Las declaraciones oficiales sobre la materia han ido cambiando en el tiempo.
Publicado el 25.09.2014
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Los ciudadanos necesitan que el Estado cumpla su obligación principal, que es resguardar el orden público. Pero la reacción instintiva del Gobierno y los poderes públicos ante ataques terroristas con bombas es aumentar la burocracia del Estado fortaleciendo la ANI, Agencia Nacional de Inteligencia, y a decir de algún fiscal, mayores recursos para combatir delitos de “alta complejidad”. Apuesto a que próximamente, quizás con ocasión de la Ley de Presupuesto, se incrementarán fuertemente los presupuestos de esta agencia, contratando funcionarios civiles afines políticamente al Gobierno, con lo cual la “inteligencia”, que supuestamente se necesita para combatir el terrorismo, será “inteligencia política” destinada a reunir información sobre los adversarios, en lugar de aumentar los recursos y las facultades a instituciones policiales especializadas que sí pueden combatir a grupos organizados para causar terror en la población. Respecto a la “alta complejidad”, probablemente nos llenaremos de nuevas restricciones al uso de nuestro dinero, convirtiendo a cualquier ciudadano que realiza transacciones financieras en un sospechoso de lavado de dinero o financiamiento de actividades terroristas. Los verdaderos extremistas anti sistema, entretanto, bien gracias.

Porque esa es la lógica de quienes nos gobiernan hoy. Ante cualquier problema, aumentar los impuestos y los funcionarios públicos para que supuestamente protejan a las personas, olvidando que estos funcionarios no son necesariamente personas altruistas que quieren ayudar a la gente, sino muchas veces son individuos que persiguen sus propios objetivos, políticos o de otra índole, y que al final pueden, incluso, transformar su nuevo poder en un instrumento de acoso y extorsión a los ciudadanos.

Con esa misma lógica, el SERNAC, un servicio que está bien evaluado por la población, será objeto de un cambio legal que pretende transformarlo de un defensor de los consumidores en un servicio que además sanciona y multa a las empresas, con lo cual pasa a ser juez y parte. En este proyecto se propone que sus funcionarios, que son del orden de 200, aumenten en cerca de 400, que estarán premunidos de gran poder y discrecionalidad.

La reforma tributaria extraerá cada año del circuito de producción y consumo de empresas y familias la friolera de 8.200 millones de dólares, para entregárselos a funcionarios públicos que los administrarán según las prioridades del gobierno, que como veremos más adelante, cambian con bastante frecuencia. Para recaudar este dinero, el Servicio de Impuestos Internos aumentará su dotación en más de 600 funcionarios.

¿En qué se gastarán los recursos de la reforma tributaria?

La verdad no lo sabemos, pues las declaraciones oficiales sobre la materia han cambiado en el tiempo. El 21 de mayo la Presidenta Bachelet afirmaba que la reforma tributaria financiaría la reforma educacional. En septiembre Alberto Arenas señalaba que la reforma tributaria, además, le entrega financiamiento a las “áreas de protección social”. El 11 de septiembre la Presidenta decía que más de la mitad de los recursos irían a la reforma educacional y luego afirmaba, insólitamente, que con la reforma el país estará en mejor pie para enfrentar el proceso de desaceleración que está viviendo nuestra economía, ignorando al parecer que la desaceleración se explica en buena parte por la reforma tributaria.

Ese mismo día el ministro de Hacienda decía que la reforma permitiría hacerse cargo de gastos permanentes en materia de educación y salud. Hace poco se había dado a conocer una encuesta en que la mayoría de los consultados (56%) señalaba que la prioridad en el gasto con los recursos de la reforma tributaria debía ser salud. La prensa informaba que, luego de conocida esa encuesta, el ministerio de Salud pidió a Hacienda un aumento presupuestario de 21% para el próximo año.

Y ahora esperamos la presentación de la Ley de Presupuesto que, ya se adelanta, aumentaría el gasto en cerca de 8%, cuando la economía crecerá entre 3 y 4% el próximo año. Más poder para el Estado, menos para los ciudadanos, el gran objetivo del gobierno de la Presidenta Bachelet.

 

Luis Larraín, Foro Líbero.

 

FOTO: SEBASTIÁN RODRÍGUEZ/AGENCIAUNO

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