Apostando a que la gente está poniendo menos atención a los escándalos —porque se hizo la idea que todos los políticos están involucrados—, el oficialismo parece haber apostado por la estrategia de defensa legal sobre la comunicacional. Pero eso tiene sus costos.
Publicado el 28.07.2015
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Las declaraciones del ex ministro Rodrigo Peñailillo ante la fiscalía resultan, desde la óptica comunicacional, devastadoras para su credibilidad. El ex ministro recurrió a la misma estrategia del silencio que tan burdamente usó el ex dictador Augusto Pinochet cuando fue interrogado por el juez Víctor Montiglio en 2005. En una de sus respuestas más recordadas, Pinochet se desentendió de su responsabilidad sobre la DINA diciendo: “No me acuerdo, pero no es cierto. No es cierto y si fue cierto, no me acuerdo”.

Cuando los escándalos políticos incluyen aristas legales, normalmente se produce un conflicto entre los asesores comunicacionales y los abogados. Mientras los primeros quieren entregar toda la información a la brevedad —porque es mejor ponerse colorado una vez que tener que reconocer las faltas a borbotones—, los abogados velan por las implicancias legales. Después de todo, ¿para qué reconocer faltas en las que la fiscalía ni siquiera parece estar interesada? Por eso, los líderes políticos a menudo actúan erráticamente ante una crisis. Por un lado quieren disminuir el daño comunicacional. Por el otro, necesitan proteger su flanco legal para minimizar el riesgo de imputaciones de la fiscalía ante los tribunales. Esta tensión quedó en evidencia en la forma en que actuó Andrónico Luksic ante el escándalo Caval. Comunicacionalmente, hubiera sido mejor transparentar toda la información el primer día. Pero legalmente, tenía sentido evitar alimentar las ansias investigativas de la fiscalía.

En el caso SQM, la actitud de Peñaillilo, desde que comenzaron a surgir rumores sobre su involucramiento a través de la empresa de Giorgio Martelli, AyN, refleja también el delicado balance entre lo comunicacionalmente conveniente y lo legalmente aconsejable. En su declaración ante la fiscalía, Peñailillo claramente optó por la estrategia legal, renunciando a intentar mejorar su ya desacreditada imagen pública. Al insistir en su desconocimiento sobre la creación de la empresa o el arriendo de la sede de campaña de Bachelet, Peñailillo busca dejar en claro que él era solo un empleado a honorarios de AyN.  Pero como todos los que observaron el proceso de precampaña saben, Peñailillo era el hombre que tomaba las decisiones y personificaba la voluntad de Bachelet.

En sus declaraciones, Peñailillo reconoce haber sugerido a Martelli nombres de personas para ser contratadas y honorarios a ser pagados. Para alguien que era solo un empleado, esa influencia parece excesiva, toda vez que esas sugerencias fueron aceptadas por Martelli sin cuestionamientos. Peor aún, según Peñailillo, Martelli le dijo que la empresa había sido creada para apoyar a “personas afines a nuestra ideología”. El objetivo de la empresa no era ganar dinero o el desarrollo profesional de los involucrados, sino el promover determinadas ideologías políticas.

Ante las preguntas sobre la relación de Peñailillo con la Presidenta Bachelet —incluidos los viajes a Nueva York pagados por AyN—, el ex ministro del Interior optó por no responder. Si bien legalmente está en su derecho, comunicacionalmente resulta difícil deslindar esa estrategia de un reconocimiento tácito de culpabilidad.

En varios momentos, las declaraciones de Peñailillo contradicen a las de Martelli. Considerando que ambos implicados tenían todos los incentivos para hacer cuadrar sus declaraciones ante la fiscalía, estas discrepancias pudieran reflejar un quiebre entre el ex ministro y el operador político. También pudiera ser solo desprolijidad. Considerando la descuidada forma en que se desarrolló la precampaña, esta opción parece perfectamente razonable.

Las declaraciones de Peñailillo vuelven a poner el foco del financiamiento irregular de campañas en La Moneda. Hasta ahora, no hay razón para sospechar que la Presidenta Bachelet hubiera estado enterada de estas maniobras. Pero ya que Bachelet enfrenta críticas por ser la última en enterarse de lo que pasa en su entorno, la estrategia de su desconocimiento puede protegerla legalmente, pero le ayuda poco comunicacionalmente. Ahora que el fiscal Chahuán ha separado los casos Penta y SQM, parece inevitable que el caso SQM se siga prolongando y persistan las dudas sobre qué tanto participó Peñailillo y qué tanto sabía la propia Presidenta Bachelet sobre estas maniobras de la precampaña.

Apostando a que la gente está poniendo menos atención a los escándalos —porque se hizo la idea que todos los políticos están involucrados—, el oficialismo parece haber apostado por la estrategia de defensa legal sobre la comunicacional. Pero eso tiene sus costos. Además de tener que cargar con la acusación de que recibió dinero del yerno de Pinochet, la campaña de Bachelet también deberá aceptar que usó la misma estrategia legal del “no es cierto y si fue cierto, no me acuerdo” usada por Pinochet para desconocer sus propias responsabilidades legales y políticas en las violaciones a los derechos humanos cometidas en su gobierno.

 

Patricio Navia, Foro Líbero y académico Escuela de Ciencia Política UDP.

 

 

FOTO: PEDRO CERDA/AGENCIAUNO

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