La discusión de fondo tiene que ver, más que con la gratuidad o qué porcentaje se traspasará del presupuesto de la Nación, fruto de los impuestos que todos pagamos, con el destinatario de los fondos -estudiantes versus instituciones-, y las condiciones a las que quedarán sujetas las instituciones a través de los señalados convenios. O sea, qué tanta autonomía van a perder y con cuánta libertad van a contar.
Publicado el 20.02.2016
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Uno de los grandes temas que se discutirán este año va a ser el proyecto de ley de Educación Superior, en el contexto de la política de gratuidad que está impulsando el gobierno y que ha empezado a regir a través de la famosa “glosa presupuestaria”, la cual debió de ser adecuada para cumplir con los estándares constitucionales de no discriminación, de acuerdo a lo determinado por el Tribunal Constitucional.

La gran pregunta que tendrá que ser respondida en la señalada discusión tiene que ver con cuánto Estado queremos para nuestra educación y qué nivel de injerencia tendrá el Estado en los distintos proyectos educativos y la modificación de los mismos. ¿Es una discusión nueva? Para nada. Ya Gabriela  Mistral, en relación a la educación secundaria, lo había planteado en 1928 en una carta a Julio Barcos: “La Escuela Nueva en Nuestra América”. Para ella, el Estado docente era una “calamidad”, “especie de trust para la manufactura unánime de las conciencias”, señalando – proféticamente –  que “algún día los gobiernos no harán sino dar recursos a las instituciones y los particulares que prueben abundantemente su eficacia en la educación de los grupos”. Afirmaba que “la escuela neutra no existe, mi amigo, y lo que así llaman los ladinos es una criatura confesional como cualquiera… el Estado sigue siendo y será siendo y será siempre Napoleón que movilizará las pobres almas de los niños para afianzar el imperio, dando credo social, credo económico y… credo religioso. Imposible -hoy por hoy- eliminarlo como educador de hecho, aunque no lo es de derecho. Disminuyámosle campo, reclamémosle la mitad del dinero de las contribuciones para levantar las escuelas libres”.

Esta misma idea de “educación libre” había sido planteada en la fundación de la Universidad Católica por su primer rector, don Joaquín Larraín Gandarillas, en la asamblea general del 8 de septiembre de 1888, en que se dieron a conocer los fines que se proponía la Universidad. “Una Universidad libre, es, por fin, una corporación que no vive del aliento ni de la inspiración oficial. La nuestra aspira al honor de deberlo todo a su propio y abnegado trabajo y a las simpatías que logran inspirar sus doctrinas, sus profesores y sus métodos. Y espero que no se apasionará sino por un ideal: el de trabajar con desinteresado celo por la difusión de las verdaderas luces y por la sólida educación de la juventud. Estas grandes cosas encuentran estas tres palabras: Universidad Católica libre”.

Esta discusión, planteada a finales del siglo XIX y a comienzos del XX, va a volver a tomar cuerpo este año. Al respecto, no existe mucha claridad, ya que las “famosas” minutas del Ministerio de Educación -las que fueron dejadas sin efecto varias veces-, sujetaban la gratuidad a la firma de “convenios”. ¿Cuáles serán las obligaciones de los señalados convenios? ¿Se exigirá co-gobierno universitario? ¿Qué tantas decisiones académicas empezará a tomar el Estado? ¿Qué nivel de autonomía se les dará a las universidades? En este sentido, la discusión de fondo tiene que ver, más que con la gratuidad o qué porcentaje se traspasará del presupuesto de la Nación, fruto de los impuestos que todos pagamos, con el destinatario de los fondos -estudiantes versus instituciones-, y las condiciones a las que quedarán sujetas las instituciones a través de los señalados convenios. O sea, qué tanta autonomía van a perder y con cuánta libertad van a contar. Una política de transferencia a las instituciones sujetándolas a condiciones académicas arbitrarias o ideológicas rompe evidentemente con un orden universitario fundado en la pluralidad de las distintas instituciones y sus respectivas visiones, poniendo en riesgo la pluralidad, espacio público por excelencia y de lo cual el Estado ha de ser garante. De ahí el riesgo de confundir “lo público” con “lo estatal”.

Respecto a las Universidades Católicas, este tema resulta crucial, ya que tal como lo señalaba don Joaquín Larraín, la aspiración de la Universidad radica en constituirse en una Universidad libre. En Ex Corde Ecclesia (la Constitución Apostólica sobre Universidades Católicas de San Juan Pablo II), se señala como condición para su funcionamiento el goce de “aquella autonomía institucional que es necesaria para cumplir sus funciones eficazmente y garantizar a sus miembros la libertad académica, salvaguardando los derechos de la persona y de la comunidad dentro de las exigencias de la verdad y del bien común”.

Así, y casi en forma cíclica, volveremos a discutir sobre la libertad, y la aspiración por las escuelas y universidades libres.

 

Ricardo Irarrázabal Sánchez, Académico Universidad Católica y vocero de Voces Católicas.

 

 

FOTO: AGENCIAUNO.