Lo que no ha advertido la UDI es que en este caso no es suficiente con apostar por la teoría del empate o justificar sus acciones diciendo que no se cometieron delitos. El caso develó con crudeza la forma de relacionamiento entre el mundo privado y política.
Publicado el 08.01.2015
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La estrategia de la UDI ha sido nefasta. Cuando se produjeron los primeros antecedentes del caso que vincula a los ejecutivos de Penta con candidaturas de ese partido, la directiva optó por negar irregularidades y acusar una campaña en su contra. Ernesto Silva, el 29 de septiembre “daba por cerrado el caso Penta en la UDI” luego de conversar con todos los involucrados y señalar que no contaba con ningún antecedente que los vinculara a ilícitos. El dirigente se reuniría con el fiscal nacional Sabas Chahuán, tras lo cual dijo que “estas informaciones falsas y filtradas en la opinión pública que han aparecido en los últimos días afectan a personas e instituciones” (01.10.2014).

Al darse a conocer los audios grabados por el ex ejecutivo de Penta Hugo Bravo, los dirigentes de la UDI cuestionaron nuevamente la fuente y defendieron a los militantes nombrados. El diputado Felipe Ward sostenía que “tengo mis dudas acerca de la veracidad de la grabación” (9.12.2014). Silva, en tanto, remarcó el “estricto apego a la ley” en la conducción del financiamiento de su propia campaña. El partido volvió a centrar el debate en el origen de las filtraciones y a acusar un “linchamiento político” en su contra (9.12.2014). La senadora Ena von Baer, al ser consultada directamente si le había pedido apoyo a Délano o Lavín del grupo Penta, respondió con un categórico “no” (27.10.2014).

A mediados de diciembre, la UDI pasaba a la ofensiva cuestionando algunas de las facturas de la campaña de Bachelet. Demostrar que aquí todos estaban involucrados fue la decisión de la cúpula de la UDI.

La investigación avanzó, y hoy conocemos nuevos antecedentes, incluyendo e-mails personales de candidatos(as) UDI solicitando recursos a los directivos de Penta y de consultas sobre el avance de proyectos de ley. Ante la evidencia, la estrategia tuvo que variar. El diputado Javier Macaya reconoció que “estamos en presencia de errores, pero no delitos” (6.01.2015), y el propio Silva dijo que “pueden haber errores”, pero enseguida se defendió indicando que resultaba una hipocresía apuntar con el dedo a un grupo político “por temas que pueden ser prácticas generalizadas” (4.01.2014).

Lo que no ha advertido la UDI es que en este caso no es suficiente con apostar por la teoría del empate o justificar sus acciones diciendo que no se cometieron delitos. El caso develó con crudeza la forma de relacionamiento entre el mundo privado y política. En primer lugar, se trata de una relación directa, coloquial, sin muchos intermediarios. Ena von Baer escribiéndole directamente a ejecutivos de una empresa para cubrir la deuda de 100 millones de su campaña. Lo mismo Felipe Kast o Iván Moreira. No es un partido que de forma institucionalizada busca apoyo. El caso refleja la importancia de la red personal de contactos para acceder a recursos financieros de alta magnitud, por lo que no cualquiera puede hacerlo.

En segundo lugar, resulta esperable imaginar que estas grandes contribuciones se realizan a cambio de influencia. Cuando el 10 de enero de 2013 Carlos Lavín le escribe al diputado Silva comentándole una modificación de la Ley de Isapres, lo que desea es conversar con él y “ver si se nos ocurre algo”. La producción de la norma aquí pasa a depender de lo que se les ocurra a un empresario y un representante en torno a un café o una cena.

El caso develó con particular severidad la forma en que se relaciona la élite económica y política. Y tal vez Silva tenga razón al indicar que se trata de prácticas comunes dentro de las élites. Pero donde la UDI ha equivocado su estrategia es en no visualizar las profundas dimensiones éticas y políticas de la situación. No resulta aceptable que un día una senadora niegue haber pedido apoyo a Carlos Délano y luego aparezca un email de su autoría solicitándole recursos para saldar sus gastos de campaña. Es incorrecto que un empresario del sector salud ofrezca a un diputado alternativas para un proyecto que se discute en el Congreso. Resulta sorprendente que un día se dude de la veracidad de esos vínculos y al día siguiente nos encontremos con esta evidencia.

Probablemente la arista política del caso Penta terminará sin culpables o representantes destituidos. Pero el asunto no es si estos actores políticos cometieron delito. Ese no es el asunto. Lo verdaderamente importante acá es la naturaleza de la relación entre el sector privado y los actores políticos, y la UDI se resiste a asumir y reconocer que aquel modo de actuar y hacer las cosas debe cambiar drásticamente.

 

Claudio Fuentes, Director Escuela de Ciencia Política Universidad Diego Portales.

 

 

FOTO:MARIBEL FORNEROD/AGENCIAUNO