Un lugar donde los buenos tienen que esconderse detrás de puertas blindadas mientras los malos lanzan bombas molotov y donde los que están llamados a protegernos no aparecen, llegan tarde y mal o muestran una ingenuidad que linda con la negligencia para resguardar el patrimonio de todos.
Publicado el 08.08.2016
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“¿En qué país estamos?”, se pregunta en El Mercurio Hernán Rodríguez, ex director del Museo Histórico Nacional, al comentar el robo de la espada de Bulnes el miércoles pasado. La respuesta es simple: en Chile, donde los delincuentes actúan como y cuando quieren y nadie parece hacer nada por impedirlo. La sustracción de la espada del ex Presidente constituye una metáfora perfecta de esta realidad: dos ladrones entran al museo, sacan sin problemas el patrimonio desprotegido, lo esconden entre sus ropas y abandonan el recinto. Como Pedro por su casa.

La pieza sustraída es única: fue mandada a hacer especialmente por el gobierno de José Joaquín Prieto para regalársela al vencedor de la batalla de Yungay; su empuñadura es de oro con engastes de brillantes. Según la PDI, vale un millón de dólares.

¿Cómo se explica que un objeto de tanto valor material y simbólico estuviera en un escaparate abierto? Los ladrones no tuvieron que romper nada para llevársela. El museo cuenta con cámaras de seguridad que grabaron el robo, pero nadie las estaba vigilando. Pese a que todo el que ha visitado un museo que se precie de tal sabe que en éstos siempre hay un guardia en cada sala, el Museo Histórico Nacional posee solo 11 guardias que hacen rondas y ninguno de ellos estaba cerca cuando los delincuentes cometieron el delito.

Era como si los estuvieran invitando a robar.

Es alarmante la desprotección de un lugar que conserva tantos tesoros de nuestro patrimonio. Es cierto que los que roban son malos; pero dejarse robar es de necios.

Lo peor es que esta actitud se repite en otros lugares con resultados parecidos. Un día después de que ocurriera el robo en el museo de la Plaza de Armas, la Confech convocó a una marcha que pasaría por Cumming con la Alameda, el sitio donde se encuentra la Iglesia de la Gratitud Nacional, víctima frecuente de desmanes en este tipo de actos. Cansados de los ataques y la impunidad de sus perpetradores  –que llegó a su punto cúlmine en junio, cuando encapuchados, varios de los cuales fueron detenidos el fin de semana, profanaron el templo, sacaron desde su interior una imagen de Cristo y la despedazaron en público–, los salesianos instalaron una puerta blindada para proteger la iglesia. El blindaje surtió efecto: impidió el ingreso de manifestantes, pero no que un grupo de jóvenes lanzara entre 12 y 15 bombas molotov contra la puerta. Pese a que los salesianos habían pedido protección policial, no había ningún carabinero en el lugar. Fueron el sacristán y el portero los que sofocaron el fuego.

Era como si estuvieran invitando a los encapuchados a atacar el templo contra el que han atentado tantas veces.

Unas horas después, en el marco de la misma marcha, manifestantes lanzaron pintura a la puerta de la iglesia de San Francisco, la misma que acababa de ser reparada luego de sufrir un ataque con bombas molotov en 2015. No hubo detenidos.

En un país donde la naturaleza se ha encargado de echar por tierra buena parte de nuestros edificios patrimoniales, la defensa de los que van quedando debería ser una prioridad.

Pero no lo es.

La impunidad es completa para quienes buscan destruir y afear nuestras ciudades. Quien recorra el centro de la capital verá por todas partes muros rayados con graffitis y mobiliario urbano en mal estado. Lo que no encontrará es que algunos de los que así afectan nuestra convivencia hayan sido castigados de verdad. También ocurre en regiones. Hace unos días, el autor de los rayados que en 2014 mancharon las paredes de la Scuola Italiana del puerto, se libró de cualquier sanción penal en su contra tras ofrecer disculpas públicas. Nada ejemplarizador castigo para quien dañó un edificio patrimonial cuya fachada se encontraba en plena restauración cuando se produjeron los hechos. Actitudes como esa ayudan a explicar el lamentable estado del puerto, una ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad en cuyas paredes abundan los rayados.

Es como si los estuvieran invitando a ensuciar los muros de los que se sienten dueños sin serlo.

La actitud prepotente de los que roban y empobrecen el paisaje de nuestros espacios comunes se ve incentivada por la falta de determinación de las autoridades que, supuestamente, están llamadas a prevenir y a aplicar la ley para resguardar a los vecinos y el patrimonio. Después de la marcha del jueves y los daños a los dos templos católicos, la Intendencia Metropolitana y la Municipalidad de Santiago anunciaron querellas contra quienes resulten responsables. Muy poco y muy tarde.

Ese es el país en el que estamos. Un lugar donde los buenos tienen que esconderse detrás de puertas blindadas mientras los malos lanzan bombas molotov y donde los que están llamados a protegernos no aparecen, llegan tarde y mal o muestran una ingenuidad que linda con la negligencia para resguardar el patrimonio de todos. Un país donde –de no mediar el remordimiento de conciencia de los ladrones o un acierto policial inesperado– nunca más veremos la espada de Manuel Bulnes.

 

Juan Ignacio Brito, periodista.

 

 

FOTO:FRANCISCO FLORES SEGUEL/AGENCIAUNO