La tendencia a un déficit fiscal cada vez mayor tiene consecuencias muy relevantes que parece la autoridad política no las ha valorado en su real dimensión o, dado el horizonte de toma de decisiones políticas, entendiéndolas, las descarta como problema propio.
Publicado el 10.10.2016
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Si se observa la expansión de ingresos y gastos del gobierno central desde 1990, dos cosas son evidentes: los gastos crecen en promedio más que los ingresos y la variabilidad de estos últimos es muy superior a la de los gastos. Tomando el periodo 1990-2017, la tasa de expansión anual media del gasto fiscal es 6,2% (si se cumplen las proyecciones de la autoridad para este año y el próximo) con una desviación estándar de tres puntos. Los ingresos, en cambio, tienen una tasa anual promedio de crecimiento de 5,6%, pero con una desviación estándar de 10 puntos. Aun cuando en ese largo periodo se combinan lapsos de importantes superávits fiscales con otros de déficits, las tendencias que se vienen desarrollando desde 2012 en adelante y sin interrupción, es a déficits efectivos (devengados) crecientes.

La tendencia a un déficit fiscal cada vez mayor tiene consecuencias muy relevantes que parece la autoridad política no las ha valorado en su real dimensión o, dado el horizonte de toma de decisiones políticas, entendiéndolas, las descarta como problema propio. En 2013, superados ya los problemas de la crisis internacional y del terremoto, el déficit efectivo del fisco llegó a 0,6% del PIB; para 2017 se proyecta que será 3,3% del producto. Es a este respecto que el proyecto de ley de presupuesto 2017 no es lo austero que debería en el contexto actual de la economía nacional. Es cierto que el proyecto de presupuesto cumple con la regla fiscal, pero también lo es que no solo no contribuye, sino que profundiza el déficit efectivo y es este, y no el cíclicamente ajustado, el que impacta sobre la deuda fiscal.


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De hecho, para 2017, el déficit devengado del gobierno central alcanzaría la suma de $5.684.421 millones (en pesos 2017); el más alto en moneda constante desde 1990.

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La contrapartida de déficits efectivos crecientes es una también creciente deuda pública. Desde fines de 2009, los pasivos financieros brutos del gobierno central han crecido desde 5,8% del PIB en ese año a 20,6% en junio de 2016; un aumento de 14,8 puntos. El aumento de la deuda se ha acelerado desde 2014, aumentando ese año y 2015, en promedio, en 2,4 puntos. En 2016 el aumento será aún mayor. A ese ritmo de aumento, y aun cuando todavía la deuda neta es negativa, ya este año 2016 los pasivos financieros serán de una magnitud muy cercana a los activos financieros del fisco. De acuerdo con las estimaciones de la autoridad, la deuda bruta llegará a fines de este año a 21,7% del PIB.

Los activos financieros totales del fisco, por su parte, se han mantenido en los últimos cuatro años en torno al 20% del PIB, aunque en este momento son algo superiores a eso. En cualquier caso, la calidad de acreedor neto que tiene el fisco desde 2005 se perderá sin duda alguna en 2017 cuando la deuda llegaría, según estimaciones de Hacienda, a algo más de 25% del PIB.

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Los efectos de una deuda pública creciente son principalmente dos: por una parte, aumenta la carga en intereses que el fisco debe cancelar cada año, y, por otra, afecta la clasificación de riesgo del país. Respecto de lo primero, las cifras son elocuentes: entre 2008 y 2015 el pago por intereses aumentó 96% real, en 2016 se estima que crecerá poco más de 16% real respecto del año pasado y en el presupuesto para 2017 se contempla un crecimiento de 12,1% real en relación a 2016. Se aproxima así a representar 1% del PIB.

 

El otro efecto de una deuda creciente y cuya senda de evolución futura es muy incierta, es la posibilidad que las clasificadoras internacionales de riesgo rebajen la calidad de la deuda pública del país al percibir un deterioro de su solvencia. Esto no es un problema inminente, pero si la senda que sigue la deuda no cambia drásticamente y se percibe en ese cambio un compromiso efectivo de las autoridades que asuman el gobierno en 2018 por fijar un límite al máximo de deuda que el país puede tener, la posibilidad de una rebaja en el muy buen nivel de riesgo país que hoy tiene Chile será una realidad.

 

Guillermo Pattillo, Departamento de Economía, Universidad de Santiago, Observatorio Fiscal de Chile.

 

 

 

 

FOTO:CRISTOBAL ESOCBAR/AGENCIAUNO