Cuando las instituciones desarrollan roles distintos a los que les pertenece de acuerdo a su naturaleza, en ocasiones (y con frecuencia) debilitan su misión principal.
Publicado el 24.10.2014
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El caso Penta ha hecho renacer viejas discusiones jurídicas acerca de las facultades de las comisiones investigadoras constituidas en la Cámara de Diputados. Como sólo pueden (en teoría) fiscalizar “actos de Gobierno”, los límites de sus atribuciones son puestos en duda desde una perspectiva constitucional. No obstante, son tantos los precedentes que muestran la forma en que las comisiones interpretan sus propias atribuciones de manera amplia (maximizando sus competencias de acuerdo a los intereses de los parlamentarios), que la discusión jurídica es parcialmente inútil. Ella podrá ser interesante para profesores de Derecho Constitucional, pero bastante poco atractiva para analistas que observan procesos políticos.

Ello debiera hacernos reflexionar acerca del rol que queremos que dichas comisiones tengan en nuestro sistema desde una perspectiva más amplia que la puramente jurídica. Lo primero que hay que tener en cuenta es que las comisiones están dentro de un sistema con más actores involucrados (Ministerio Público, jueces, Contraloría, etc.) en un contexto de una democracia controlada por un Presidente con enormes e inusuales poderes legislativos que debilitan al Congreso y, por consiguiente, a la oposición que allí se ve representada.

En teoría, el control sobre el poder debiera ser algo bienvenido en cualquier democracia constitucional, debido a que una adecuada estructura debiera producir una mejor protección de nuestras libertades y posibilitar la maximización de algunos principios que como sociedad aceptamos de forma amplia. No obstante, un exceso de controles puede entorpecer la buena desenvoltura de los canales institucionales, razón por la cual es conveniente referirse al equilibrio que debe existir entre eficacia y control. Un sistema político con muchos controles es, al mismo tiempo, un sistema ineficiente. Por el contrario, un sistema muy eficiente es, al mismo tiempo, un sistema con más apertura por comportamientos repudiables (incluso autoritarios) en una democracia. Encontrar el equilibrio es, entonces, el desafío más importante.

Por ello, la discusión acerca de la forma en la que deben operar las diferentes instituciones no puede eludirse. En el caso Penta, las filtraciones de la fiscalía y los cuestionamientos a la real autonomía del Servicio de Impuestos Internos, sumados a la cohabitación de más de una comisión investigadora, pueden generar más problemas que soluciones desde la perspectiva de los límites al poder. ¿Se mejora realmente la deliberación pública en este escenario? ¿Es esta la mejor manera de resolver la tensión existente entre derechos fundamentales y principios políticos?

Aunque es difícil responder estas preguntas a esta altura, debe considerarse que todas las instituciones mencionadas cumplen roles diferentes y tienen capacidades institucionales distintas. Algunas tienen una estructura que garantiza su independencia a costa de reducir su carácter democrático (los jueces, por ejemplo) y otras se diseñan para incrementar su representatividad y reducir su independencia respecto de la ciudadanía (el Congreso).

La pregunta es, entonces, acerca del rol de las comisiones investigadoras. Ellas no son independientes -están compuestas por representantes electos- ni tienen capacidad sancionadora formal, por lo que están lejos de asegurar imparcialidad y justicia procedimental y sustantiva. Su utilidad, entonces, es distinta que la de los tribunales. Su función aspira a fortalecer a la Cámara de Diputados en su rol de control frente al Gobierno. El principal rol del Congreso -el legislativo- está disminuido frente a los poderes de la Presidenta de la República, por lo que el control político es una herramienta que protege la función de la oposición representada en la Cámara. De esta manera, las mayorías gobiernan y las minorías controlan. Al asegurar que las minorías puedan controlar -por ejemplo, protegiendo su libertad de expresión o dirigiendo investigaciones-, al mismo tiempo se protege la posibilidad de que exista alternancia en el poder en el futuro, un principio fundamental para toda democracia constitucional (el mismo que nos hace escépticos acerca de la re-elección indefinida de presidentes en América Latina).

La manera en la que nuestra Constitución diseña las comisiones investigadoras es coherente con lo anterior. Se exige un quórum bajo que la oposición, por sí sola, es capaz de lograr fácilmente y se les da la misión de controlar los “actos de Gobierno”. Por lo mismo, las comisiones debieran ser más atractivas para la oposición que para el oficialismo, aunque en la realidad práctica esta regla se haya distorsionado. Lo anterior no es sólo una explicación meramente jurídica, sino una justificación normativa relacionada con la salud de nuestro sistema político.

Cuando las instituciones desarrollan roles distintos a los que les pertenece de acuerdo a su naturaleza, en ocasiones -y con frecuencia- debilitan su misión principal. ¿Está ocurriendo esto con las comisiones investigadoras? ¿Está debilitando a la Cámara de Diputados el hecho de que una de sus atribuciones se ejerza de manera diversa a la que institucionalmente le corresponde?

Como este problema responde a un comportamiento parlamentario reiterado en el tiempo, es hora de que los constitucionalistas se pregunten acerca de la manera en la que debiera darse eficacia a este tipo de reglas constitucionales. Tal vez una revisión de las normas sobre las comisiones tiene sentido si se quiere fortalecer su verdadera misión. De lo contrario, sólo se logrará debilitar aún más a la oposición y, por consiguiente, seguir fortaleciendo nuestro ya desequilibrado híper-presidencialismo.

 

Sergio Verdugo, Académico Universidad del Desarrollo, cursando Doctorado en Universidad de Nueva York. 

 

 

FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI / AGENCIAUNO