El presupuesto no es el camino para impulsar cambios estructurales que no generan consenso. La tramitación del presupuesto es una excepción a la forma en que las leyes se discuten en Chile y no asegura el debate democrático que reformas estructurales exigen.
Publicado el 10.10.2016
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Al analizar el proyecto de ley de presupuestos para el próximo año en educación superior se me viene inevitablemente a la mente una gran película de los años 90 conocida como “El día de la marmota”. La trama transcurre en un pequeño pueblo que gira en torno a los designios que todos los años hace su mascota (una marmota) respecto de cuánto durará el invierno; en ese escenario un reportero que debe cubrir la noticia queda atrapado por una tormenta de nieve y al despertar se da cuenta que vuelve a vivir el mismo día sucesivamente, de modo que todos los días son exactamente iguales.

¿Qué tiene que ver esto con la discusión presupuestaria? Precisamente que, al igual que el año pasado, ésta se centra en políticas cuya implementación requiere un debate profundo y que, por ende, exceden con creces las características específicas del debate en torno a la ley de presupuestos. Así, la gratuidad en la educación superior vuelve a imponerse mediante una glosa reiterándose exactamente el mismo debate respecto de los efectos que esa política tiene para el sistema educacional, sus instituciones y los jóvenes que acceden a estas.

Una vez más se presenta un diseño basado en la fijación de precios y que tiene como consecuencia fuertes déficits financieros para las instituciones y, por esa vía, impone restricciones a su autonomía y posibilidades de desarrollo. La diferencia con el año pasado es que mientras en 2015 se hacían proyecciones respecto de la situación deficitaria en la que quedarían algunas universidades; en 2016 esa realidad está confirmada, lo que hace más grave la insistencia en ello.

Se insiste también en hacer diferencias donde el Estado no puede hacerlas, distinguiendo entre estudiantes que acceden a institutos profesionales y centros de formación técnica sin fines de lucro y con fines de lucro, sin importar la calidad de la formación que entregan. Ya el año pasado el Tribunal Constitucional advirtió respecto de lo inadecuado de hacer políticas basadas en diferencias sobre criterios que nada tienen que ver con la calidad (como el lucro) e hizo ver la discriminación arbitraria que esas distinciones implican.

Si la política de gratuidad es la misma que el año pasado, no hay razón para pensar que las críticas a la utilización de la ley de presupuestos para llevarla adelante no se repitan. En ese sentido, en torno a lo inapropiado de utilizar ese vehículo para implementar una materia tan compleja como la gratuidad debiésemos volver a escuchar importantes personeros de la Nueva Mayoría, como el senador Ignacio Walker, señalar que “La glosa es el lunar negro de la ley de presupuesto”, o bien que “es una anomalía histórica pretender resolver en una partida, en una glosa, una materia tan de fondo como es el futuro del financiamiento, la acreditación, el sistema de educación superior. Eso debe ser objeto de una ley, no de una partida o una glosa“.

La utilización del presupuesto para modificar el sistema educacional se reitera con la eliminación  por esta vía del Aporte Fiscal Indirecto. Se trata del único aporte del Estado para el desarrollo de las instituciones de educación superior al cual todas pueden acceder en consideración a sus resultados y no a su capacidad de lobby o antigüedad. La ley permite que el monto a distribuir se determine cada año en el presupuesto, pero obliga al Estado a otorgar el aporte y fijar una cantidad; no obstante, el gobierno optó por eliminar la asignación en el presupuesto evitando el debate serio y profundo que una materia como esa exige.

El presupuesto no es el camino para impulsar cambios estructurales que no generan consenso. La tramitación del presupuesto es una excepción a la forma en que las leyes se discuten en Chile y no asegura el debate democrático que reformas estructurales exigen. Es de esperar que la insistencia en imponer cambios por la vía equivocada no se transforme en costumbre y que los chilenos sepamos reaccionar a tiempo, exigiendo que el debate democrático se lleve a cabo como corresponde.

 

Raúl Figueroa Salas, Director Ejecutivo Acción Educar.