El error de diagnóstico que hizo la Nueva Mayoría al asumir que para mejorar la calidad de vida de los chilenos era necesario implementar cambios radicales en distintos sectores, provocó el impulso de una serie de reformas que, basándose en atractivos eslóganes, no han logrado concretarse en proyectos de ley razonables.
Publicado el 05.07.2016
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A estas alturas resulta evidente el fracaso total y absoluto de este gobierno en términos de mejorar las condiciones de vida de los chilenos y sólo un cambio de rumbo radical, que parece improbable, permitiría que nuestro país vuelva a mostrar los resultados favorables a los que nos habíamos acostumbrado. Tanto nos acostumbramos, que la Nueva Mayoría los tomó por seguros, en lo que constituyó su primer y gran error de diagnóstico. Sobre la base de ese error, la coalición planteó una serie de reformas que configuraron el eje estatista e igualitarista del programa de gobierno.  Éstas se diseñaron basándose en eslóganes tales como: “con el término del FUT los poderosos de siempre pagarán la reforma tributaria”; “el lucro, el copago y la selección son responsables de la mala calidad de la educación”; “la educación es un derecho social, y debe ser gratuita”; “la cancha laboral se empareja empoderando a los sindicatos”; y “una nueva Constitución nos permitirá lograr el país que soñamos”.

Los problemas empezaron a hacerse evidentes desde los inicios, cuando se debían convertir estos eslóganes en proyectos de ley razonables, lo que ha probado ser un imposible. Se partió con una reforma tributaria que, al matar al FUT, eliminaba los necesarios incentivos al ahorro y la inversión, pegando un golpe mortífero a uno de los sustentos claves del crecimiento, lo que evidentemente no sólo castiga al 1% más rico. Los conflictos internos de la coalición llevaron finalmente a modificar el proyecto original, aprobándose un sistema tributario impracticable, que hizo necesaria una segunda reforma tributaria. Esta aún no se termina de entender, pero mantiene un sistema que no promueve el ahorro, que discrimina a los inversionistas nacionales y que además, de acuerdo a uno de sus redactores, recaudaría menos de lo esperado.

Se siguió con una reforma a la educación particular subvencionada, con un alto costo fiscal, pero sin ninguna mejora en la calidad de la educación, y sin enfrentar tampoco el problema más serio, que es la deficiente educación recibida por los sectores más vulnerables en los establecimientos municipales. Para qué hablar de la comedia del absurdo que ha sido la implementación de la gratuidad en la educación superior. Hasta ahora el gran incremento de recursos no está significando un aumento importante de los que ya recibían beneficios antes, se están además comprometiendo los ingresos que eventualmente podrían recibir otros gobiernos si el país vuelve a crecer, y se está dañando seriamente la autonomía universitaria.

En tercer lugar, la reforma laboral está siendo un hito en mostrar la irresponsabilidad de un gobierno que va a aplicar una legislación trunca, con graves vacíos, y con un serio riesgo de judicialización de las relaciones laborales. De paso, además, se afectó gravemente la libertad de trabajo y de desarrollo de actividades económicas a través de una huelga que en muchos casos deja a los empleadores imposibilitados de hacer funcionar su empresa.

En este contexto, es difícil ser optimista con la reforma constitucional, que hasta ahora se ha traducido en un mecanismo inconstitucional para desarrollar el proceso. Para algunos se suma la incertidumbre de no saber lo que se quiere modificar, ya que el gobierno no lo ha dicho hasta ahora. Pero el programa sí lo dice en forma bastante clara; instaurar un Estado Social de Derechos, junto con dejar sujeto a mayorías circunstanciales aspectos cruciales que hoy tienen garantía constitucional. Parece bastante evidente que el objetivo es asegurar el sueño que la izquierda más radical vio truncado hace más de cuatro décadas, lo que augura un nuevo y rotundo fracaso.

Cecilia Cifuentes, investigadora de LyD