El Estado –y quien sea que lo maneje– no puede nunca saber mejor que usted o yo qué es lo mejor para nosotros.
Publicado el 11.01.2015
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Las ideas en torno al libre mercado se encuentran en crisis. Esto no debería sorprender a nadie. Frases como “el Estado sabe más que el mercado” o el calificativo de “defecto de mercado” –muchas veces a fallas del Estado– son cada vez más comunes. Y ello conduce necesariamente a una desconfianza de la ciudadanía –como percepción general– hacia el funcionamiento del mercado.

Sin embargo, lo que la gente olvida al denostar a este último, es que al hacerlo lo único que logra es apretar más sus propios grilletes. El mercado somos todos. Y el Estado también –en teoría–. Hago esta última aclaración que entendamos que, en teoría, el Estado surge como resultado de la evolución social: para evitar la violencia particular, en algún punto todos convinimos en radicar el uso de la fuerza –como último recurso– en una entidad artificial en la cual todos nos pudiésemos sentir representados y protegidos. Todos. Lamentablemente no es lo que sucede hoy en día.

El Estado parece ser patrimonio de algunos, y no precisamente los más aptos para tan importante tarea. Y a quienes no están con ellos, mejor pasarles la retroexcavadora, actividad que –lamentablemente– ha sido practicada literalmente antes y por el mismo sector.

El mercado en cambio no puede ser –por definición– patrimonio personal de nadie. Y es que el mercado no es la Bolsa de Wall Street, el grupo Penta o el Costanera Center. El mercado no es un lugar físico ni un momento temporal. El mercado es un proceso omnipresente y constante, donde usted y yo nos ponemos de acuerdo voluntariamente, sin apremios ni ayunos, sin temor y sin llanto, en orden a intercambiar valor por valor. Usted quiere un automóvil y yo quiero un monto por precio. Si hay acuerdo habrá negocio, y ambos nos beneficiaremos del mismo. De lo contrario, cada uno sigue su camino y tan felices como siempre.

Se intentará objetar esto último recurriendo a malos ejemplos. Y digo malos no por su calidad moral, sino por lo incorrecto en su análisis. Monopolios y colusiones no son ejemplos de mercado, sino de conductas que precisamente se ubican fuera del mismo.

El monopolio, por ejemplo, sólo puede subsistir mediante un privilegio estatal. Si dicho privilegio no existe, tarde o temprano surgirá competencia para el monopolista, quien se verá obligado a ajustar su negocio a las nuevas condiciones. Y con competencia se producen siempre bajas de precios, mejoras de calidad, innovación y expansión del consumo.

En el caso de la colusión, también se trata de una conducta fuera del libre intercambio de valores: una parte –la oferta- acuerda imponer condiciones a la otra –la demanda– como si la competencia no existiese. Es decir, los coludidos actúan como si fuesen monopolistas en desmedro de los compradores. Sin embargo, si el precio coludido no se ajusta a la capacidad del mercado, en teoría nueva competencia tendrá que surgir –y el mismo fenómeno explica por qué un monopolio sin privilegio estatal no puede mantenerse indefinidamente–, hecho que muchas veces es superado por los coludidos mediante prácticas predatorias. Frente a ello, la intervención estatal está más que justificada. Incluso liberales como Rand apoyarían dicha intervención.

Sin embargo, en nuestros días el Estado interviene mucho más que eso. Y ello se traduce en que el mercado no puede funcionar correctamente, en desmedro suyo y mío. Veamos lo que ha pasado recientemente en España con el caso Uber.

Uber es una plataforma basada en la “economía colaborativa” –que no es otra cosa que el libre mercado con otro nombre– mediante la cual usted podía ofrecer las vacantes de su auto en viajes particulares. Así, en vez de viajar solo y asumir todos los costos del viaje, usted podía ofrecer las plazas libres y abaratar el viaje –además de viajar acompañado, si es de su agrado–. La idea sonaba bastante bien. Sin embargo, los taxistas españoles –monopolistas igual que en Chile mediante la concesión de patentes o permisos públicos para desarrollar la actividad– vieron que Uber era peligroso para su negocio. En consecuencia alegaron contra el sitio, el cual tuvo que finalmente poner fin a su operación en España.

¿Quién ganó y quien perdió con esta medida? Claramente perdieron los usuarios que libremente querían obtener mejores condiciones de transporte, tanto oferentes como demandantes. Si alguien debe viajar en su auto de Madrid a Toledo, tendrá que hacerlo sin poder ofrecer plazas, y tendrá que asumir todos los costos del viaje. Quienes ganaron fueron claramente los taxistas. Si usted quiere pasear en auto por Madrid, podrá únicamente tomar un taxi a la tarifa fijada por el monopolista, le guste o no.

El caso Uber es un ejemplo excelente de cómo el Estado limita el mercado, perjudicando a los ciudadanos. Y es que el Estado –y quien sea que lo maneje– no puede nunca saber mejor que usted o yo qué es lo mejor para nosotros. Nosotros mismos –y nuestra participación en el mercado– somos capaces de lograr los mejores acuerdos, con las condiciones más convenientes –en nuestro parecer–. Ojalá que en Chile no tengamos que presenciar un caso como el de Uber, y seamos capaces de comprender que el mercado somos todos.

 

Javier Infante, Investigador Fundación para el Progreso.

 

 

FOTO: JONAZ GOMEZ/SANTIAGO