Si se acepta el “juego” de la democracia plural y, por ende, una efectiva alternancia en el poder, no puede plantearse una guerra discursiva. Suponer que unos grupos detentan un monopolio moral, o la verdad histórica, o una superioridad racial, etc., mientras otros carecen siquiera del derecho a competir por el poder, torna imposible el leal reconocimiento del adversario y cierra el paso a toda colaboración futura.
Publicado el 25.10.2017
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Si uno se atiene a la retórica de los candidatos, sus partidos y coaliciones, el panorama electoral es aparentemente bélico. Sugiere una lucha de clase contra clase, élites contra pueblo, izquierda frente a derecha, estatistas versus mercantilistas, no+AFP frente a AFP corregida, liberales frente a conservadores, jóvenes frente a viejos, metrópolis contra regiones, agnósticos versus religiosos, pro o contra una asamblea constituyente, educación estatal contra privada, mano dura contra mano abierta. Y así por adelante hasta que las bifurcaciones desembocan en todos contra todos.

La sociedad aparece enfrentada por mil clivajes, en guerra consigo misma, dividida por ideales, ideas e intereses. El lenguaje empleado semeja un Campo de Marte. Se trata al oponente como si fuese un enemigo. Los golpes bajo la línea de flotación son frecuentes. Se exhibe desprecio por las posturas adversarias. Y se evita cualquier punto de contacto, cualquiera coincidencia.

Sin embargo, los candidatos y sus estrategas comunicacionales saben que estas construcciones discursivas son un “juego” de lenguaje como tantos otros. Suponen que para movilizar a una masa de electores descreída y distante necesitan aguijonearla y comprometerla en una batalla sin cuartel. Los llaman a reconocer filas. A ponerse en guardia frente a los males que la amenazan si vence el enemigo. Y a agruparse defensivamente, más fácil que unirse tras una causa positiva.

De hecho, las actuales campañas se caracterizan más por las denuncias, enjuiciamientos, condenas o descalificaciones que por las orientaciones, ideales y propuestas que transmiten.

Sin duda, la intensidad bélica de los discursos es variable, igual como la agresividad con que se pronuncian. Pero todos comparten la misma lógica de amigo/enemigo.

 

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Al mismo tiempo que se libra esta batalla simbólica, una amplia mayoría de votantes se siente ajena a los conflictos de la clase política. Más bien, forma parte de la corriente principal de la sociedad que aspira a una convivencia relativamente ordenada, a la seguridad de sus bienes y personas, a un trabajo e ingreso decentes, a servicios públicos efectivos, a un progresivo mejoramiento de sus condiciones materiales y a vivir en un país que progrese, ofrezca gobernabilidad y justicia.

Este electorado de corriente principal converge hacia estas aspiraciones desde distintas vertientes de izquierda y derecha, sin abandonarlas, pero sin identificarse tampoco con la guerra discursiva que libran las diferentes facciones de la élite política. No se ve interpretado, ni representado, por aquellos discursos confrontacionales. Ni se halla tan enconadamente dividido como pretenden los relatos de campaña.

Más bien, el drama democrático consiste —¡no sólo en Chile!— en la separación creada entre unas élites alienadas en sus “juegos de guerra” y el pueblo de ciudadanos, electores, consumidores, que aspira a una vida relativamente buena, segura, pacífica, satisfactoria y justa. Por lo demás, allí reside el germen de todos los populismos que explotan esa separación para suprimir el pluralismo competitivo propio de las democracias liberales.

 

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Entre tanto, ¿qué cabe esperar de la clase política en estos tiempos de grandes retos y confusiones?

Como descubrió tempranamente la sociología de las élites, en democracia éstas deben competir —y circular o alternarse en las posiciones del poder político— con el fin de asegurar la conducción del Estado. Para esto deben articular y expresar a esa corriente principal de plurales intereses, ideas, ideales e ilusiones, de manera de conformar, mediante elecciones, gobiernos legítimos y eficientes capaces de resolver, o al menos de gestionar, los problemas, las tensiones y las contradicciones que continuamente genera el capitalismo.

Con este propósito, es esencial que los grupos dirigentes y sus partidos compitan sin destruirse entre sí, pues en las sociedades capitalistas democráticas su colaboración —más allá de la competencia electoral y la alternancia en el poder— es parte esencial de la gobernabilidad y la legitimidad del orden democrático.

Por el contrario, declarar, por ejemplo, que la derecha —aún si sus dirigentes fuesen todos “cómplices pasivos”— carece de legitimidad moral para gobernar resulta absolutamente incompatible con aquel necesario balance entre colaboración y disputa que debe guiar el comportamiento democrático de la élite. Algo similar vale para quienes proclaman que los comunistas —por su identificación con la revolución bolchevique de hace un siglo o su defensa de Cuba o del chavismo— carecen de legitimidad moral para participar en el gobierno. Ambos enunciados son propios del discurso bélico, e incompatibles con el juego democrático.

En efecto, si se acepta el “juego” de la democracia plural y, por ende, una efectiva alternancia en el poder, no puede plantearse una guerra discursiva. Suponer que unos grupos detentan un monopolio moral, o la verdad histórica, o una superioridad racial, etc., mientras otros carecen siquiera del derecho a competir por el poder, torna imposible el leal reconocimiento del adversario y cierra el paso a toda colaboración futura.

A las puertas de la elección presidencial y parlamentaria, la corriente principal de la sociedad —sea que no vote o que vote izquierda, centro o derecha, o cualquier matiz intermedio— merece una clase política dispuesta a competir civilizadamente, a tender puentes, buscar acuerdos y a colaborar lealmente para asegurar la gobernabilidad.

 

José Joaquín Brunner, #ForoLíbero

 

 

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