La función de la oposición en una democracia es representar a quienes perdieron las elecciones y contribuir, desde su perspectiva, al desarrollo del país. Para hacerlo debe fiscalizar los actos del gobierno y hacer propuestas de futuro, participando activamente en los debates parlamentarios y en el proceso de formación de las leyes. Así la oposición va perfilando un proyecto alternativo al gobierno con miras a conquistar el respaldo ciudadano en las próximas contiendas electorales.

Sin una oposición activa no hay vida democrática. El concepto mismo de oposición nace en Gran Bretaña a partir de 1830, cuando se legitima el papel de los partidos minoritarios en el Parlamento. Su rol es esencial –según indica G. Sartori– porque la democracia vive gracias a la deliberación libre y se rige por el principio de mayoría para adoptar las decisiones cuando no se ha alcanzado un consenso. En los sistemas autoritarios la oposición es excluida o intimidada o reducida a un papel decorativo.

Las fuerzas de oposición están sometidas a la disyuntiva de rechazar las iniciativas del gobierno o bien dialogar para incidir en ellas, alcanzando soluciones más acordes a sus principios. En todo caso, deben escapar a la “política de trinchera” de tipo sectario, que se opone a todo sin esgrimir razones. Cuando esas fuerzas son diversas y no están coordinadas o no forman parte de una alianza política, como ocurre actualmente, la situación se vuelve más compleja. Puede ocurrir que entre ellas haya una competencia por atraer el apoyo ciudadano que las lleve a una rivalidad artificial, acusándose por las actitudes dispares asumidas frente a una determinada propuesta gubernamental.

La lógica de los movimientos sociales es diferente a la de los partidos políticos, que responden a las exigencias del calendario electoral.

Por otra parte, la relación entre la oposición parlamentaria y los movimientos sociales, siendo necesaria, resulta compleja. Como esos movimientos expresan descontento con políticas gubernamentales, hay una tendencia a coincidir con la oposición. Pero suele suceder que esos movimientos también critican a las fuerzas opositoras por lo que hicieron cuando eran gobierno o lo que hacen en el Parlamento. Su lógica es diferente a la de los partidos políticos, que responden a las exigencias del calendario electoral.

A la oposición actual no le ha resultado fácil cumplir su papel. No sólo porque hay una diferencia importante entre los partidos que formaron parte de la Nueva Mayoría y el Frente Amplio, sino porque luego de la derrota los partidos que respaldaban al gobierno de Michelle Bachelet se han dispersado y en todos ellos hay una tensión surgida precisamente del fracaso electoral. Por su parte, el Frente Amplio en sus iniciativas más importantes no logra que todos sus componentes alcancen un consenso suficiente para respaldar las iniciativas más relevantes, como ha ocurrido en materia de fiscalización. Recientemente ha resurgido la polémica por la forma en que pretenden organizarse excluyendo a los movimientos sin representación parlamentaria.

Hasta ahora el propósito de unir a toda la oposición es más un imperativo abstracto que una política viable. En primer lugar, porque no se advierte que exista un conjunto de ideas coherente que los interprete a todos, pero también porque el propio Frente Amplio –que fue crítico del gobierno de Bachelet– quiere mantener su autonomía, enarbolando la bandera de la “nueva política”. El diálogo con el Gobierno también es dispar. Mientras el PS se niega a participar en las mesas de trabajo convocadas por La Moneda, fuerzas significativas del Frente Amplio concurren activamente.

Por el momento las relaciones entre el Gobierno y la oposición se han mantenido dentro de parámetros de diálogo, sin mayores enfrentamientos.

El cuadro opositor se puede clarificar a medida que se acerquen las elecciones municipales y de gobernadores regionales, que plantean decisiones insalvables sobre alianzas electorales. Frente a ese escenario la DC ha planteado la conveniencia de una reforma que introduzca la segunda vuelta para la elección de los alcaldes, lo que permitiría a la oposición ir con diversos candidatos en una primera vuelta. Subsiste, sin embargo, el desafío del quórum bajo para la elección de gobernadores regionales (40% en primera vuelta), que de no ser subido podría favorecer a la derecha si se presenta unida frente a una pluralidad de candidatos opositores. Es probable que el movimiento Acción Republicana de José Antonio Kast se presente en forma separada a las próximas elecciones, aumentando la incógnita sobre sus resultados.

Por el momento las relaciones entre el Gobierno y la oposición se han mantenido dentro de parámetros de diálogo, sin mayores enfrentamientos. Lo mismo ha ocurrido en el campo social. Contribuye a este clima las buenas noticias económicas, recientemente amenazadas por la confrontación comercial provocada por el gobierno de Trump. El principal conflicto se ha producido en TVN: el directorio aparece dividido políticamente, mientras la empresa no logra remontar una crisis que afecta en general a todos los canales.

La cultura democrática del país hace posible que Gobierno y oposición desempeñen sus papeles para asegurar la gobernabilidad permitiendo la alternancia en el poder. El país parece vacunado contra la polarización, que trajo tanto sufrimiento en el pasado.

José Antonio Viera-Gallo, abogado, político, ex embajador en Argentina.

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FOTO: SEBASTIAN BELTRÁN GAETE/AGENCIAUNO