La bomba en la entrada del Metro ha abierto los ojos frente al peligro del terrorismo. Enfrentar esta amenaza no es tarea fácil para ninguna democracia. Menos lo es para un país como el nuestro, que vivió un largo periodo en que se calificó de terrorista a muchos opositores y en que el Estado abusó de su poder. Hoy, en democracia, la respuesta debe ser diferente.
No se puede defender el derecho pisoteando los derechos de alguien, aunque sea culpable. Algunas democracias recurren al llamado «derecho del enemigo» para adoptar medidas de emergencia que colocan a la autoridad prácticamente al borde del precipicio de la arbitrariedad.
Durante el exilio que viví en Italia, ese país experimentó el periodo calificado como los años de plomo, caracterizado por la actividad terrorista de los extremistas de izquierda y de derecha. ¿Qué lecciones se pueden sacar de esa experiencia?
En primer lugar, la respuesta al terrorismo debe ser política. Hay que aislar a los grupos violentos. No puede haber ni contactos, ni simpatía, ni siquiera comprensión hacia ellos. La unidad de las fuerzas democráticas es fundamental. Hay que cortar los canales de comunicación que puedan tener con movimientos sociales.
En segundo lugar, la sociedad debe conservar la calma y las instituciones deben funcionar normalmente. Además se debe identificar la naturaleza y la entidad de los que colocan las bombas. ¿Quiénes son? ¿Qué los mueve? ¿Cuáles son sus propósitos? ¿Qué apoyos tienen en el país y en el extranjero? ¿Cómo se financian? ¿Tienen conexión con la delincuencia común? ¿Existe algún vínculo con el crimen organizado que ha protagonizado asaltos espectaculares como el del aeropuerto? Muchas preguntas que esperan respuesta.
¿Se puede hacer algo más? Obviamente que sí. La mirada se vuelve hacia los servicios de inteligencia. No sólo la ANI, también la inteligencia policial de Investigaciones y Carabineros.
Dos instituciones que dieron buen resultado en Italia se podrían proyectar en Chile; ya existen en la ley contra el narcotráfico. Me refiero a los agentes encubiertos, que deberían poder funcionar sobre todo en las policías más que en la ANI. Las policías ya tienen experiencia acumulada en el combate al narcotráfico.
Además hay que echar mano a la delación compensada. Si un terrorista confiesa, colabora con la Fiscalía y delata a sus cómplices, debiera quedar exento de responsabilidad penal, y el Estado ser capaz de proteger su seguridad. El objetivo fundamental es desbaratar la banda armada. Si el precio a pagar es que alguno de sus integrantes quede libre, es preciso hacerlo. Puede ser duro e impopular, pero en otros países este instrumento ha sido eficaz en la lucha contra el crimen organizado.
Si es necesario introducir cambios legales, debe hacerse pronto. Lo importante es que la sociedad respalde el actuar de los fiscales, la policía y los jueces. En sus manos está la seguridad del país, y, por cierto, en manos del Gobierno.
José Antonio Viera-Gallo, Foro Líbero.
FOTO:RODRIGO SAENZ/AGENCIAUNO