de consulta y coordinación con el sector productivo, las organizaciones de trabajadores, el Congreso y la sociedad civil en general, de manera que las definiciones y líneas de trabajo llevadas a cabo en el ámbito de las relaciones económicas internacionales, recuperen su condición de Política de Estado con una legitimidad fundada en una amplia participación”. En resumen, se plantea todo un propósito de consulta y coordinación entre los órganos del Estado y la sociedad civil, para la elaboración de una Política de Estado, pero haciendo exclusiva referencia a las relaciones económicas internacionales. Una omisión más que relevante, puesto que es en el ámbito de las relaciones políticas más sensibles donde se menciona con mayor frecuencia la necesidad de que se las aborde como “Política de Estado”, pero no se ha dado un solo paso efectivo y concreto en la necesidad de hacer esfuerzos de “consulta y coordinación”, para elaborar una política exterior con “una legitimidad fundada en una amplia participación”, para ponerlo en las mismas palabras del programa. En el balance, una propuesta limitada en su planteamiento y que deja en evidencia una significativa falta de acción en el ámbito político.

En materia de defensa y promoción de los Derechos Humanos, ámbito de acción internacional que el Programa de Gobierno vincula a la participación de Chile en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, el nivel de cumplimiento, más que deficitario, es francamente impresentable. En este ámbito, el gobierno ha demostrado una falta de acción imperdonable en la manera cómo ha evitado abordar la severa, permanente e inaceptable violación de los derechos fundamentales del pueblo venezolano, en manos de su gobierno populista. La evaluación del trabajo desarrollado por la Cancillería solo se explica por la injerencia del Partido Comunista.

Lo anterior nos lleva, inevitablemente, a un factor que está presente en toda la gestión de este gobierno: esto es, el fuerte sesgo ideológico al momento de adoptar decisiones en materia de política exterior. La inexistencia de límites en el sesgo ideológico en el accionar internacional de este gobierno queda en evidencia cuando, por un lado se intenta justificar la falta de acción frente a las violaciones de Derechos Humanos en Venezuela, aduciendo la no injerencia en asuntos internos de otros estados mientras que por otra parte, la Presidenta Bachelet hace un elogio y respaldo a la cuestionada gestión de Dilma Rouseff, en Brasil. El espaldarazo público de la Jefa de Estado al Gobierno del PT, conocidas las acusaciones por actos de corrupción de magnitudes nunca antes vistas, hacen casi inútil continuar analizando la acción internacional del gobierno. Esas declaraciones lo dicen todo.

 

Jorge Canelas, Cientista Politico y Embajador (r).

 

FOTO: AGENCIA UNO