Como el gobierno ha hecho del combate a la desigualdad su principal bandera de lucha, el Nueragate constituye un misil contra la credibilidad de La Moneda.
Publicado el 10.02.2015
Comparte:

Nadie puede culpar a una madre por tener un hijo pastel o por querer protegerlo. Pero cuando esa madre es Presidenta de la República y cuando el hijo cuestionado ejerce el papel de primera dama, los negocios en que está involucrado afectan la credibilidad del gobierno. El trato preferencial que recibieron Dávalos y su esposa Natalia Compagnon cuando fueron a pedir un préstamo para su PYME al Banco de Chile y fueron atendidos por el propio Andrónico Luksic constituye un golpe devastador contra un gobierno que ha hecho del combate a la desigualdad su principal bandera de lucha. Porque el hijo y la nuera personifican las ventajas que reciben los “poderosos de siempre”, Bachelet debería entender que, cuando se trata de lo que más conviene a la República, defender a los hijos no debiera ser prioridad.

Los datos del “Nueragate” son tan simples como impresentables. La esposa de Sebastián Dávalos, el hijo mayor de la Presidenta Bachelet, es dueña del 50% de una empresa, Caval Limitada, cuyo capital son 6 millones de pesos. El hijo de la Presidenta ejercía como gerente de proyectos de esa empresa. Durante la campaña presidencial de 2013, la empresa encontró una excelente oportunidad para lucrar con un negocio inmobiliario en Machalí. El negocio dependía de que se produjera un cambio en el plan regulador, cuestión que dependía en parte —pero no exclusivamente— de las gestiones que haría el siguiente gobierno. Después de varios intentos frustrados por conseguir financiamiento para adquirir esos terrenos, Caval consiguió una reunión con el Banco de Chile. En esa reunión estuvieron presentes Dávalos, Compagnon y Andrónico Luksic, controlador del holding que es a su vez socio mayoritario del Banco de Chile. De acuerdo a la información disponible, el banco consideró que el negocio era viable y le prestó $6,5 mil millones (US$10 millones) a la empresa. Aunque no se sabe a ciencia cierta, se supone que la empresa puso varios bienes (presumiblemente también la propiedad en cuestión) como garantía.

Aunque el plan regulador no ha sido modificado, Caval ya tiene una promesa de compra por la propiedad por $9,5 mil millones. No parece haber ninguna ilegalidad en la operación. En el mercado se la definiría como “una buena pasada” (pides 6,5 mil millones prestados, compras los terrenos, vendes en 9,5 millones y pagas el crédito y los costos asociados, quedándote con una sustanciosa ganancia).

El problema aquí no está en el negocio —incluso los que hacen campaña contra el lucro con recursos públicos tienen todo el derecho del mundo a lucrar con recursos privados—. Tampoco hay evidencia de que alguien del gobierno haya intentado apurar la tramitación del cambio del plan regulador (que debe pasar también por los gobiernos locales). Incluso si llegara a haber evidencia de uso de información privilegiada, aparentemente no habría ilegalidad.

Pero el escándalo del Nueragate no es porque se haya violado una ley. El problema es ético y de imagen.  A sabiendas de que era evidente que su madre sería la próxima Presidenta, Sebastián Dávalos no se abstuvo de participar en negocios cuyo éxito dependía, al menos en parte, de las gestiones que posteriormente deberían hacer personeros nombrados por su madre. Peor aún, después de haber participado en el negocio, Dávalos insistió en ocupar el cargo, ad honorem, que normalmente ocupan las esposas de los presidentes. Pese a objeciones al interior de la NM, Bachelet nombró a su hijo mayor a un cargo políticamente sensible. Como Dávalos se negó a hacer pública su declaración de intereses, las críticas le llovieron respecto a la opacidad que el gobierno permitía con ese nombramiento.

Como el gobierno ha hecho del combate a la desigualdad su principal bandera de lucha, el Nueragate constituye un misil contra la credibilidad de La Moneda. Durante la campaña para la reforma tributaria, el gobierno criticó a los “poderosos de siempre que defienden sus intereses”. La reunión de Dávalos, su esposa y Andrónico Luksic alimentan las sospechas que el gobierno se siente demasiado cómodo con los poderosos de siempre. Es más, da la impresión que entre esos poderosos hay también familiares de la Presidenta, que tienen más contactos, redes y llegada que cualquier PYME de tamaño comparable.

Como está de vacaciones, la presidenta Bachelet no se ha referido al tema. Es perfectamente comprensible que el primer instinto de una madre sea proteger y defender a su hijo. Cuando esa madre es la Presidenta y las actividades de su hijo amenazan la credibilidad del gobierno y dañan su imagen, lo razonable sería que el propio hijo de un paso al costado. Pero a veces los hijos no entienden las implicaciones políticas de sus actos y se empecinan en seguir complicando a sus mamás. Entonces cobra más fuerza la sugerencia inicial de que un padre o una madre nunca debería tomar decisiones de trabajo que lo fuercen a tener que decidir entre ser buen político o ser padre comprensible.

 

Patricio Navia, Foro Líbero y académico Escuela de Ciencia Política UDP.

 

 

FOTO: PEDRO CERDA/AGENCIAUNO.

Ingresa tu correo para recibir la columna de Patricio Navia