Llama la atención la tozudez del Ejecutivo en cuanto a no disponerse a enviar un proyecto de ley que adecúe la reforma laboral en todo lo que respecta a la eliminación de la titularidad sindical, de modo tal de marginar la incertidumbre jurídica en la materia y evitar que trabajadores y empleadores negocien casi a oscuras y en un clima de profunda desconfianza y temor.
Publicado el 09.08.2016
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Un nuevo golpe sufre la reforma laboral del gobierno, justo antes de su promulgación y en medio de cierta algarabía del oficialismo luego de que el segundo requerimiento por inconstitucionalidad haya sido rechazado por razones meramente formales consistentes en un cambio de criterio a la hora de contabilizar el plazo de presentación.

Sin embargo, en el control obligatorio preventivo de constitucionalidad, el Tribunal Constitucional, reafirmando su primer pronunciamiento, eliminó de tres artículos del proyecto las referencias a “sindicatos” y “organizaciones sindicales”.

Muchos actores han salido rasgando vestiduras por lo sucedido, generando alarmas públicas y apuntando con el dedo acusador al Tribunal Constitucional por dicha decisión.

Lo cierto es que la decisión judicial no tiene nada de extraña si consideramos que fue este mismo organismo quien declaró en mayo pasado que la titularidad sindical era contraria a la Constitución, tanto porque el derecho a negociar colectivamente recae en los trabajadores independiente de las formas de organización que adopten, como porque además dichas normas generaban diferencias arbitrarias entre sindicatos y otras formas de asociación como son los grupos negociadores.

Esta decisión judicial no hace más que venir a clarificar y recalcar a los entes encargados de aplicar las normas laborales, vale decir, la Dirección del Trabajo y los Tribunales de Justicia, la forma en que deben interpretar la reforma laboral en orden a no generar diferencias entre sindicatos y grupos negociadores, no sólo en los artículos objeto del reciente pronunciamiento judicial, sino que respecto de todo el nuevo texto legal.

Ante este escenario, llama la atención la tozudez del Ejecutivo en cuanto a no disponerse a enviar un proyecto de ley que adecúe la reforma laboral en todo lo que respecta a la eliminación de la titularidad sindical, de modo tal de marginar la incertidumbre jurídica en la materia y evitar que trabajadores y empleadores negocien casi a oscuras y en un clima de profunda desconfianza y temor, lo que sólo contribuye a generar una conflictividad indeseada al interior de las empresas.

En vista a que dicha alternativa es cada vez más poco probable, principalmente por las presiones de los sectores de izquierda, sólo resta esperar que la Dirección del Trabajo en los instructivos que está elaborando y los tribunales en sus resoluciones acaten de manera irrestricta lo resuelto por el Tribunal Constitucional, el cual, le guste a quien le guste, es el intérprete supremo de nuestra carta fundamental.

 

Sergio Morales, Abogado del Programa Legislativo Libertad y Desarrollo.

 

 

FOTO: RAUL ZAMORA / AGENCIAUNO.